El juez deja en libertad con cargos a Pável Dúrov porque ve a Telegram cómplice de los delitos de sus usuarios
Tras noventa y seis horas bajo custodia policial, el cofundador de Telegram, Pável Dúrov, fue inculpado este miércoles 28 de agosto de los doce cargos por los que fue detenido el sábado por la noche en el aeropuerto de Le Bourget.
El juez de instrucción consideró suficientemente creíbles todos los cargos presentados por la fiscalía de París, que se hicieron públicos el lunes 26 de agosto y que incluían complicidad en delitos de pederastia, tráfico de drogas y estafa. Muchos de los delitos de los que se acusa a Pável Dúrov están relacionados con su falta de moderación de contenidos ilegales en Telegram y su falta de cooperación con la justicia francesa.
El empresario de origen ruso, que también es titular de un pasaporte francés desde 2021, ha sido puesto en libertad pero "bajo vigilancia judicial, incluida la obligación de depositar una fianza de 5 millones de euros, la obligación de presentarse en comisaría dos veces por semana y la prohibición de abandonar el territorio francés", según el comunicado emitido por la fiscalía ayer por la noche.
Esta misma semana, la web Politico había revelado que el hermano de Pavel, Nicolai Dúrov, también cofundador de Telegram, era buscado igualmente por la policía francesa por los mismos delitos.
Según Politico, que ha tenido acceso a los documentos de la investigación, las órdenes de búsqueda de los hermanos Dúrov se emitieron el 25 de marzo en el marco de una investigación encubierta sobre un usuario de Telegram acusado de delitos sexuales. Durante la investigación, el sospechoso al parecer afirmó que había manipulado a unas menores de edad para que le enviaran "pornografía infantil producida por ellas mismas" y luego amenazó con distribuir esas imágenes en las redes sociales. Los documentos obtenidos por Politico también indican que el sospechoso confesó a la policía que había violado a un niño.
En el marco de esta investigación, el juez pidió a Telegram que identificara al usuario, a lo que la compañía se negó tajantemente. El documento consultado por Politico constata una "cooperación prácticamente inexistente por parte de Telegram".
Politico señala que no hay nada en el documento, que la web ha podido consultar, que sugiera que "los hermanos Dúrov estuvieran directamente implicados en cualquier actividad ilegal identificada por la investigación".
Acusado de complicidad en delitos de pederastia, tráfico de drogas y fraude
Por tanto, sigue habiendo muchas zonas grises sobre los hechos exactos que se investigan. Aunque se valida la lista de doce cargos, que alegan actos especialmente graves y la implicación directa de Pavel Dúrov, el nuevo comunicado no aporta ningún detalle adicional sobre los hechos.
Cinco de los cargos acusan al empresario de "complicidad" en la posesión y distribución de imágenes de pornografía infantil, tráfico de drogas, suministro de material informático de piratería y estafa organizada.
Todos ellos son cargos de derecho penal que deben ser directamente atribuibles al autor de los hechos. "En derecho penal, existe un principio de responsabilidad por actos personales", explica Yoann Nabat, doctorando en derecho privado y ciencias penales de la Universidad de Burdeos, entrevistado antes de que se conociera la acusación.
Además, "la complicidad requiere intencionalidad. Hay que haber querido ayudar a cometer el delito", prosigue el jurista. Por tanto, Pavel Dúrov habría ayudado personalmente y con pleno conocimiento de los hechos a cometer los delitos imputados.
El empresario también está acusado de "asociación de malhechores". "Ese es también el delito que vale para todo", advierte Yoann Nabat. Pero normalmente debe implicar "la participación en un grupo con un mínimo de organización. Tiene que haber un acuerdo entre los individuos".
Apoyado por Elon Musk y Edward Snowden
La detención de Pavel Dúrov ha suscitado numerosas reacciones que la denuncian como un ataque a la libertad de expresión y a la confidencialidad de los intercambios a través de sistemas de mensajería seguros como Telegram. Estas críticas han sido expresadas por el dueño de X, Elon Musk, y por el denunciante Edward Snowden.
Pero la realidad es más compleja. Telegram ofrece dos tipos de servicio bajo dos regímenes legales diferentes, lo que hace difícil analizar las acusaciones hasta que se conozcan los hechos concretos. Por un lado, la aplicación permite crear "bucles" que otros usuarios pueden consultar y que entran en el régimen de las redes sociales, que tienen un deber de moderación. Por otro, permite intercambiar mensajes parcialmente cifrados entre dos usuarios.
"Telegram es a la vez una red social y un servicio de mensajería interpersonal", explica Bastien Le Querrec, jurista del grupo de defensa de las libertades La Quadrature du Net, que también fue entrevistado antes de conocerse la acusación. Así, si los contenidos ilegales se colgaron en un bucle, se aplica la legislación que regula el alojamiento y la moderación de contenidos.
Pero esta legislación "establece el principio de que los proveedores de alojamiento no son penalmente responsables, salvo en caso de denuncia de un contenido ilegal", explica Bastien Le Querrec. "Si la Fiscalía acusa a Pavel Dúrov de complicidad, es porque tuvo que mantener en línea contenidos manifiestamente ilegales. Porque la fiscalía se refiere a hechos relativamente graves, al menos lo suficiente como para detenerle".
"La Quadrature du Net siempre se ha opuesto a la censura administrativa sin orden judicial, y a todos los abusos en ese ámbito", señala el jurista. "Pero no estamos en contra del principio de control de la moderación. Un intermediario técnico que pone a sabiendas sus servicios a disposición de personas que realizan actividades delictivas tiene una responsabilidad penal".
Sin embargo, si los contenidos ilegales se intercambiaron a través del sistema de mensajería, el análisis jurídico no es el mismo. "Normalmente está prohibido vigilar los mensajes privados", explica Bastien Le Querrec. "La Fiscalía no debería perseguir la falta de moderación de mensajes privados".
Telegram en el punto de mira de la justicia y las autoridades desde hace varios años
La detención de Pavel Dúrov se inscribe también en un conflicto latente entre políticos, policías y jueces, por una parte, y las empresas que ofrecen servicios de mensajería segura, por otra.
Desde hace años, los primeros acusan a esas empresas de proteger a terroristas y delincuentes exigiendo un refuerzo de sus obligaciones legales, un debilitamiento de sus algoritmos de cifrado o la introducción de "backdoors" o puertas de entrada ocultas que permiten acceder a las comunicaciones.
Telegram, que no es el servicio de mensajería que ofrece el mejor nivel de cifrado, ya en 2016 fue directamente atacado por Bernard Cazeneuve, ministro francés del Interior. "Los intercambios cada vez más sistemáticos realizados a través de determinadas aplicaciones, como Telegram, deben poder, en el marco de un procedimiento judicial –insisto en este punto–, ser identificados y utilizados como pruebas por los servicios de investigación y los magistrados", dijo entonces.
"Estamos asistiendo a un cuestionamiento de la encriptación y del derecho a comunicarse de forma segura", afirma el abogado Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, entrevistado el miércoles por la mañana. "Se tiende incluso a considerar que el uso de la encriptación es una prueba contra las personas, porque significaría que tienen algo que ocultar", prosigue el abogado, refiriéndose al "caso del 8 de diciembre".
En ese caso, siete activistas fueron acusados de asociación de malhechores terrorista, y los investigadores les acusaron de utilizar un sistema de mensajería cifrada. Fueron condenados en diciembre de 2023.
El derecho a mantener una conversación secreta está amenazado desde hace varios años
Bastien Le Querrec añade: "En el fondo, los sistemas de mensajería privada están siendo objeto de presiones como parte de una retórica que se viene utilizando desde hace varios años. Pero la encriptación es esencial para la vida cotidiana. Es fundamental para Internet y para la seguridad de la información."
Yoann Nabat concuerda: "El derecho a mantener una conversación secreta está amenazado desde hace varios años. Y también se inscribe en una voluntad de llegar lo más lejos posible en la fase preparatoria de los delitos para poder actuar preventivamente".
Más allá de la cuestión del cifrado, "no hay que olvidar que las redes sociales también están bajo presión", añade Bastien Le Querrec. "Los poderes públicos desconfían de las redes sociales, a las que se acusa de estar en el origen de casi todos los males que aquejan a nuestras sociedades", añade Fitzjean Ó Cobhthaigh. "Estuvieron cuestionadas, por ejemplo, durante los disturbios urbanos del verano de 2023 que siguieron a la muerte de Nahel o, más recientemente, durante la violencia en Nueva Caledonia, donde se prohibió TikTok".
El caso del fundador de Telegram es ya un mensaje desde Francia a los responsables de los servicios de comunicación. Y la cuestión ahora es si otros podrían correr la misma suerte.
Como señaló el investigador de seguridad informática Baptiste Robert en X (antes Twitter), poco después de la detención de Pavel Dúrov, el secretario general de la Oficina Central de la Policía Judicial especializada en violencia contra menores (Ofmin) publicó un mensaje en LinkedIn que enlaza con un documental que, según él, ayuda a "comprender mejor las cuestiones implicadas en este caso".
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Se trataba de un documental de Arte sobre "los fallos de Instagram" en la lucha contra la pederastia. El mensaje en cuestión fue borrado al día siguiente sin explicaciones.
También el miércoles, Ofmin anunció que Pavel Dúrov era objeto de otra investigación por violencia contra uno de sus hijos, abierta a raíz de una denuncia presentada en Suiza en 2023 por la madre del niño. Los hechos se habrían cometido en 2017 mientras el niño estaba escolarizado en París.
Traducción de Miguel López
