León a la cabeza y Madrid a la cola: así es el desequilibrio de la generación renovable en España

En 2022 ha quedado claro que la energía renovable abarata enormemente el precio de la luz, como ha ocurrido en la última semana. Para continuar esa senda, España tendrá que instalar en los próximos ocho años cientos de proyectos de energía solar y eólica con el fin de cumplir con su compromiso para 2030 de que el 74% de su electricidad sea verde (ahora lo es el 48%). Sin embargo, algunas regiones han puesto hasta ahora trabas a la transición energética y tendrán que acelerar el paso en el futuro, como Madrid, Cataluña o Valencia, según los expertos. 

El mapa de producción renovable en España muestra enormes diferencias entre comunidades autónomas. Unas ven la instalación de molinos de viento y paneles solares como una oportunidad para impulsar la economía, especialmente las que tienen mucho territorio y están poco pobladas. Mientras que las más urbanitas suelen reservar su suelo para ampliar las ciudades, ponen trabas ambientales para su instalación y prefieren traer energía de los alrededores. 

El ejemplo más claro es Madrid, que apenas produjo entre enero y septiembre el 3,75% de la luz que consumió, pero se alimentó gracias al enorme superávit que tiene Extremadura con sus dos centrales nucleares y su capacidad fotovoltaica. De hecho, los extremeños generaron 5,6 veces más electricidad de la que consumieron en los primeros nueve meses del año. Esta situación también ocurre en Valencia, que importa energía de Castilla-La Mancha; en Cataluña desde Aragón; y en País Vasco con Castilla y León. 

Pedro Fresco, hasta hace unas semanas director de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, entiende que el principal causante de esta brecha es la geografía. El norte de España capta menos luz solar que el resto de la península y precisamente la energía fotovoltaica es la más barata de todas, mientras que la instalación de eólica —una tecnología muy eficiente en la costa cantábrica— es más compleja y costosa y va muy por detrás de lo que planificó el Gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). 

Cataluña y la Comunitat Valenciana no tienen problema con el sol, pero los proyectos se estancan allí por cuestiones administrativas. Los expertos coinciden en que en ambos territorios se da la paradoja de que los gobiernos autonómicos dicen estar comprometidos con el medio ambiente, pero tanto que ponen trabas a las renovables para evitar que impacten en el entorno. 

"Una parte del ecologismo pone por encima la protección del paisaje sobre el futuro del planeta, y eso para mí es un error", opina Daniel Pérez, analista de energías renovables. "Hay que mantener un equilibrio entre proteger los ecosistemas y producir electricidad limpia", añade. 

Pedro Fresco, que precisamente fue destituido por chocar con la visión de Compromís, no esconde su opinión sobre este asunto. "El departamento de Paisaje es un hueso muy duro de roer para los promotores", dice. En Cataluña, por su parte, todo proyecto fotovoltaico de tamaño medio debe dar un 20% de la instalación al ayuntamiento, una medida que aprobó el Govern hace un año para evitar el rechazo de las comunidades de locales. 

Madrid, según los expertos, también es una de las regiones que más trabas administrativas pone a estas plantas, aunque en su caso es para evitar que se ocupen terrenos donde todavía no se han construido viviendas. 

Los técnicos consultados reconocen que es normal que existan diferencias geográficas en la producción y el consumo, como hay en la agricultura o la industria, aunque habría que suavizar las diferencias, según Pedro Fresco. "Seguramente Madrid sea siempre dependiente y Extremadura excedentaria, pero no podemos permitir que haya comunidades absolutamente dependientes", afirma.  

El exdirector de medioambiente comenta que hasta ahora ese sistema había funcionado, pero a medida que la energía se encarezca como ya ocurre, levantará ampollas entre gobiernos autonómicos. Pone de ejemplo las tensiones con el agua del trasvase Tajo-Segura y cree que quienes ahora lideran la generación eléctrica tienen legitimidad para pedir que se lleve allí la industria y no a los polos tradicionales. "Las comunidades autónomas que no producen energía no tienen nada que ganar y sí mucho que perder, porque tiene sentido que la industria esté cerca de la producción de energía", añade Fresco.  

Esta situación se acentuará en los próximos años por la transición energética, ya que las instalaciones de generación de hidrógeno verde o metanol verde necesitan estar junto a huertos solares que les abastezcan de electricidad. Y las futuras fábricas que funcionen con estas partículas serán más rentables si se construyen junto a plantas de producción. 

Por su parte, Xavier Cugat, experto en energía solar, cree que no es necesario entrar en una batalla entre comunidades, sino que es perfectamente posible repartir la producción equitativamente. "Para hacer una transición energética completa necesitamos el 2% del territorio, y a mí personalmente me parece muy poco a cambio de tener electricidad limpia y segura", opina. 

Está por ver cómo encajan a partir de ahora las comunidades autónomas más exigentes la nueva normativa de Bruselas. Los ministros de Energía de la UE votaron el 19 de diciembre a favor de decretar la instalación de renovables como proyectos de interés superior y durante los próximos 18 meses podrán saltarse las directivas comunitarias de medioambiente. “La guerra de Ucrania suaviza poco a poco las exigencias de muchos gobiernos, que ahora se han dado cuenta de que producir energía renovable es una prioridad”, sentencia Daniel Pérez.