Sánchez culmina la apuesta de Zapatero por la memoria tumbando la justicia franquista y sacando a las mujeres del olvido

Quince años después de que se pusiera por primera vez sobre la mesa una norma orientada a reparar a las víctimas de la dictadura, Pedro Sánchez coge el testigo de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo de Ministros dará luz verde este martes al proyecto de Ley de Memoria Democrática, con el que los socialistas buscan completar aquellos espacios que dejaba la vieja norma e impulsar los trabajos en esta materia tras años de parálisis conservadora. El texto que se pondrá sobre la mesa es prácticamente idéntico al que se presentó el pasado verano. A pesar de las reticencias que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostró con algunas de las cuestiones, el Ejecutivo de Sánchez se ha limitado a realizar mínimos ajustes que, ni mucho menos, alteran los objetivos fundamentales del proyecto. "No hay cambios. Irá tal y como estaba", señalan fuentas del Ministerio de Presidencia. 

Desde que llegó a Moncloa, la memoria histórica siempre se ha configurado como uno de los ejes centrales de la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De ahí, que una de las primeras medidas en adoptar fuese el procedimiento para exhumar y trasladar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Ahora, casi dos años después de aquellos trabajos, el Gobierno da un paso más con la aprobación de la nueva ley memorialista, un proyecto que tras su paso por el Consejo de Ministros deberá iniciar su tramitación parlamentaria. El nuevo texto, que sustituirá al alumbrado hace más de una década, contempla la eliminación de entidades que exalten la dictadura y a sus protagonistas, y pone el foco en la celebración de actos de esta naturaleza en el espacio público. Pero la norma va mucho más allá. Y supone un avance significativo en materia de reparación, localización de desaparecidos o justicia.

Reparación pero sin coste económico

Uno de los pasos más importantes se ha dado en todo lo que tiene que ver con las condenas o sanciones emitidas "por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa" por parte de los tribunales y jurados puestos en marcha durante la Guerra Civil y la dictadura. El proyecto de Ley las considera nulas, lo que supone un enorme avance respecto a la norma impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, que se quedaba exclusivamente en la "ilegitimidad" de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público o los Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos. "La declaración de nulidad dará lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal", recoge el texto.

Eso sí, nada de compensación económica. Ahí, el Gobierno ha levantado un muro. La declaración de nulidad, recoge la norma, no puede producir "efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, administraciones públicas o particulares" ni "dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional". Tampoco, en lo relativo a la incautación de bienes por razones políticas, ideológicas o de conciencia, algo de lo que deberá realizarse una auditoría como paso previo a la búsqueda de fórmulas para el reconocimiento de los afectados. Una reparación y reconocimiento que también deberán impulsar empresas y organizaciones que se beneficiasen del trabajo esclavo. Entre otras, el periodista Antonio Maestre, autor de Franquismo SA, ha puesto el foco, por ejemplo, en Entrecanales y Távora –ahora Acciona–, Dragados o Huarte, la 'H' de OHL.

Rol activo en la búsqueda y una Fiscalía con dudas sobre su alcance

La localización y exhumación de víctimas de las fosas comunes es otro de los ejes vertebradores del nuevo texto. Hasta ahora, el Estado estaba obligado a elaborar un protocolo de búsqueda y celebrar los necesarios convenios de colaboración para subvencionar los trabajos de las entidades. Es decir, que todo el peso se cargaba sobre familiares y colectivos memorialistas. Ahora, la búsqueda de todos estos desaparecidos corresponderá a la Administración General y las comunidades autónomas, que estarán coordinadas a través de un órgano de nueva creación: el Consejo Territorial de Memoria Democrática. No es la única novedad en este sentido. El proyecto de Ley también contempla la puesta en marcha de un Banco Nacional de ADN, que conservará muestras biológicas de familiares a fin de poder compararlas con las víctimas que se vayan exhumando de las fosas comunes distribuidas por toda la geografía nacional.

Cualquier resto que se localice con indicios de comisión de delitos –la inmensa mayoría aparecen con signos de violencia– obligará a la Administración General del Estado a ponerse en contacto con el Ministerio Público, para el que se ha previsto la creación de una Sala de Memoria Democrática que investigue hechos de la guerra y la dictadura que puedan ser constitutivos de violaciones de derechos humanos. La principal duda, sin embargo, radica en el margen de maniobra que podrá tener esta Fiscalía especializada. La Ley de Amnistía de 1977 y la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2012 siguen alzándose como diques de contención infranqueables contra cualquier intento de abrir una investigación penal por los crímenes del franquismo. Al fin y al cabo, el Alto Tribunal se ha negado a calificarlos como "delitos contra la humanidad", por lo que la inmensa mayoría ya estarían más que prescritos.

Una ley en femenino y con la educación como punto clave

Cuando se habla de la Guerra Civil o la dictadura, las mujeres siempre han ocupado un segundo plano. Por eso, otra de las novedades que trae consigo la nueva norma es el reconocimiento de su lucha. La Ley de Memoria Democrática recoge en más de una veintena de ocasiones el término "mujer" –la de 2007 no hacía ni una sola referencia–. Y les dedica todo un artículo a su memoria, en el que se establece que las administraciones públicas deberán adoptar las medidas y actuaciones para el reconocimiento de su papel activo en la vida intelectual y política y en la defensa de los valores democráticos, así como para la difusión de las limitaciones y discriminaciones que soportaron y para la reparación de las "formas especiales de represión y violencia" que sufrieron como consecuencia de sus actividades o de la relación que mantenían con represaliados o asesinados –como madres, compañeras o hijas–. 

La investigación y difusión de la contribución de las mujeres en el ámbito de la memoria democrática juega también un papel relevante dentro del esquema educativo, otro de los pilares sobre los que se sostiene el nuevo texto. La norma, cocinada durante la etapa de Carmen Calvo en Presidencia pero presentada por su sucesor Félix Bolaños, contempla una actualización de los contenidos de la ESO y Bachillerato para incluir esa perspectiva memorialista en el ámbito de la educación. Esto no es algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se saque ahora de la chistera. Ya en 2014, el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff puso de manifiesto que aún existían manuales que mantenían la idea de una "responsabilidad simétrica" en lo relativo a la Guerra Civil y el franquismo. Y, por supuesto, recordó que la educación en derechos humanos es la herramienta perfecta para fortalecer las "garantías de no repetición".

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Dentro de estas acciones de divulgación, juegan un papel relevante los lugares de memoria: aquellos espacios, que deberán se protegidos por las administraciones y que formarán parte de un inventario a nivel estatal, en los que se desarrollaron en su día hechos relevantes relacionados con la represión o la lucha por la recuperación de los valores democráticos. Uno de ellos será, recoge la norma, el Valle de los Caídos, cuya resignificación "irá destinada a dar a conocer" las "circunstancias de su construcción", el "periodo histórico en el que se inserta" y su "significado". El texto no contempla la reconversión de Cuelgamuros en un Centro Nacional de Memoria Histórica, algo por lo que los socialistas apostaban a finales de 2017 en una proposición de Ley que no consiguió salir adelante en el Congreso de los Diputados por el veto del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La Ley de Memoria Democrática, no obstante, trae bastantes cambios respecto al complejo monumental. A partir de ahora, ni un solo cuerpo de los que yacen en la considerada mayor fosa común del franquismo puede ocupar un lugar preeminente en el complejo, lo que obligará a cambiar de lugar los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Además, elimina la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la entidad a la que Franco asignó todos los bienes del complejo y cuya caída será el paso previo a la expulsión de los monjes. Y contempla el diseño de un real decreto que establezca el nuevo marco jurídico aplicable a Cuelgamuros. Actualmente, el monumento funciona con el armazón que se diseñó en plena dictadura. Principalmente, porque desde los ochenta ningún Ejecutivo ha sido capaz de elaborar una nueva propuesta sobre el régimen jurídico del Valle de los Caídos, a pesar de que todos ellos estaban obligados por ley a hacerlo.

La norma, que podrá ser enmendada durante su tramitación parlamentaria, también pone coto a las fundaciones y actos públicos que exaltan la Guerra Civil, la dictadura o sus protagonistas. También contempla la revocación de títulos nobiliarios contrarios a la democracia y condecoraciones concedidas a agentes policiales cuando se acredite que, formando parte del aparato de represión franquista, realizaron actos y observaron conductas "incompatibles con los valores democráticos". E incide en la retirada de vestigios franquistas. Todo ello, acompañado de un régimen sancionador que castigue los incumplimientos de la nueva ley, uno de los enormes agujeros que tenía el texto diseñado hace quince años por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez trata de cubrir con la reforma.