Los retratados por la Audiencia: jueza, fiscal, Ayuso y sus intoxicadores
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la jueza Mónica Boticario Martín reabrir la causa por la muerte de 29 mayores en cuatro residencias de Leganés durante la primera ola de la pandemia. Esta es la noticia que debería alegrar a cualquier persona, salvo a los desalmados y a los posibles culpables. Pero más allá de la noticia, la resolución judicial tiene mucho que analizar, por lo que determina y también por cómo quedan retratados algunos personajes. Intentaré resumirlo en los seis puntos siguientes.
1. Juliana, María, Feliciano, Esperanza, María Purificación, Carmen...
Una parte de la sociedad española lleva casi dos años demostrando tal deshumanización ante la masiva violación de derechos humanos sufrida por los mayores durante la primera ola del covid –más de 20.000 residentes fallecidos según cifras oficiales y decenas de miles que sobrevivieron pero con un notable deterioro de su salud física y mental–, que parece necesario empezar por lo más obvio: fallecieron personas, con nombres y apellidos; personas con familiares que les querían; personas que pertenecían a la generación que recuperó la democracia y construyó el Estado de bienestar en España. Y es que escuchando o leyendo a los desalmados, cualquiera podría concluir que estamos hablando de alguna cosa inservible. Pero no, este asunto trata sobre lo más valioso que existe: la vida y el bienestar de personas, muchas de ellas especialmente vulnerables.
Estamos hablando de Juliana, que vivía en la residencia madrileña Los Frailes, gestionada por Aralia. El 24 de marzo de 2020, cuando desde el centro pidieron su traslado, en el Hospital Severo Ochoa determinaron que no era “una paciente derivable, por lo que debe mantenerse en la residencia con oxigenoterapia. Ese mismo día es trasladada a la unidad de aislamiento. Se mantiene contacto con Geriatría por los brotes de agresividad que presenta la paciente, y desde el hospital pautan la medicación y el tratamiento a seguir. Se le colocan muñequeras para conseguir tratarla y se le coloca el día 28 mascarilla de oxígeno pediátrica”. Así consta en el execrable auto dictado en su día por Mónica Boticario Martín. Juliana murió el 9 de abril de 2020.
Estamos hablando de María, que residía en el centro de Amavir. El 30 de marzo mostró síntomas de decaimiento e ingesta irregular de alimentos. El 7 de abril empeoró su estado basal, pero el Severo Ochoa no autorizó su traslado “por no cumplir los requisitos marcados por protocolos Comunidad de Madrid (gran dependiente y deterioro cognitivo severo)”, según se indica en el execrable auto. Por la mutua privada sus familiares consiguieron que fuese trasladada al Hospital Quirón de Alcorcón, donde tras su exploración el diagnóstico fue de “deterioro estado general, fallo renal e hipernatremia”. Falleció al día siguiente.
Estamos hablando de Feliciano, de 85 años, quien estaba en Vitalia Home. El 18 de marzo comenzó con tos sin expectoración y fiebre alta (39º). Al día siguiente se llamó al servicio de urgencias para derivar al hospital, que negó el traslado. Murió once días después.
Estamos hablando de Esperanza, de María Purificación y de Carmen, que también residían en Vitalia Home. Cuando desde su residencia llamaron al Severo Ochoa para solicitar el traslado, ni siquiera cogieron el teléfono.
Estamos hablando de Carmen, de Ricardo, de Rosa, de Carmen, de Antonio, de Atanasio, de Eladia, de María, de Piedad y de María del Sagrario. La primera vivía en la residencia de Amavir, el segundo en DomusVi y los otros ocho en Vitalia Home. Todos ellos fallecieron sin recibir asistencia hospitalaria.
2. La Justicia y la Injusticia
El auto de la Audiencia Provincial de Madrid conocido este miércoles es la segunda rectificación que se realiza desde esta instancia superior al Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés.
En el procedimiento judicial se están analizando en realidad dos querellas diferentes, que fueron acumuladas en su día. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.
El 18 de agosto de 2020, ante la primera querella presentada por los familiares, la jueza decidió directamente inadmitirla. ¡Sí, inadmitirla! Su señoría consideró que no merecía la pena perder el tiempo con el asunto.
El 5 de noviembre de aquel año, la Sección 23ª de la Audiencia Provincial admitió parcialmente el recurso interpuesto por los querellantes y ordenó realizar una serie de pruebas, “a los efectos de que se individualicen cada uno de los casos relatados, solicitando a las respectivas residencias a las que se hace referencia en el escrito de querella para que aporten los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad de Madrid con los que actuaron durante los meses a los que se refiere el escrito de querella y, en particular, los criterios de derivación de los residentes a centros hospitalarios”. Además, ordenó solicitar “a las respectivas residencias la historia de los residentes y las decisiones que se adoptaron respecto a cada uno de ellos en particular”; pedir a los hospitales las historias clínicas de dos personas que fallecieron allí; requerir a las residencias que explicasen de qué medios de protección disponían y las medidas de seguridad que adoptaron, y que se tomase declaración a los querellantes.
Mónica Boticario Martín practicó las diligencias que consideró pertinentes y, el 13 de julio de 2021, dictó su execrable auto de archivo y sobreseimiento libre de las actuaciones.
La Sección 23ª de la Audiencia Provincial le ordena ahora por segunda vez practicar una serie de pruebas, en busca de un doble objetivo: “para una decisión más fundamentada y para despejar toda duda sobre la actuación de los querellados”.
Pese a que se trata de la segunda corrección al Juzgado de Leganés, hay que señalar también que los magistrados de la Audiencia Provincial se muestran magnánimos con la actuación de Mónica Boticario Martín. Por poner el ejemplo más obvio: en su execrable auto, la jueza sostiene que analizó "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros". Y a continuación menciona hasta 22 resoluciones, pero en ese extenso listado no figura el Protocolo dictado el 18 de marzo de 2020 por la Consejería de Sanidad que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo [puedes consultar aquí dicho Protocolo, desvelado por infoLibre]. En otras palabras: Boticario estudió documentos como para escribir una tesis doctoral, pero justo se le olvidó entrar en detalle en el que utilizaron en los hospitales para prohibir el traslado de los mayores. Habrá sido un despiste. La Audiencia Provincial generosamente ni menciona este asunto en su resolución.
Recordemos otra obviedad: ningún querellante tiene derecho a que la Justicia le dé la razón. El derecho, de rango constitucional, es a la tutela judicial efectiva. Y los hechos permiten llegar a una conclusión bastante clara: hay decisiones judiciales que cumplen con ese mandato y hay otras que se cachondean de él. Es la diferencia entre Justicia e Injusticia.
La resolución de la Audiencia sobre las residencias de Leganés es importante por lo que determina y también por cómo quedan retratados algunos personajes.
3. La Fiscalía da vergüenza otra vez
En el auto de la Audiencia Provincial hay una somera mención al Ministerio Público. Es esta: “Conferido traslado, el Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida”.
La decisión judicial es, por tanto, también una sonora bofetada para la Fiscalía, que se opuso al recurso de los familiares.
En este asunto de investigar lo ocurrido en las residencias son ya decenas las actuaciones vergonzosas (en términos jurídicos) del Ministerio Público por toda España. Y dado que estamos ante una institución que se rige por el principio jerárquico, la principal responsable de dicho comportamiento es la fiscal general, Dolores Delgado García.
Que sea precisamente ella, quien tuvo una meritoria y notable carrera como fiscal durante casi dos décadas, la que está arrastrando a un lodazal el prestigio del Ministerio Público, es para mí algo inesperado y sorprendente. Pero los hechos son tozudos. Hace meses que Delgado debería haber comparecido públicamente para dar explicaciones sobre la actuación fiscal en el tema de las residencias. Y si no tiene o no puede dar esas explicaciones, debe dimitir.
4. Lo que dice la Audiencia Provincial
Como se explica perfectamente en el auto de la Audiencia Provincial, los recursos de los familiares sostienen que los fallecimientos de los residentes se produjeron por dos causas distintas y acumulativas. La primera en el tiempo sería “una falta de previsión y de adopción de medidas de protección frente al Covid-19 por parte de los responsables de las residencias que propició que muchos de los residentes enfermaran”. Y la segunda, que una vez que el virus entró en los centros, “a muchos residentes no se les derivó a centros hospitalarios, lo que propició su fallecimiento, y a otros no se les derivó a su debido tiempo, lo que hizo ineficaz el tratamiento médico tardíamente prestado”.
Dada la resolución de la Audiencia Provincial, no parece temerario concluir que el primero de esos factores tendrá poco recorrido judicial. Hasta en dos ocasiones se indica en el auto que, a la vista de las diligencias practicadas, no cabe “inferir en el presente caso una actuación disconforme a la lex artis por parte del personal de las residencias implicadas que fuera propiciadora de los contagios”. A priori, será difícil establecer un reproche penal para los directores de las residencias por este tema.
La Audiencia Provincial entiende, sin embargo, que es necesario investigar con más detalle la segunda cuestión, la posible falta de atención sanitaria adecuada una vez producidos los contagios. Y ello lleva directamente al Protocolo aprobado por la Consejería de Sanidad del Gobierno Ayuso. De hecho, el órgano judicial ordena que se tome declaración “a los responsables de implementar los protocolos de actuación” y a “los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa”. Estos últimos deberán declarar en calidad de testigos, lo que les impone la obligación legal de decir la verdad.
Y este punto es especialmente interesante. Hasta ahora, el foco de la mayoría de los procedimientos judiciales se ha centrado en los directores de las residencias. Algo que tiene, sin duda, toda la lógica jurídica del momento. Pero en el escenario también deberían figurar otros actores que de momento han logrado permanecer en la oscuridad más absoluta: los geriatras que aplicaron ese Protocolo inhumano dictado por el Gobierno Ayuso. Ellos también deben una explicación: a los familiares para empezar, pero también a esa parte de la sociedad que se niega a enterrar este tema sin conocer la verdad.
5. Ayuso, la responsable política (para empezar)
La querella de los familiares agrupados en la Marea de Residencias se dirigía inicialmente contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y contra los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La Audiencia Provincial, en el auto que ordenó admitir a trámite la querella, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.
Así que en este momento Ayuso y sus consejeros no son objeto de investigación judicial alguna. Pero hay otra cuestión que se llama responsabilidad política.
El 28 de mayo de 2020, en la Asamblea de Madrid, el entonces portavoz de Unidas Podemos –Jacinto Morano– planteó la siguiente cuestión: "Nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su Gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencias de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid". Y la respuesta de la presidenta madrileña fue la siguiente: "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo".
Esa absurda mentira sobre el “borrador” fue repetida en los meses siguientes, machaconamente, por Ayuso y su consejero Escudero. Ahora, en todo tipo de escritos oficiales, desde los autos de la Audiencia Provincial a la Memoria anual de la Fiscalía de Madrid, se reconoce lógicamente la verdad: que el Protocolo existió y se aplicó. Pero resulta que nos hemos saltado una pantalla: ¿han visto ustedes a Ayuso o a Escudero pedir perdón por mentir una y otra vez, en la Asamblea y en los medios amigos? Yo tampoco.
La mentira de Ayuso buscaba ocultar la verdad sobre la muerte de 7.291 personas mayores, que fallecieron en las residencias sin recibir atención hospitalaria durante la primera ola. Cualquier político con un ápice de dignidad, habría dimitido ya.
6. Los cómplices mediáticos
El auto de la Audiencia Provincial es toda una lección jurídica para Mónica Boticario Martín y para la Fiscalía, y vuelve a retratar a Ayuso y sus consejeros. Pero no son los únicos retratados. También están los medios y periodistas que han montado y difundido la operación de desinformación más indigna desde la teoría de la conspiración del 11-M (que en más de un caso haya repetidores tampoco debería extrañar).
Una campaña que incluyó desde repetir cual loritos a sueldo que el Protocolo era un borrador hasta señalar falsamente que las competencias sobre las residencias las tenía el entonces vicepresidente Pablo Iglesias.
Ellos saben quiénes son (y las hemerotecas también). Ninguno ha tenido la dignidad de pedir perdón primero y dedicarse luego a otra profesión.
