La Fiscalía denuncia por homicidio imprudente y omisión de socorro a la directora y dos médicos de una residencia de Madrid

La Fiscalía de Madrid denunciará ante el Juzgado Decano de Instrucción a la directora y a dos médicos de la residencia Adolfo Suárez, dependiente de la Comunidad de Madrid, por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro tras detectar "mala praxis" en dos casos, según la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare). Asimismo, también establece responsabilidad civil subsidiaria por parte de la Agencia Madrileña de Atención Social. No pide, en cambio, responsabilidad penal para ningún cargo ni de la Consejería de Sanidad ni de la de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. El ministerio público actúa por primera vez ante una de las 59 denuncias interpuestas por Pladigmare. Hasta ahora había dictado cinco resoluciones y todas fueran de archivo.

Los familiares de los usuarios de la residencia Adolfo Suárez, algunos a través de Pladigmare y otros del Defensor del Paciente, presentaron a mediados del mes de abril del 2020 una denuncia por la "mala gestión" que, a su juicio, llevó a cabo la dirección de esta residencia durante la primera ola de la pandemia. La Plataforma aseguró entonces que el centro no envió a las personas enfermas a los hospitales y que la clasificación y separación de los mayores no se hizo de forma adecuada. Asimismo, no se informó a los familiares de los residentes ni sobre el número de contagios ni de fallecidos durante las primeras semanas.

En esta residencia, situada en el madrileño barrio de Las Rosas del distrito de San Blas-Canillejas, vivían más de 260 personas antes de la pandemia. Entre los meses de marzo y abril de 2020, fallecieron 79 personas: 71 en la propia residencia y 8 en hospitales, según los datos oficiales del propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los que tuvo acceso infoLibre el pasado mes julio. En total, y a hasta octubre de 2020, murieron en este centro 91 personas. Como se puede comprobar en los datos oficiales aportados por la Consejería de Sanidad sobre las derivaciones a hospitales, en la Adolfo Suárez se realizó una el 5 de marzo. Y después pasaron 22 días sin ningún traslado a un hospital: se hizo otra el 27 de marzo y el 5 de abril se llevaron a cabo dos. Esto muestra el efecto del Protocolo de exclusión del Gobierno de Ayuso que impedía el traslado al hospital de determinados residentes y cuya primera versión fue firmada el 18 de marzo, según desveló infoLibre.

Este "importante" paso de la Fiscalía abre, según explica Miguel Vázquez, presidente de Plagdimare, una "vía esperanzadora para que se haga justicia con la gestión de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid". No obstante, asegura que habrá que "analizar caso por caso" para tratar de "concretar responsabilidades". Sobre todo, porque "el Ministerio Público no entra a valorar los protocolos de derivación". 

Desde Pladigmare, reconocen que "la Justicia es, por desgracia, lenta", sin embargo, esta decisión de la Fiscalía "si bien sólo afecta a la residencia Adolfo Suárez", abre "nuevas posibilidades para todos los familiares, aunque tenga que ser caso por caso". "Denunciamos a 59 residencias, y aún quedan por pronunciarse sobre 40 y tantas", destaca Vázquez. "Se hace camino al andar. Esperemos que se termine sabiendo toda la verdad de lo que pasó y, aunque lo pasado es irreparable, al menos tengamos la satisfacción de que hicimos todo lo posible porque se hiciera justicia", explica la plataforma.

Vázquez también recuerda que la Plataforma solicitó en el mes de noviembre, sin éxito, a la Agencia Madrileña de Atención Social el cese de la directora de la residencia Adolfo Suárez. El presidente de Plagdimare explica que le llegó a asegurar al hijo de uno de los fallecidos en el centro que lo que tenía que haber hecho era llevarse a su padre a su casa. 

Cinco denuncias archivadas

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Esta decisión llega pocas semanas después de que se conociese que la Fiscalía había archivado cinco de las 59 denuncias que había registrado Pladigmare por fallecimientos de mayores en residencias de la Comunidad. En las resoluciones que ha emitido en las últimas semanas, el Ministerio Público, después de las diligencias practicadas, no aprecia "voluntad" de los gestores de los centros de omitir cuidados que aumentara el riesgo para los residentes o fuera "determinante" para el resultado que finalmente se produjo, y que la actuación desarrollada "se adecuó a lo que era jurídicamente exigible". Además, hace hincapié en que las consecuencias de la epidemia eran desconocidas inicialmente "por el estado de la ciencia" y que los geriátricos hicieron lo que pudieron trabajando en "condiciones extremas".

Las denuncias archivadas afectaban a las residencias de La Solana, en Tielmes; Amavir, en Coslada; Las Camelias, en Móstoles; Getafe Alzheimer, y Orpea Pinto I. En todos estos casos, el Ministerio Público no observó indicios de infracción penal. "No se desprende que el resultado dañoso fuese consecuencia de una conducta negligente de la residencia ni de la observancia del deber objetivo de cuidado y del deber de asistir y atender a los residentes, sino de la dimensión trágica de la pandemia, no siendo posible subsumir los hechos en ningún tipo penal", explica una de las resoluciones.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado el pasado mes de enero, desde la entrada en vigor del primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, se han abierto en el ámbito penal un total de 441 diligencias, siendo la Comunidad de Madrid la región donde se registraba un mayor número de ellas, más del 53%.