El gobierno de Milei denuncia a organizaciones sociales por "extorsión" y "fraude"

El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, ha denunciado a organizaciones sociales por la supuesta comisión de los delitos de "extorsión” y "defraudación" al Estado en la gestión de planes de asistencia estatal, informa EFE.

Además, demanda a catorce agrupaciones que paguen cerca de 75.000 dólares por los costes del operativo de seguridad del pasado 20 de diciembre, día de la primera movilización social organizada contra el nuevo Ejecutivo, confirmaron fuentes oficiales.

“Hemos realizado la denuncia en los tribunales federales por los delitos de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales”, anunció este viernes el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Según Adorni, las autoridades han identificado y denunciado a 32 personas pertenecientes a varias organizaciones sociales convocantes de la marcha contra el plan de choque económico del Gobierno. La causa ya está siendo tramitada en el juzgado federal N.º 7 en lo Criminal y Correccional y está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal federal Gerardo Pollicita.

El caso surgió después de que el Gobierno habilitara días atrás una línea telefónica para tramitar denuncias de amenazas de dirigentes sociales contra beneficiarios de planes de asistencia, quienes supuestamente fueron obligados a participar en la protesta bajo la amenaza de no cobrar las ayudas si no lo hacían. La línea recibió 15.900 llamadas, de las cuales 1.100 "encuadraban con esa tipología" de delito, según las autoridades.

Además, serán cargados a las organizaciones sociales los costes del operativo de seguridad desplegado para controlar la protesta del miércoles, durante la cual unas 3.000 personas se manifestaron por el centro de la capital argentina para mostrar su rechazo a las políticas de ajuste y recorte del gasto público del gobierno del presidente Milei.

Según un informe del Ministerio de Seguridad, se emplazará a catorce organizaciones sociales a pagar 60.000.000 de pesos (unos 74.557 dólares) por el dispositivo desplegado. La cantidad corresponde al consumo de combustible y el “promedio de horas/hombre” empleadas en el operativo, en el que intervinieron efectivos de la Policía federal y Gendarmería.

“Esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales. Vamos a intimarlas para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía”, anunció Adorni.

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Preguntado sobre la eventual convocatoria de un paro general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT, sindicato peronista), el portavoz de la Presidencia puntualizó que, para el Gobierno, no es un “hecho cierto” que pueda existir un paro general de los principales sindicatos del país. El Ejecutivo mantiene abiertos “los canales de diálogo de manera permanente”, precisó.

Tras conocerse el miércoles por la noche el decreto de urgente necesidad (DNU) con el que el presidente Milei pretende sentar las bases de la reconstrucción económica mediante la desregulación económica y la reversión del déficit fiscal, arrecian las voces de rechazo. Las centrales obreras consideran que las medidas del Ejecutivo recortan derechos sociales y laborales.

La CGT, que hasta ahora se ha mantenido al margen de las movilizaciones, ha convocado una marcha para el miércoles 27 de diciembre en la que exigirá la derogación del decreto, que ha sido publicado en el boletín oficial, pero sin fecha de entrada en vigor.