Insumisos electorales: el precio de declararse objetor de conciencia en una mesa de votación

La Fiscalía solicita para Adolfo Fernández el pago de una multa de 4.320 euros o seis meses de prisión por no asistir como vocal en una mesa electoral de Gijón en las elecciones del 28 de abril, informaba esta semana El Comercio. Este gijonés alegó ante la Junta Electoral objeción de conciencia por "motivos políticos e ideológicos". "No estoy de acuerdo con la democracia representativa, estoy en contra del sistema capitalista en la que está enmarcada", alega el asturiano en conversación con infoLibre. La respuesta de la Junta Electoral no se hizo esperar: rechazó la petición argumentando que su alegación no era un eximente. "Cuando me llegó denegada, volví a presentar un escrito de autoinculpación, reafirmando que iba a mantener mi postura y que no quería entorpecer el proceso electoral", agrega.

Actualmente Adolfo se encuentra pendiente de juicio, que tendrá lugar el jueves 14 de noviembre en los Juzgados de Gijón. La declaración que tiene previsto realizar ese día se encuentra en la misma línea argumental de la que ya presentó en dos ocasiones ante la Junta Electoral. Insiste en que "asumirá las consecuencias".

Para este militante de los movimientos sociales, la forma de hacer política es la participación, la autogestión y la auto organización, que es"como se conquistaron los derechos toda la vida", aunque ve que en Asturias hay un hándicap para estas formas de política no convencionales. "Apenas queda gente joven, hay una emigración constante desde los años 90 por la falta de trabajo", señala.

Esta no es la primera vez que Adolfo Fernández se presenta como objetor de conciencia. En 1994 fue condenado, junto a otros jóvenes, por insumisión al servicio militar a dos años cuatro meses y un día de prisión, de los que finalmente cumplió 14 meses en la cárcel de Villabona (Asturias). Aunque la Constitución Española en su artículo 30.2 plantea la objeción de conciencia en el ámbito militar, no existe la regulación de la objeción de conciencia en otros ámbitos como puede ser el electoral, en este caso la responsable de resolver si las alegaciones presentadas son eximentes o no es la Junta Electoral.

Aunque se esgrimen motivaciones políticas individuales a la hora de acogerse a la insumisión, también pesa un sentido colectivo en el que la desobediencia civil se presenta como una fórmula para poner en cuestión el sistema de democracia representativa. "Esta no es una verdadera democracia sino una delegación del sistema económico capitalista que es quien realmente tiene el poder en todas sus formas", explican desde la agrupación Insumisión elleutoral constituida por una veintena de personas de cara a las elecciones del 10N, apoyando la insumisión en las elecciones en Asturias y reivindicando la objeción de conciencia.

Adolfo Fernández no es el único asturiano objetor de conciencia electoral, una vecina de Langreo también se ha declarado insumisa en la próxima cita electoral del 10N. Aunque aún se encuentra esperando la respuesta de la Junta Electoral.

Otros insumisos electorales

Dentro de este movimiento de desobediencia electoral se encuentra el Grupo Tortuga. Este grupo aboga no solo por la objeción electoral, sino también por la objeción fiscal al gasto militar: se trata de no colaborar con el Estado en los gastos de mantenimiento de la estructura militar, desobedeciendo activamente a la hora de realizar la declaración de la renta.

Dentro de este grupo se encuentra Adrián Vaillo que, tras recibir el aviso para asistir como primer vocal en las elecciones de 2011 en Elche, decidió no presentarse. En colaboración con el Grupo Tortuga presentó un escrito declarándose objetor de conciencia al sistema electoral. "Considero que el sistema político actual no es una democracia. Las personas no participan en la resolución de los conflictos. El capitalismo es incompatible con la democracia por la jerarquía imperante que supone que una gente tenga poder sobre otra", declara Adrián.

Tras responderle desde la Junta Electoral que no era motivo suficiente para no asistir a la formación de mesa, fue al juzgado y junto con otras personas presentó una autoinculpación colectiva. Él, porque el 20N iba a cometer un delito, y el grupo, por considerar que había participado en su decisión tras influir en la formación de su ideología personal.

"El momento de la autoinculpación sirve para dar visibilidad, es una manera de hacerlo público y de dar la cara ante la Administración. Mostrar que no estás escondiéndote, que no buscas librarte sino denunciar algo que te parece injusto", afirma el ilicitano.

Tras no presentarse el domingo a la cita electoral, se abrió un proceso judicial en el que la Fiscalía le solicitaba ocho meses de multa a razón de 10 euros diarios, lo cual suponía una cantidad de 2.400 euros. El impago de estas multas puede suponer entrar en prisión, aunque no fue su caso. Tras cuatro años de demora, en 2015, le ofrecieron un acuerdo de 540 euros de multa si se reconocía culpable. Lo rechazó y en 2016 tuvo lugar el juicio. Al haber dilaciones indebidas la condena se rebajó a una multa de 360 euros.

El caso de Nuria Zurita es muy similar a los anteriores. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 recibió la notificación de la Junta de Plasencia de acudir a formar mesa electoral el domingo 25 de mayo. Tras unirse a otras once personas más en su misma situación de diferentes puntos del Estado, surgió la idea de hacerlo público para dar a conocer su situación. "Ya que no vamos a ir y nos atenemos a un proceso judicial, al menos que se sepa por qué no queremos participar", afirma la madrileña residente en ese momento en Hervás (Cáceres).

Presentó sus alegaciones, como Adolfo Fernández y Adrián Vaillo, por razones ideológicas y comenzó su proceso judicial, que en su caso duró un año y medio. La Fiscalía le solicitaba 4.000 euros de multa u ocho meses de prisión.

La sentencia en firme bajó a los tres meses de prisión o 270 euros de multa. "Intenté recurrirlo al Tribunal Constitucional pero no llegó a ser admitidio a trámite por un error de forma", afirma Nuria.

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España no tiene sufragio obligatorio a diferencia de otros países europeos como Bélgica, Luxemburgo o Grecia. Sin embargo, la asistencia a los ciudadanos que son convocados para la formación de mesas es obligatoria. La realidad de este conflicto de intereses no tiene solución actualmente, aunque se han llevado intentos de remediar esta situación. Desde el Grupo Tortuga pidieron ante el Instituto Nacional de Estadística que se les diera de baja en el censo electoral. Antes de tener una respuesta en firme, ya les adelantaron que no iba a ser posible.

"Siendo personas que no ejercemos nuestro derecho al voto, porque no creemos en el sistema y buscamos otras formas de política, no queremos tener el deber de tener que constituir las mesas. Para mí, es éticamente injusto, no quiero participar en un sistema que creo que está haciendo daño a mucha gente", sentencia Nuria Zurita.