Respeto a la democracia

Un referéndum puede ser democrático o no, dependiendo de la situación, de quién lo organice, en qué condiciones, con qué garantías y contenido, si se hace conforme a lo establecido, etc. Lo contrario constituye una charlotada, además de un abuso. No resulta admisible que un plebiscito lo convoque un dictador o que se proponga para implantar la esclavitud o la tortura, por poner dos ejemplos, aunque la gente lo apoye mayoritariamente.

Pero desde hace más de 35 años los independentistas catalanes vienen usando la democracia y las instituciones de autogobierno como herramientas de secesión, a la vez que como armas contra sus oponentes políticos.

Los ciudadanos catalanes que con razón se quejan de los recortes, la mala gestión, las políticas neoliberales y la corrupción, deberían recordar que las competencias que afectan a su vida diaria, están desde hace décadas transferidas a Cataluña y por tanto en manos de los independentistas, que las manejan como conviene a sus intereses, que no a los de sus habitantes, detrayendo ingentes recursos para fomentar la secesión.

Ahora, los independentistas han dado un paso más y se han echado al monte bajo el manto de la estelada (la estela de Pujol y del 3%), para darnos al resto de españoles una lección de civismo y democracia.

Por respeto a la democracia y los derechos colectivos los independentistas entienden:

- Convertir a la televisión pública catalana, TV3, medios de comunicación y escuelas públicas, en centros de adoctrinamiento y fabricación de independentistas.

- Imponer oficialmente el monolingüismo en la enseñanza. A la inmersión lingüística se la tendría que denominar con mayor propiedad bautizo independentista. Sería lo justo.

- Subvencionar a afines y correligionarios con el amiguismo más descarado, mientras castigan y marginan a quienes se muestran tibios, no les secundan o se atreven a criticar su proyecto totalitario.

- Discriminar a los de dentro de los de fuera, dividiendo a la sociedad catalana en dos bandos: el de los buenos y el de los malos catalanes, compuesto este último por charnegos, botiflers (traidores), españolistas y unionistas, sin importarles quebrar la convivencia y crear un ambiente de falta de libertad y enfrentamientos.

- Proclamar la superioridad natural de los catalanes, que son más trabajadores, más emprendedores, más cultos y hasta más guapos que el resto de los españoles que encima, desagradecidos, les roban, maltratan y viven opíparamente a su costa.

- Falsificar la historia, inventarse un pasado mitológico: el del Reino Catalán y rematarlo convirtiendo a Cataluña en colonia de España… (¿penitenciaria o de Puig?).

- Animar a los catalanes a pitar el himno y quemar banderas españolas como expresión de pluralidad cada vez que tengan ocasión.

- Cesar al discrepante. Desde que se dio el pistoletazo de salida de la desconexión, el presidente Puigdemont ha cesado al consejero de Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, a tres ministros de su gabinete, Neus Munté (Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán), Jordi Jané (Interior) y Meritxell Ruiz (Enseñanza), al secretario de su Gobierno, Joan Vidal, y al director general de los Mossos, Albert Batlle por defender que la policía catalana debe ser políticamente neutral. El último damnificado en la purga independentista ha sido el presidente del Consorcio de Educación de Barcelona Lluis Baulenas. Moraleja: si eso hacen a los suyos…

- Vulnerar la Constitución, el Estatut, el reglamento del Parlament, al Consell de Garanties Estatutaries y hasta el dictamen de los letrados de la Cámara. Cuando el diputado Coscubiela les preguntó en la sesión en que aprobaron las leyes de desconexión: "¿Quién creen ustedes que sería una voz autorizada para que les dijera las cosas que pueden hacer o no?” A gritos le respondieron los parlamentarios de Junts per Si y de la CUP que nadie más que ellos. Lógico, porque son la viva estampa de la democracia en persona, de la democracia hecha carne.

- Convocar un referéndum ilegal, sin censo, neutralidad ni control alguno de los datos, en el que los votantes poco menos que van a tener que traerse de casa las papeletas y las urnas y, a este paso, hasta las mesas electorales.

- Insultar y presionar a los alcaldes que no colaboren con su realización, exigiendo al mismo tiempo que no se sancione a los alcaldes que incumplan la ley. Doble vara de medir. Y una clase de desobediencia civil que recuerda a la lucha de los negros de EE.UU. y al combate contra el apartheid en Sudáfrica.

- Reclamar a España que aplique el derecho de autodeterminación, pero negándolo para Cataluña, porque España se puede romper tantas veces como les apetezca, pero Cataluña jamás, porque Cataluña es Una, Grande (sobre todo cuando coja Baleares y Valencia) y Libre (al estilo independentista y de Franco). Con referéndums y todo para que no falte de nada.

- Adoptar como primera medida del nuevo estado, que el ejecutivo controle al poder judicial y legislativo. Mejor comienzo no cabe.

Los independentistas igual que tienen derecho a dividir España, tienen derecho a saltarse la ley a la toreraderecho. Que cumplirla es propio de dictaduras, no de democracias y obligar a respetarla, una forma de represión.

Por eso, después de inventarse la Historia de un Reino Catalán que nunca existió más que en su imaginación [iv] y de sacarse de la manga el derecho a decidir (el comodín del público), han urdido ahora un golpe de estado con urnas.

Porque el estado de derecho son ellos.

 

Andrés Herrero es socio de infoLibre