Las residencias de mayores en Europa: máquinas de hacer dinero para empresas e inversores

Mickaelle Rigodon, Aljoscha Krause y Sonia Jalda han trabajado en residencias de mayores de las tres mayores empresas multinacionales en Europa. Rigodon en el centro de Orpea en la región de Auvernia (Francia), Krause en el geriátrico de Korian en Luneburgo (Alemania) y Jalda en una residencia de Domus Vi en Vigo. Uno a uno, sus historias coinciden.

"Tengo la sensación de no tratar a las personas con dignidad, de hacer un trabajo a destajo", dice Aljoscha Krause, gerocultor en la residencia Haus an der Ilmenau de Luneburgo, una localidad alemana en el estado de Baja Sajonia. Y eso ocurre a menudo. Desde hace cinco años, el centro donde trabaja Krause pertenece a Korian. La compañía ahorra todo lo que puede en mano de obra, asegura: "Siempre hay un enorme agujero en la plantilla, de forma que tenemos que doblar turnos. Es muy estresante psicológica y físicamente". Eso hace que algunas personas enfermen, "lo que se convierte en un círculo vicioso, porque entonces faltan aún más compañeros”. Las consecuencias las pagan los residentes, que están peor atendidos. Y todo ello por razones muy mundanas: "Korian intenta reducir los costes de personal para aumentar la rentabilidad".

La auxiliar de enfermería Michaelle Rigodon vivió la misma experiencia en la residencia Anatole France de Auvernia (Francia). Allí la gestión corre a cargo de Orpea, líder del sector residencial europeo con más de mil centros. "Los residentes son tratados como piezas en una fábrica. Muchos colegas renuncian porque no lo soportan", lamenta Rigodon. También ella tuvo que renunciar por enfermedad y ahora asesora a los compañeros como sindicalista.

Igual de duras son las circunstancias en la residencia de Vigo donde Sonia Jalda cuidó de los mayores durante 18 años. El centro lleva tiempo en manos de Domusvi, la principal empresa del sector en España y tercera más grande de Europa. "Nada más llegar, lo primero que intentaron fue bajar los salarios", recuerda Jalda. En los turnos de noche, "ahora se ahorran 40 céntimos por hora trabajada", dice. Eso supone 60.000 euros al año en su centro y casi dos millones en las 30 residencias que DomusVi gestiona en Galicia. Domusvi, denuncia Jalda, ahorra en la atención adecuada de las personas a su cargo. "Se trata de un negocio", concluye la gerocultora.

Los grandes problemas

Este trabajo periodístico, realizada por el equipo de Investigate Europe (IE), trata de dibujar una imagen de una situación común y poco conocida de la atención a los mayores por parte de un pequeño conjunto de empresas multinacionales. Lo que encontramos, de Portugal a Suecia, de Italia a Noruega, fue una realidad similar:

Tradicionalmente, el cuidado de los mayores era una tarea caritativa de las iglesias y los municipios. Una situación que cambió en la década de los noventa del siglo pasado, cuando la necesidad de plazas creció fuertemente en una sociedad envejecida y la mayoría de los gobiernos siguieron la creencia de que las empresas privadas podían realizar las tareas públicas de forma más eficiente que el Estado o las organizaciones sin ánimo de lucro.

Esto comenzó en el Reino Unido y Francia, y más tarde fue seguido por la mayoría de los países de Europa Occidental. En Alemania, el gobierno del canciller Kohl dio el pistoletazo de salida en 1995 con la introducción del seguro de dependencia. En esa misma época se introdujeron en España los conciertos y las primeras adjudicaciones para gestionar de forma privada residencias de titularidad pública.

Con unos tipos de interés persistentemente bajos y unas tasas de crecimiento escasas, el sector de los cuidados ofrece a los inversores privados una combinación única: el mercado crece sin descanso y el cliente más importante es el Estado, que siempre paga, incluso en tiempos de crisis.

la PANDEMIA

La pandemia reveló una parte del problema, que suele estar oculta. En Europa, el 41% de las muertes relacionadas con la enfermedad se produjeron en residencias de ancianos. En España, Bélgica, Francia, los Países Bajos, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido, el 5% de los residentes fallecieron, según el último informe del International Long-Term Care Policy Network. Es decir, uno de cada veinte mayores que vivían en geriátricos.

En España, Italia, Bélgica y el Reino Unido, Amnistía Internacional ha publicado informes sobre el "abandono" sufrido por los residentes. En estos informes, la lista de acusaciones es larga y grave: violación de los derechos humanos y del derecho a la salud, abandono de los ancianos hasta la muerte, problemas estructurales, falta de financiación y de personal.

En 2019, antes de que llegara la pandemia, un estudio de la OCDE ya había planteado su preocupación por estos mismos problemas estructurales en la atención a los mayores y concluía que había "niveles inadecuados de personal, mala calidad del trabajo y falta de cualificación, lo que pone en duda la calidad de la atención y la seguridad".

Aparentemente inmune a estas críticas, el complejo negocio internacional de las residencias gestionadas por multinacionales que se apoyan en una compleja ingeniería financiera crece a pasos agigantados. Estas grandes compañías están comprando pequeños grupos nacionales e imponiendo una forma de gestión que, según las decenas de testimonios recabados –de residentes, familiares, trabajadores y académicos–, pone aún en mayor riesgo la calidad de la atención prestada a los mayores.

Los Fondos

De acuerdo con los datos analizados por Investigate Europe, a principios de año estaban operativas al menos 30 empresas en manos de fondos de capital privado (private equity en inglés), que gestionaban 2.834 centros con cerca de 200.000 plazas. De ellas, 31.240 estaban en España: 18.428 explotadas por Domusvi, 7.180 por Vitalia Home y 5.632 por Colisée.

Si nos fijamos únicamente en los doce fondos que controlan empresas con un mínimo de 5.000 plazas gestionadas, el resultado es que operan en nueve países de la UE –entre ellos Alemania, Francia, Italia y España, las cuatro principales economías– y en el Reino Unido. Disponen en total de 2.350 centros y 162.796 plazas (ver los datos desglosados en la tabla adjunta).

En el conjunto del sector europeo, según la base de datos Pflegemarkt.com y la investigación del IE, los 28 principales operadores privados de residencias gestionaban 5.388 geriátricos con plazas para 455.559 residentes. Son 75.000 camas más que hace cuatro años.

Orpea es el mayor operador de Europa, con más de 110.000 plazas. Entre 2015 y 2020, ha aumentado su capacidad en un 65%. La empresa cotiza en bolsa y su mayor accionista es el Fondo Público de Pensiones de Canadá (CPPIB, con un 14,5%). El precio de la acción se ha duplicado con creces desde 2015, mientras que el valor de mercado se ha triplicado. Pero las cifras muestran algo más: la deuda financiera neta de la empresa es de casi el 200% del capital. El pago a los accionistas (mediante el reparto de dividendos) y a los acreedores (mediante el pago de los intereses de los préstamos) le costó a Orpea 244 millones de euros en 2019.

Los Estados de la UE, Gran Bretaña, Noruega y Suiza contribuyen con más de 220.000 millones de euros al año a los costes de la asistencia, según datos de la OCDE. Los beneficiarios aportan otros 60.000 millones de euros de su propio bolsillo. Y es una cantidad que aumenta cada año. "El rápido envejecimiento de la población en toda Europa será el mayor motor de crecimiento del mercado de las residencias de mayores a largo plazo", afirma la consultora Knight Frank, que elogia el continuo auge.

Según estimaciones de la Comisión Europea, el coste de los cuidados de larga duración en Europa se duplicará con creces, pasando del actual 1,7% del PIB al 3,9% en 2070. Se trata de un negocio a prueba de crisis, explica Matthias Gruß, experto en el sector asistencial del sindicato alemán Verdi. "Si las compañías aseguradoras quebrasen, paga el contribuyente si es necesario. Pero nunca habrá un impago".

No es de extrañar que las empresas crezcan sin parar en el mercado europeo. En España, casi el 89% de las residencias están gestionadas por empresas privadas. En Gran Bretaña la cifra es del 76% y en Alemania, del 43%.

falta endémica de personal

La exigencia de cuantiosos beneficios de las multinacionales agrava la miseria. No es posible cuantificar con precisión qué parte de los ingresos se convierten en beneficios, porque existe una importante falta de transparencia. Pero un estudio del think tank independiente CHPI en Gran Bretaña nos da una pista: los operadores de residencias privadas obtienen unos beneficios de más de mil millones de euros al año, lo que equivale a cerca del diez por ciento del volumen de negocio. Dinero que falta para aumentar el personal y, por tanto, mejorar los cuidados.

Los cuidadores de las grandes cadenas lo sienten cada día. Según la experiencia del experto en el sector Heinz Rothgang, las residencias bien gestionadas gastan alrededor del 70% de sus ingresos en personal. En cambio, las empresas líderes del mercado, como Orpea y Korian, sólo destinan entre el 50% y el 55% a esa partida, de acuerdo con sus últimas cuentas anuales.

Esto sólo es posible "si se paga por debajo de convenio y se mantiene la ratio de trabajadores cualificados al nivel más bajo legalmente prescrito", sospecha Harry Fuchs, profesor de Ciencias de la Administración y experto en la financiación del sector de los cuidados.

Rémi Boyer, responsable de recursos humanos del grupo Korian en París, lo niega. "Eso es cosa del pasado", asegura. "Los gastos de personal están aumentando hasta el 58% ahora y siguen creciendo", declaró Boyer a Investigate Europe. Una afirmación que choca con las experiencias de Aljoscha Krause, gerocultor en el centro de Korian en Luneburgo, y de compañeros suyos en centros de la misma compañía en Francia y los Países Bajos, según confirma un miembro del comité de empresa europeo.

"En una red grande, pueden producirse deficiencias de calidad”, admite Boyer, que en todo caso destaca que todas las reclamaciones se tramitan de forma "rápida y eficaz". Korian cuenta actualmente con 0,68 empleados a tiempo completo por residente, sostiene, lo que sería una ratio bastante alta.

Erik Hamann, director de Orpea en Alemania, también considera poco importante el reducido porcentaje de los costes de personal en los gastos totales. "Simplemente facturamos más que otros", indica. Su empresa ofrece habitaciones de confort y otros servicios adicionales, "por los que nuestros residentes pagan más".

"Tenemos un estado de emergencia permanente", se queja en cambio una enfermera de una residencia de Orpea en Minden, una localidad alemana en el estado de Renania del Norte-Westfalia. "La gente está tan sobrecargada de trabajo que a veces se olvidan de dar a los mayores sus medicamentos por la noche”, añade. Los trabajadores sufren la escasez endémica de personal. “Nuestra tasa de enfermedad es alta. Se desgastan y en algún momento no pueden más. Debería estar prohibido que este tipo de empresas puedan gestionar servicios sociales", destaca.

Preguntado por esta acusación, Hamann asegura que la investigará en cuanto le den el nombre del centro, al igual que hace con "todas las quejas” que llegan a su mesa. Cada mes suelen ser unas cinco, de una plantilla con 10.300 empleados. Las pautas establecidas se cumplen, afirma, aunque siempre puede haber “algún caso individual donde el centro no puede arreglárselas sin personal temporal, que a veces no es fiable”.

Los problemas no sólo existen en Alemania. Tras las quejas de los empleados, las autoridades también descubrieron una falta grave en una residencia de Orpea en Kirchberg (Austria). Según el informe, el centro no cumplía la proporción mínima de personal requerida. Solo en agosto de 2020, faltaron 620 horas de trabajo de enfermeras y gerocultoras para cumplir con el mínimo legal establecido. El perito habla de un "grave riesgo para la vida de los residentes".

En el caso de un anciano de 93 años cuya necesidad de cuidados se había calculado mal durante años, los expertos hablan incluso de "desastre deshumanizado". La empresa operadora, Senecura, admitió que se había producido una falta de personal "temporal", pero que desde marzo se volvieron a cumplir los requisitos legales.

Las gerocultoras de la filial suiza de Orpea, Senevita, tienen experiencias similares. "Las condiciones de trabajo son bastante malas en comparación con otras residencias y se trabaja con escaso personal", afirma Samuel Burri, colíder del sector de cuidados en el sindicato Unia.

Una gerocultora que ha trabajado en una residencia de Senevita en Zúrich habla de un enorme estrés: "Bajo la presión del tiempo, especialmente los residentes con demencia son los más perjudicados, porque además ellos olvidan todo lo que ocurre”, indica. Los responsables, denuncia, sólo piensan en los números, "se trata de ganar dinero". Senevita, por su parte, asegura que la empresa es "consciente de que el cuidado de los pacientes con demencia es una tarea especialmente exigente. Por ello, los empleados reciben formación continua". Además, destaca que las encuestas internas "suelen ofrecer un panorama positivo en cuanto a la satisfacción de los empleados". Senevita no proporciona información sobre estas encuestas.

Acoso a los sindicalistas en orpea

Los representantes de los trabajadores tampoco lo tienen fácil. En Francia, el sindicato CGT descubrió en 2014 hasta dónde puede llegar la empresa. Entonces se supo que Orpea había contratado a tres personas para investigar a los sindicalistas. Gracias al espionaje, la dirección estaba informada de las protestas previstas con mucha antelación, como muestran los informes semanales de los agentes. La causa de la CGT contra Orpea no se saldó con ninguna condena porque los hechos se remontan a 2010, pero la CGT no presentó la denuncia hasta 2015 y, aunque se puso en marcha una investigación del fiscal, los jueces consideraron que los presuntos delitos habían prescrito.

A día de hoy, los sindicalistas de Orpea siguen jugando en un terreno complicado. "Si eres representante de los trabajadores en Orpea, convierten tu entorno social en un desierto", denuncia el activista de la CGT Philippe Gallais, que trabajó en un centro de Orpea durante 20 años, hasta que lo dejó en 2020. "Primero me quitaron mis funciones como cuidador y me inhabilitaron profesionalmente, luego dijeron a los compañeros que se alejaran de mí, y llegó un momento en que me aislaron por completo". Una exgerente de otro geriátrico de Orpea, en declaraciones a Investigate Europe, confirmó que se le ordenó específicamente que utilizara esas tácticas de acoso laboral contra el personal no deseado. La empresa niega esta acusación y asegura que todos los directivos están obligados a tratar a todo el personal por igual.

En Polonia, Orpea intentó deshacerse de la presidenta del comité de una residencia en la pequeña ciudad de Konstancin, cerca de Varsovia, en 2019. Acusaron a la gerocultora de intimidar a sus compañeras de trabajo. Al parecer, Orpea no pudo aportar pruebas suficientes. En la primavera de este año, un tribunal de Varsovia anuló el despido. La empresa tuvo que readmitir a la trabajadora. Pero el efecto disuasorio se mantiene.

Orpea actúa de forma similar en Alemania. En la actualidad, tiene en marcha procedimientos contra los presidentes de dos comités de empresa regionales en Bremen y Baja Sajonia para ejecutar su "despido procedente". Se les acusa de haber cometido falsificación de documentos y fraude en el tiempo de trabajo. Sin embargo, las acusaciones son "completamente insustanciales" y "un intento de criminalizar a los comités de empresa", sostiene su abogado, Michael Nacken. 

En la ciudad de Leer, en Baja Sajonia, la empresa trató de impedir la creación de un comité. Cuando un sindicalista intentó asesorar a los empleados del centro, la dirección le prohibió la entrada. Hamann explicó la prohibición diciendo que el sindicalista "había acudido sin registrarse previamente y había colocado carteles", lo que era "inadmisible". Cuando finalmente se celebró la elección sindical, la dirección envió a dos abogados a observar, informa uno de los presentes. No sabe nada al respecto, responde Hamann sobre este asunto.

Orpea mostró aparentemente el mismo patrón cuando la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU, por sus siglas en inglés) intentó establecer un comité de empresa europeo. La dirección "obstaculizó y retrasó sistemáticamente su creación, a pesar de que es un derecho legal de los trabajadores elegir dicha representación a nivel europeo", informa el sindicalista Guillaume Durivaux, que supervisó la fundación de la EPSU.

La legislación de la UE al respecto prevé que trabajadores y empresarios lleguen a un acuerdo en un plazo de tres años. "Pero Orpea sólo aceptaba una reunión al año entre los delegados sindicales y los directivos, y por un tiempo máximo de dos horas", dice Durivaux. En realidad, añade, nunca se llegaron a entablar negociaciones. "En cambio, tuvimos que discutir sobre el hecho de que ni siquiera querían pagar a los intérpretes, a pesar de que algunos compañeros no entendían otros idiomas".

Una vez transcurrido el plazo de tres años, los delegados fundaron finalmente el comité europeo el pasado mes de abril sin llegar a un acuerdo. La versión de la empresa es que allí se ha hablado finalmente de todo lo necesario.

Ahora, sin embargo, Orpea intenta que la presidente del comité sea destituida en su empresa alemana, presentando una denuncia ante el juzgado de lo Social de la ciudad de Offenburg. Supuestamente, hubo un error de procedimiento en su nombramiento. En realidad, sólo se trata de "obstruir el trabajo del comité de empresa europeo", dice Simon Wionski, el abogado de la mujer afectada. La empresa no hizo comentarios sobre el caso cuando se le preguntó.

El hecho de que los trabajadores se organicen sigue siendo la excepción en el sector de la asistencia. Sólo el diez por ciento de las residencias en Alemania tienen un comité de empresa, y muy pocos empleados están afiliados a sindicatos. "Hablamos hasta por los codos para explicarles que tienen que organizarse", confiesa Matthias Gruß, que se ocupa de las residencias de mayores en el sindicato Verdi. Pero las empleadas, en su mayoría mujeres, carecen de "la tradición y el conocimiento de sus derechos". Por ello, la escasez de personal encuentra poca resistencia entre las plantillas.

la ingeniería financiera

Una debilidad de la que también se aprovechan los inversores financieros anónimos que están entrando en el negocio de los cuidados. Los fondos de capital privado –private equity, en inglés– compran empresas con el objetivo de aumentar su valor recortando los gastos y ejecutando planes de expansión para poder venderlas al cabo de unos años con un elevado beneficio.

El capital necesario lo captan entre inversores privados e institucionales, como las compañías de seguros, junto con la promesa de una alta rentabilidad de dos dígitos.

El caso más destacado es el de la empresa francesa DomusVi, que ya es la tercera del sector en Europa, con 354 residencias en cinco Estados de la Unión Europea. Ya en 2014, cuando no llegaba ni a la mitad de su tamaño, el fondo francés PAI Partners se hizo con la cadena por 639 millones de euros. Sólo tres años después, la traspasó al fondo británico Intermediate Capital Group (ICG), pero ahora por un valor casi cuatro veces superior, de 2.400 millones de euros.

Detrás del milagroso aumento del dinero hay un sistema que los gestores llaman noblemente "ingeniería financiera". De hecho, es un juego arriesgado con un alto endeudamiento. Para que esto funcione, la empresa adquirida debe tener ingresos fiables con los que hacer frente a los préstamos. Y eso es exactamente lo que proporcionan los pagos gubernamentales por la atención en las residencias. Mientras que los ingresos proceden de las arcas del Estado, los inversores en private equity suelen canalizar sus beneficios hacia los paraísos fiscales a través de enrevesadas tramas societarias.

DomusVi es un ejemplo paradigmático. Como desveló infoLibre el pasado verano, entre cualquiera de las 138 residencias que gestiona la multinacional en España y la sociedad matriz del fondo ICG en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, hay hasta diez niveles con sociedades intermedias repartidas por España, Francia, Luxemburgo y Jersey.

Toda esta estructura tiene un doble objetivo: reducir al mínimo la factura fiscal de las empresas y trasladar a los accionistas los beneficios libres de impuestos. Y para conseguirlo son fundamentales las operaciones de endeudamiento entre sociedades del grupo. La compañía matriz del Domusvi en Francia –denominada Kervita– está pagando a dos sociedades en Luxemburgo de su principal accionista unos intereses desorbitados por los 640,5 millones que le han prestado. Desorbitados significa entre el 9,2 y el 11%, en dos operaciones de deuda firmadas en julio de 2017, cuando el tipo de interés de mercado no superaba el 4%. Entre julio de 2017 y marzo de 2019, Kervita abonó en intereses a las dos sociedades de Luxemburgo 105,5 millones de euros. Como además Kervita es la compañía de Domusvi que consolida las cuentas de todas sus residencias en Europa, ese pago por los intereses consigue que tenga pérdidas, lo que le evita pagar por el Impuesto de Sociedades.

LA FALTA DE CONTROL

Un problema añadido es la falta de control sobre los servicios que realmente prestan estas multinacionales. Un panorama que se repite por toda Europa: hay muy pocos inspectores y están sobrecargados. En España, por ejemplo, había a finales de 2019 poco más de 200 inspectores para controlar más de 5.200 centros.

La situación es incluso peor en el norte de Italia. "Soy responsable de 400 residencias. Eso significa que tendría que inspeccionar dos instalaciones cada día", confiesa el inspector jefe de la autoridad sanitaria de Turín a Investigate Europe. "¿Cómo voy a conseguirlo?".

Francia incluso ha reducido el número de inspectores, mientras que el número de centros aumenta, informa un antiguo inspector de residencias. Para toda Francia, dice, hay ahora sólo 200 inspectores, demasiado pocos para los miles de centros del país. "La lógica de la política se reduce a la autorregulación de los operadores domésticos".

La maximización de los beneficios para los inversores financieros y, al mismo tiempo, la escasez de cuidadores y la supervisión inadecuada: esto refleja cómo los gobiernos europeos están descuidando la atención a las personas mayores que necesitan cuidados.

Un portavoz del ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn (CDU), explica la contradicción diciendo que los operadores privados "contribuyen de forma decisiva a poder hacer frente a los miles de millones de euros en inversiones en residencias que se necesitan a medida que la población envejece". Erik Hamann, director de Orpea Alemania, está de acuerdo. Los inversores privados "lo hacen más rápido y eficazmente que las organizaciones sin ánimo de lucro o el Estado", afirma.

Pero esta afirmación está "políticamente establecida", replica el economista Benjamin Braun, del Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades. "Se podría utilizar el mismo razonamiento para que las guarderías, las escuelas y las universidades fueran dirigidas por inversores financieros", afirma. Pero ningún gobierno se atrevería a hacerlo en Alemania. "La pérfida ironía es que precisamente la financiación gubernamental hace que sea tan interesante invertir en este sector", dice Braun.

El ministro Spahn es muy consciente del problema. "Rendimientos de dos dígitos para los inversores financieros y las empresas: esa no es la idea del seguro social de atención a la dependencia", admitió en una entrevista con el semanario alemán Die Zeit en 2018. Por eso, añadió, el gobierno tiene que "mirar muy de cerca lo que está sucediendo en este mercado". Pero Spahn no ha hecho nada hasta la fecha. "La información sobre la evolución de los beneficios de las empresas de fondos de capital privado en Alemania a través de la adquisición y posterior venta de centros asistenciales no está a disposición del Gobierno federal", respondió recientemente su ministerio a una pregunta de Pia Zimmermann, diputada del partido Die Linke (La Izquierda). "Lo malo de este negocio no son los inversores, sino los responsables políticos que les abren la puerta y luego pierden el control", comentó Zimmermann sobre la escueta respuesta.

un modelo Alternativo en Austria y Noruega

Pero hay lugares en Europa que están demostrando que otro modelo es posible. Por ejemplo, el gobierno provincial de Burgenland (Austria) ya estipuló en 2019 que todas las residencias de mayores solo podrán ser gestionadas por empresas sin ánimo de lucro a partir de 2024. Los cuidados forman "parte de los servicios públicos, al igual que el cuidado de los niños y la educación", afirma el consejero regional Leonhard Schneemann: "El principio de maximización del beneficio no tiene cabida en este ámbito tan sensible”.

Muchos municipios de Noruega hacen lo mismo. Cuando expiraron las adjudicaciones concedidas a empresas privadas de residencias, Oslo, Bergen y Stavanger, por ejemplo, no otorgaron prórrogas y se hicieron cargo ellos mismos de la gestión de los centros. Las empresas privadas son buenas para la sociedad, "pero son peligrosas cuando gestionan servicios asistenciales", sostiene Robert Steen, teniente de alcalde de Oslo. "Al fin y al cabo, su principal objetivo es obtener beneficios para sus propietarios, no gestionar servicios sanitarios y asistenciales ni contribuir a una sociedad sostenible".

La empresa sueca de cuidados Attendo abandonó acto seguido el mercado noruego y su competidora Norlandia advirtió a sus accionistas del "riesgo político" que corrían.

A diferencia de la mayoría de los países europeos, en Portugal el Estado no financia directamente las residencias privadas. La ley portuguesa de 2012 mantuvo la financiación estatal exclusiva para el "tercer sector" sin ánimo de lucro. Esto ayuda a explicar la todavía reducida presencia de las grandes cadenas internacionales en el país. Actualmente hay 2.543 residencias, de las que 1.677 son del tercer sector (66% del total), la mayoría gestionadas y propiedad de la Santa Casa da Misericórdia, con un acuerdo de cooperación con el Estado. Existen 733 centros privados (29%), mientras que 133 son sin ánimo de lucro y no tienen acuerdos de cooperación (5%). Las 12 residencias gestionadas por Orpea y Domus Vi en Portugal están destinadas a clientes con altos ingresos, que no reciben ninguna tipo de ayuda pública.

Hasta 2012, Portugal tenía una ley muy estricta que prohibía las residencias con más de 60 camas. Durante los años de la troika, en 2012, el gobierno cambió esta ley y abrió una nueva oportunidad de mercado, duplicando la capacidad permitida.

¿Se fijarán otros países europeos en los ejemplos de la austriaca Burgenland o la noruega Oslo? El futuro no está escrito, pero la tendencia actual es clara: el negocio de las multinacionales crece imparable, en buena medida gracias a los fondos públicos que captan, mientras que se multiplican por toda Europa las quejas de las trabajadoras y se resiente la calidad de los servicios que reciben los residentes.

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Este texto es la primera entrega de una serie de reportajes sobre el sector de las residencias elaborado por el colectivo Investigate Europe. infoLibre, que ha colaborado con el proyecto, publicará en total cuatro reportajes.

Investigate Europe está formado por un equipo de periodistas de once países que trabajan juntos para investigar temas de relevancia europea y publicar los resultados en medios de comunicación de toda Europa.

Los medios asociados para el proyecto sobre las residencias son: Der Tagesspiegel (Alemania), Mediapart (Francia), Telex (Hungría), Aftenbladet y Bergens Tidende (Noruega), Dagens Nyheter (Suecia), EfSyn (Grecia), Público (Portugal), Il Fatto Quotidiano (Italia), Open Democracy (Gran Bretaña), Gazeta Wyborcza (Polonia), Falter (Austria), Trends (Bélgica), Republik (Suiza) y Follow the Money (Países Bajos).

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Además, colaboraron en la investigación: Wojciech Cieśla, Ingeborg Eliassen, Juliet Ferguson, Attila Kálmán, Nikolas Leontopoulos, Anne Jo Lexander, Maria Maggiore, Stavros Malichudis, Sigrid Melchior, Leïla Miñano, Paulo Pena, Elisa Simantke, Nico Schmidt y Harald Schumann, así como Eelke van Ark (Follow the Money), Manuel Rico (infoLibre), Gerlinde Poelsler (Falter), Jef Poortmans (Trends) y Philipp Albrecht (Republik).

Investigate Europe cuenta con el apoyo de sus lectores, de donantes privados y de la Fundación Schöpflin, la Fundación Rudolf Augstein, la Fundación Fritt-Ord, la Open Society Initiative for Europe, la Fundación Gulbenkian, la Fundación Adessium, la Fundación Reva y David Logan y la Fundación Cariplo.

Puedes consultar la investigación completa sobre las residencias de mayores en Europa en la web de Investigate Europe.