El último escándalo del BEI: financiar en Italia el tramo de autovía más caro de la UE

El texto pasó prácticamente desapercibido durante su tramitación el pasado 30 de abril en Estrasburgo (350 votos a favor y 263 en contra). Se trataba de un informe árido del Parlamento, similar a los cientos de ellos que elabora la institución en cada legislatura, consagrado en esta ocasión a la actividad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2013. Los eurodiputados examinaron, como deben hacer con carácter anual, el balance de un banco, cuya existencia es muy poco conocida por los ciudadanos.

En el punto 34 de esta resolución, el Parlamento Europeo “lamenta que el BEI haya apoyado algunos proyectos de infraestructura que han resultado ser inviables e insostenibles”. El texto cita explícitamente el caso de la circunvalación Passante di Mestre, una autopista del Norte de Italia cuya financiación suscita gran preocupación entre diversos colectivos y algunos eurodiputados. Estos recuerdan que “las autoridades italianas todavía siguen realizando investigaciones” y reclaman al BEI que “deje de financiar este proyecto”.

El escándalo, que apenas ha tenido repercusión fuera de Italia, vuelve a poner de actualidad una cuestión fundamental, la capacidad de Europa para impulsar la economía, tal y como viene prometiendo desde hace años. El BEI, ¿es capaz de asumir el papel de motor de reactivación económica que le encomendó el año pasado Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, en su famoso Plan de los 315.000 millones de euros? La cuestión puede parecer técnica, pero en el contexto italiano está de rabiosa actualidad. Algunos de los nuevos mecanismos financieros desarrollados por el BEI, especialmente opacos, ¿suponen un regalo para las mafias, dirigidos a blanquear dinero como quien no quiere la cosa? La UE ¿está alimentando indirectamente sistemas corruptos a gran escala y la delincuencia organizada, que gangrenan la economía italiana?

Por anecdótico que pueda parecer sobre el papel, el caso Passante di Mestre plantea todos estos interrogantes. En opinión de los comités ciudadanos, se trata del tramo de autovía más caro de Europa. Sus 32,3 km de asfalto han costado 1.220 millones de euros a los contribuyentes italianos, es decir, a razón de 38 millones el kilómetro. Esta circunvalación se ideó para descongestionar el tráfico rodado en la zona de Mestre, al sur de Venecia. Para sus detractores, se trata de la enésima infraestructura inútil. Aunque, eso sí, sus promotores han logrado que se considere una obra estratégica para Italia con el objetivo de conseguir partidas presupuestarias adicionales y acelerar los procesos de adjudicación de las obras.

La Passante di Mestre no ha tardado en convertirse en el agujero negro de las finanzas públicas de la República italiana. La región de Venecia y la empresa de autovías que han financiado las obras entregaron la gestión a una empresa ad hoc, la CAV (Concessionarie Austrostrade Venete), que tiene por única misión absorber por todos los medios la deuda de esta infraestructura… que sigue sin ser rentable. Desde 2008, los precios de los peajes no han dejado de aumentar, medida insuficiente para equilibrar el balance. Ante la imposibilidad de lograrlo por sus propios medios, la empresa ha mirado a Europa. Un procedimiento muy conocido por los italianos, que se encuentran entre los principales beneficiarios de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, el BEI.

La cosa no queda aquí. Algunas de las empresas que participaron en las obras en el 2000 están en el punto de mira de la Justicia italiana. Especialmente, la empresa Mantovani SpA, que participó en la construcción del vial y ha resultado estar en el centro del llamado sistema veneciano, un sistema de corrupción y de licitaciones amañadas a gran escala desmantelado por la Fiscalía de Venecia en 2014. “El proyecto de la circunvalación Passante di Mestre es peligroso”, asegura a Mediapart el eurodiputado italiano Marco Zanni, miembro del Movimiento 5 Estrellas (M5S), uno de los representantes en el Parlamento que sigue de cerca el caso desde Bruselas. “Hay una investigación abierta sobre los vínculos de las subcontratas con el crimen organizado. Y, desde un punto de vista económico, este proyecto no es en absoluto sostenible. Todo el plan de negocio se elaboró a partir de previsiones de tráfico erróneas. La prueba está en que no dejan de refinanciar la deuda de la empresa, una y otra vez”, señala.

En abril de 2013, el BEI ya prestó 350 millones de euros a la empresa encargada de la gestión de la circunvalación Pasante di Mestre. Y ahora se dispone a refinanciar la obra a través de su instrumento innovador estrella, los project bonds (bonos de proyecto). Concretamente, la CAV va a emitir una obligación –de deuda– que saldrá a la venta en los mercados. De esta forma, espera obtener entre 700 y 900 millones de euros. El BEI avala en torno al 20% del valor de las obligaciones, para así tranquilizar a los operadores de los mercados. Con el fin de despertar un poco más el apetito, el Gobierno de Renzi ha aprobado ventajas fiscales vía el decreto Sblocca Italia (Desbloquear Italia), de modo que estos bonds tributan al 12,5%, como los bonos del Tesoro, y no al 25%.

desde la olaf, Nada que reseñar

La emisión de estas obligaciones tendría que haberse realizado a finales de febrero, según el calendario adelantado por el diario La Repubblica en enero, pero se acumulan los retrasos. La presión ejercida por el Parlamento Europeo a finales de abril es posible que cambie las cosas, algo que no disgustaría a las organizaciones que siguen de cerca la cuestión desde hace varios años. Para dos de ellas, entre las más activas, Re:Common y Opzione Zero, el peligro es real, ya que estos project bonds pueden servir para refinanciar una deuda en parte vinculada a prácticas ilegales y a la corrupción en el Norte de Italia.

Estas alertas no son nuevas. Ya en marzo de 2011, el Tribunal de Cuentas italiano expuso sus dudas sobre el sobrecoste del proyecto Passante di Mestre. El presupuesto inicial estimado de 2003 era de 750 millones de euros. La CAV debe reembolsar ahora del orden de 1.220 millones. El organismo fiscalizador de cuentas subrayaba también, sin rodeos, la falta de control por parte de las autoridades y el riesgo de infiltraciones mafiosas a través de los concursos de licitaciones dirigidas a subcontratas. En 2013, cuando el BEI aportó la financiación inicial, algunos participantes en la construcción del vial ya estaban en el punto de mira de los magistrados.

Los colectivos sociales se dirigieron a la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (Olaf), que les respondió en marzo de 2014 que no había encontrado elementos suficientes para abrir una investigación sobre el empleo de fondos europeos en este proyecto. “El análisis del informe del Tribunal de Cuentas de marzo de 2011 no ha suscitado preocupaciones particulares con relación a la existencia de un posible fraude en el proyecto. No se ha podido establecer vinculación alguna entre las alegaciones de fraude fiscal actualmente investigadas por las autoridades judiciales nacionales y el proyecto financiado por el BEI”. La carta está firmada por el italiano Marco Pecoraro, antiguo guardia de Finanzas (agente de aduanas de Italia) y en la actualidad, asesor de Giovanni Kessler, otro italiano, el todopoderoso director general de la Olaf.

Tres meses después de que este organismo enviase esta carta, que tranquilizaba a los colectivos denunciantes, una ola de arrestos consternaba Venecia. El 6 de junio de 2014, las autoridades judiciales investigaban a un centenar de personas. Los magistrados llevaban tres años estudiando los balances de empresas privadas y concesionarias implicadas en el famoso sistema veneciano. Cajas negras, malversación de fondos públicos, facturas falsas. Fueron detenidas 35 personas. Entre ellas, el alcalde de Venecia, Giorgio Orsoni, próximo al Partido Demócrata (de centroizquierda, en el poder en Italia) –forzado a dimitir– y el asesor regional de infraestructuras Renato Chisso (Forza Italia, derecha). Las autoridades judiciales se incautaron de 40 millones de euros.

Entonces, el caso provocó gran revuelo en Italia. La Justicia sacó a la luz un sistema de licitaciones dudosas vinculadas con la ejecución del MOSE, la red de diques móviles dirigidos a proteger Venecia de la erosión provocada por la llamada acqua alta –las altas aguas que inundan el centro de la ciudad–. Este proyecto, bien conocido por los venecianos, se financiaba en parte con dinero europeo (1.500 millones de euros del BEI). En las 711 páginas de que consta la investigación judicial de 2014, figuraba que la empresa Mantovani SpA, en el núcleo del sistema veneciano, contaba con una caja negra de 20 millones de euros para garantizarse las obras públicas. Esta empresa también participó en la construcción de la circunvalación Passante di Mestre.

“Esperábamos que la opinión pública reaccionase al saltar el escándalo del MOSE y del Sistema veneto, pero asistimos a una especie de inmovilismo anestesiante. La resignación es total, a pesar de este terremoto institucional, los políticos no han cambiado, preocupados como están por las elecciones regionales del mes de mayo”, lamenta Rebecca Rovoletto, de Opzione Zero.

Con este panorama, refinanciar una y otra vez la circunvalación Passante di Mestre parecía una apuesta arriesgada. “Para empezar, lo mínimo tendría que ser realizar una investigación para ver qué ha pasado con los 350 millones de euros concedidos ya por el BEI en 2013. Habría que preguntarse si es oportuno financiar este tipo de infraestructuras cuando hay investigaciones en curso”, cuestiona Elena Gerebizza, de Re:Common. “Tendrían que realizarse comprobaciones preliminares, en el seno de las instituciones europeas, antes incluso de lanzar el programa de refinanciación vía los project bonds [bonos de proyecto]”.

El BEI, contactado por Mediapart, remite al dictamen de la Olaf, que no tiene nada que señalar sobre el procedimiento. La Oficina, también a preguntas de Mediapart, confirma su postura de 2014, y todo ello a pesar de que después estalló el escándalo de Venecia: “La Olaf efectuó un análisis preliminar de las informaciones recibidas sobre la materia y resolvió que no se había presentado ningún elemento probatorio que hiciese sospechar de que se había cometido fraude o irregularidades para justificar la apertura de una investigación de la Olaf, por lo que el expediente se clasificó”, responden desde el departamento de prensa de la Oficina. “Como sucede siempre, la Olaf puede volver a investigar el caso en cualquier momento si se le presentan nuevas pruebas pertinentes”.

Sin embargo, la Olaf se muestra más beligerante con relación a otra cuestión delicada, de mayor envergadura: en febrero abrió una investigación por supuesto fraude sobre el proyecto de línea ferroviaria entre Lyon y Turín, que ya ha costado 450 millones de euros a la UE. Pero en lo que respecta a la circunvalación Passante di Mestre, nada que decir.

En otras zonas de Italia se han constatado malversación de fondos estructurales

“Basta con ver quién financia al BEI. Los grandes Estados miembros aportan el capital de que dispone. De modo que si Italia le dice al BEI que quiere que le financie este proyecto o este otro, lo conseguirá”, juzga Marco Valli, otro eurodiputado italiano del Movimiento 5 estrellas, también muy indignado por la financiación de la circunvalación Passante di Mestre y con la actitud del jefe del Gobierno italiano. “Matteo Renzi lo que no quiere es frenar el crecimiento y prefiere meter debajo de la alfombra los casos de corrupción”, señala.

Durante una comparecencia parlamentaria celebrada en Roma el 30 de septiembre de 2014, el jefe de la Autoridad Nacional Anticorrupción, Raffaele Cantone, se mostraba reticente a que en el decreto de Matteo Renzi, de agosto de 2014 y dirigido a “desbloquear Italia”, se recurriera a los projet bonds. Establecía un vínculo entre estas “emisiones de proyecto” de un lado, instrumento clave para el impulso a la europea, y el peligro de que sirviese para blanquear el dinero negro, por otro.

“Hice hincapié en el hecho de que los project bonds, tal y como prevé el decreto de Renzi, es decir que no son nominativos, presentan un riesgo, pueden ser utilizados como una herramienta para el blanqueo de dinero”, explica a Mediapart. “Pero en mi opinión, se trata de un aspecto del decreto. Por el contrario, el instrumento en sí mismo es una bueno. No conlleva necesariamente prácticas fraudulentas”. Cantone asegura a Mediapart que no conoce en profundidad el caso Passante di Mestre para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

A falta de controles suficientes, ¿financia la UE, a su pesar, redes mafiosas? El caso Passante di Mestre no es un hecho aislado. Se ha comprobado la existencia malversación directa de los fondos estructurales europeos. En 2012, The Sunday Telegraph publicó una investigación sobre Calabria, región del Sur de Italia que acababa de percibir, en cinco años, unos 3.000 millones de euros de fondos estructurales europeos. La mayor parte de estos fondos se destinaron a construir infraestructuras… que en algunos casos nunca se han materializaron. Hay quien piensa que una parte de estos fondos han ido a parar a la mafia local, la 'Ndrangheta.

“Se trata de un tipo de fraude que apareció cuando se comenzó a destinar importantes sumas de dinero público al Sur de Italia”, explicaba al diario inglés Roberto Di Palma, un magistrado al frente de no menos de 25 investigaciones sobre malversaciones de dinero público europeo. “Por ejemplo, en el caso de la construcción de una presa de 100 millones de euros, la UE aporta 50 millones, el Gobierno los otros 50 millones. El problema es que el dinero va directamente a manos del empresario. Una vez empiezan las obras, la empresa desaparece de buenas a primeras con el dinero en metálico. Y dejan algunos pilares en el suelo”.

The Sunday Times parece uno de los pocos medios de comunicación que se ha interesado por estas cuestiones. Il Sole 24 Ore, diario económico, lo menciona, pero se conforma con citar el artículo del periódico británico. Eso sí, los escándalos de malversación de fondos públicos y de licitaciones fraudulentas son legión en Italia. En estos últimos meses han vuelto a ser noticia. Tras el escándalo del MOSE de Venecia, el caso de la Expo de Milán –la exposición universal inaugurada el 1 de mayo– ha causado la dimisión del ministro de Transportes y de Infraestructuras, Maurizio Lupi, por las acusaciones de favoritismo en la concesión de contratos públicos en el entorno del ministro. Pero la posibilidad de que una parte de esta financiación de grandes obras pueda provenir de Bruselas no parece suscitar verdadera preocupación.

Cuando el año pasado Beppe Grillo, el líder del Movimiento 5 estrellas, pidió a la UE “que no ofreciese financiación a Italia, porque el dinero desaparece en Calabria, en Campania y en Sicilia y, por tanto, en los bolsillos de la mafia, la Camorra, la 'Ndrangheta”, la representación de la Comisión Europea en Italia salió inmediatamente a la palestra para desmentir estas afirmaciones “falsas y carentes de fundamento”.

“Los procesos de control de los fondos estructurales prevén varias etapas de control durante las cuales a la menor sospecha de irregularidad, el flujo de fondos se interrumpe hasta que se aclara lo sucedido”, se puede leer en una nota emitida por la oficina de representación de la Comisión Europea en Italia. “Este mecanismo limita al mínimo el riesgo de fraude y de irregularidad. El porcentaje de error y de fraudes (incluidas posibles infiltraciones de bandas organizadas) en la gestión de los fondos estructurales, también en las regiones del Sur de Italia, es mínimo y se sitúa en torno al 0,2%. Los casos de infiltraciones mafiosas, que son aún más raras, se han identificado y sancionado”, precisa la misma nota.

Las organizaciones criminales son muy habilidosas a la hora de escapar a los controles. En 2012, Rita Borsellino, hermana del juez Paolo Borsellino, asesinado por Cosa Nostra, denunciaba la falta de control en la distribución de los fondos europeos. La prensa acababa de dar a conocer que jefes de la mafia, algunos encarcelados como el hermano de Toto Riina, habían cobrado subvenciones agrícolas de la Política Agrícola Común. “No podemos aceptar que los recursos destinados al desarrollo se transformen en una nueva forma de ingresos para las mafias, ni en Italia ni en el resto de la Unión Europea”, insistía Rita Borsellino, entonces eurodiputada de centro izquierda.

Mediapart ya informó en octubre de 2014 del fallido proyecto Castor, uno de los primeros proyectos del BEI desarrollados con estos famosos project bonds. La construcción de esta reserva de gas submarina provocó maremotos en el Mediterráneo. El proyecto se paralizó y ahora son los consumidores españoles de gas los que tendrán que amortizar el coste de estas inversiones imprudentes en los próximos años.

En esta ocasión, en el marco del caso Passante di Mestre, más que esperar las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la Justicia italiana, el BEI está dispuesto a mirar para otro lado ante la posible implicación de empresas relacionadas con un vasto sistema de corrupción y de malversación de fondos públicos y a lanzar sin esperar la refinanciación de la infraestructura que, sobre el fondo, no es viable. Más allá de las buenas intenciones, la Unión Europea, ya sea por falta de experiencia o por no verdaderamente independiente, está todavía lejos de haber probado que tenía capacidad para garantizar por sí misma la recuperación económica del continente.

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Traducción: Mariola Moreno

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