Mapuches, aymaras, rapa nui, selk'nam... Chile reconoce a sus pueblos indígenas en su Constitución

"Es difícil decir quién soy porque este Estado no nos reconoce. No puedo decir quién soy con la cabeza alta. Nos gustaría caminar libremente. Hemos crecido con vosotros, hemos caminado y hemos trabajado juntos, también hemos participado en la construcción de este país, pero este Estado no nos reconoce, reniega y se burla de nosotros." 

La Convención Constitucional apenas llevaba un mes cuando Luis Vásquez Chogue testificó ante ella, con la voz temblorosa y al borde de las lágrimas, como representante del pueblo selk'nam. En un vídeo que se ha hecho viral [ver abajo], se le ve relatando su historia familiar con emoción. 

Los selk'nam, procedentes del sur de Chile, de la Gran Isla de Tierra del Fuego, fueron víctimas de un genocidio. El número de víctimas aún se desconoce, ya que este pueblo, también conocido como Ona, ha sido invisibilizado por la historia oficial chilena y no es reconocido como un pueblo vivo, pero la presencia de José Luis Vásquez Chogue en la Convención no pasó desapercibida.  

El proceso constituyente comenzó así con una agenda que mostraba la urgencia de ciertos sectores por incluir la plurinacionalidad en las páginas del texto constitucional. La primera etapa ya estuvo marcada por un acuerdo que incluyó la participación de 17 escaños reservados a los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente, un hecho inédito en un proceso electoral chileno. 

En julio pasado, un año después de su instalación en el hemiciclo del antiguo Congreso Nacional, los 154 constituyentes entregaron el resultado de un trabajo intenso, rico en debates y en controversias. "Chile es un Estado social y democrático de Derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico", dicen las primeras líneas del artículo 1 de la nueva Constitución. Esta afirmación ha causado controversias y ha alimentado la división entre quienes apoyan la propuesta del nuevo texto y quienes prefieren definir el país como una sola nación, tal y como se describe en la actual Constitución, vigente desde 1980, cuando el país se encontraba en plena dictadura cívico-militar.

Una vieja reclamación

Junto a los cambios formales y de fondo del modelo político y económico que rige en la actualidad, la nueva Constitución incluye, entre las cuestiones más destacadas, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la definición de Chile como un país que "reconoce la convivencia de los diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado". 

Para la antropóloga e investigadora del Centro de Estudios Interculturales Indígenas (CIIR), Natalia Caniguan, era lógico que la plurinacionalidad fuera uno de los temas más esperados en el proceso constituyente, ya que fue una demanda de los pueblos indígenas que saltó a la palestra con el retorno de la democracia, cuando en 1989 el ex presidente Patricio Aylwin hizo su campaña presidencial y prometió el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Natalia Caniguan afirma que la actual inclusión forma parte de la deuda histórica del Estado chileno con los pueblos indígenas. 

"La tensión aquí es que hay efectivamente una subversión del poder, por así decirlo. En otras palabras, los que siempre han sido invisibles, marginados, que siempre han sido vistos como grupos sociales económicamente vulnerables y no como personas con derechos, son los que ahora hablan. Son ellos los que han impuesto una serie de exigencias en el texto constitucional", afirma Natalia Caniguan, nacida en Temuco, en el corazón de la Araucanía, parte del territorio ancestral mapuche. 

Para ella, la oposición a los pueblos indígenas sigue siendo fuerte. Un ejemplo de ello es el discurso del bando del rechazo, según el cual la plurinacionalidad es una idea que se ha impuesto por la fuerza. Sin embargo, señala, el número de escaños reservados en la Asamblea Constituyente para los indígenas fue inferior al de los representantes de centro derecha. "No se puede decir que se trate de una mayoría que haya impuesto su agenda, sino un grupo que pudo negociar sus demandas en la Asamblea Constituyente, demandas que están reflejadas en el texto", dice Natalia Caniguan. 

Justicia indígena

Los desacuerdos sobre la cuestión de los pueblos indígenas en la nueva Constitución van mucho más allá de su reconocimiento explícito. No sólo es la primera vez que se define el Estado como plurinacional, sino que también incluye el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, así como el consentimiento previo de los pueblos y naciones indígenas en asuntos que afecten a sus derechos. 

Richard Caifal, abogado y director ejecutivo de la fundación Rakizuam ("pensamiento" en idioma mapudungun), dijo a Mediapart que está totalmente de acuerdo con la lógica del Estado plurinacional, pero admite que una de sus principales preocupaciones es la justicia indígena. "La justicia es uno de los poderes del Estado, de ahí su importancia y la necesidad de trabajar no sólo en el plano político, a través del reconocimiento, sino también desde el punto de vista técnico jurídico. Hay un vacío ahí", dice. 

Por lo tanto, Richard Caifal votará en contra del texto. Miembro de Evópoli, un partido de derechas que aboga por el rechazo, dice que le preocupa que no exista un sistema judicial en el mundo mapuche. "En el mundo aymara o rapa nui tampoco existe un sistema judicial. Lo que sí existe es la costumbre o la tradición, y esta idea se refleja también en la ‘ley indígena’ de 1993, que establece un procedimiento especial. Pero la propuesta constitucional no establece a quiénes afecta", continúa el hombre que pertenece a la comunidad mapuche Ricardo Cayín, al sur de Temuco. Caifal dice que muchos mapuches comparten su sentimiento y que el rechazo es bien recibido en las comunidades. 

La investigadora Natalia Caniguan reconoce que, aunque hay un grupo muy activo de mapuches que trabajan a favor del "sí", también hay otros sectores que han decidido no apoyar la nueva Constitución. Algunos están vinculados a ciertas iglesias evangélicas con visiones más conservadoras que se oponen, por ejemplo, al reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales; otros, más extremistas, se han autoexcluido del proceso constituyente para no negociar ni vincularse con el Estado de Chile. 

Luiz Jiménez, ex miembro de la Asamblea Constituyente por los escaños reservados al pueblo aymara, está actualmente trabajando en reuniones y campañas puerta a puerta en el norte del país para difundir el texto que ayudó a redactar. Dice que ha conocido a personas que piensan votar no basándose en informaciones falsas que circulaban en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. 

"Cuando llegamos, por ejemplo, corría el rumor de que se suprimirían las segundas residencias y que no se respetarían los contratos de agua. También se creía que la plurinacionalidad se aplicaría a los pueblos indígenas de otros países. Pero al recorrer las comunidades y disipar estas dudas, la gente tiende a apoyar el voto a favor. 

El ex miembro de la Asamblea Constituyente de la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile, dice que el contexto de su región es muy diferente al del sur del país, y que los pueblos indígenas valoran sobre todo que el nuevo texto incluya artículos que protejan la naturaleza, el agua como derecho fundamental, y que el "buen vivir" sea considerado el eje central del nuevo modelo constitucional. Esto se suma a la regionalización y tratamiento diferenciado de los territorios rurales y extremos, así como a la consagración de una serie de derechos colectivos que el pueblo aymara viene reclamando desde hace tiempo. 

Unos kilómetros más al sur, en San Pedro de Atacama, Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, explica a Mediapart las razones por las que decidieron apoyar el sí. El sábado 20 de agosto, las 18 comunidades que integran su organización, ubicadas en la gran cuenca del desierto de sal de Atacama, se reunieron para analizar los temas transversales que afectan negativa y positivamente a los pueblos indígenas en la propuesta constitucional. 

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Gracias a la presencia de abogados expertos en diferentes áreas y de la ex miembro de la Asamblea Constituyente, Cristina Dorador, la comunidad pudo hacer preguntas, aclarar dudas y debatir durante horas antes de tomar una decisión. 

En caso de que el voto sea afirmativo, el Estado Plurinacional reconocerá los derechos de once pueblos indígenas y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Por primera vez, el pueblo selk'nam, y los descendientes de sus supervivientes, como José Luis Vásquez Chogue, serían reconocidos como un pueblo preexistente al Estado chileno.

Traducción de Miguel López