7291 motivos para seguir peleando

No nos cansaremos nunca de repetirlo: 7291 personas murieron en las residencias madrileñas en los dos primeros meses de pandemia sin recibir atención hospitalaria porque desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se prohibieron los traslados. Hemos leído y escuchado ya demasiadas mentiras sobre lo ocurrido (ver aquí). Hemos asistido a demasiadas ofensas a la memoria y a la inteligencia. Es hora de actuar. Lo merecen las víctimas y sus familias. Lo merecemos todas y todos si de verdad aprendimos algo de aquel horror.

La plataforma Marea de Residencias y la asociación Verdad y Justicia han registrado este jueves ante la Fiscalía de Madrid una denuncia colectiva en nombre de 109 familias que representan a 115 mayores de los cuales 111 fallecieron abandonados entre marzo y abril de 2020 (ver aquí). Los denunciantes argumentan que esos hechos son constitutivos del delito enmarcado en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la “denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios”.

Si uno repasa el contenido de la macrodenuncia, es inevitable preguntarse por qué la propia fiscalía madrileña o cualquier tribunal no han dado un solo paso para averiguar la verdad de lo ocurrido en lo que hemos venido calificando en infoLibre como la ‘zona cero’ de la pandemia. Los familiares de fallecidos aportan abundante documentación inédita, que incluye informes internos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los que se relataba oficialmente, día a día, la dramática situación en la que se hallaban los geriátricos. Un repaso a esos informes basta para conocer en qué consistió realmente lo que llamaron “medicalización de las residencias” o las consecuencias fácticas del llamado Protocolo de la Vergüenza.

La denuncia de 160 páginas se dirige contra 29 personas concretas, con nombres y apellidos, con cargos de responsabilidad en las decisiones que se fueron tomando en aquellos meses respecto a la (des)atención a las personas mayores encerradas en las residencias sin posibilidad de ser trasladadas a hospitales públicos. Por cierto, sí a clínicas privadas siempre que tuvieran el correspondiente seguro privado. Ni siquiera la inmensa mayoría de los residentes enfermos fue atendida en el “milagroso” hospital del Ifema ni en los hoteles medicalizados.

Hoy más que nunca reiteramos la convicción de que la fortaleza de la sociedad civil y el trabajo de medios de información fiable puede frenar injusticias

Pero la querella solo menciona a “aquellas personas sobre las que existen pruebas claras o indicios sólidos de participación en los hechos denunciados”. Lo cual no quiere decir que sean las principales responsables. Es obligación de la Fiscalía, de una vez por todas, abrir una investigación que identifique a los autores últimos del delito denunciado. En la propia querella se relacionan hasta 25 pruebas documentales que el Ministerio Público puede (y debe) recabar. 

La incansable lucha de los familiares de fallecidos en las residencias merece un apoyo cívico constante. Las propias asociaciones advierten a la Fiscalía que, si no actúa, los hechos delictivos que se denuncian podrían prescribir a partir de marzo de 2025, cuando se cumplirán cinco años de la fase más dura de la pandemia. 

Entre todas y todos debemos evitar que eso ocurra. infoLibre fue el medio que descubrió y denunció el Protocolo de la Vergüenza (ver aquí), aquella prohibición de derivaciones, desvelada por Manuel Rico, que costó la vida a 4000 personas según las conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad (ver aquí). 

Hoy más que nunca reiteramos la convicción de que la fortaleza de la sociedad civil y el trabajo de medios de información fiable puede frenar injusticias, reivindicar la memoria de las víctimas y ayudar a no repetir errores o negligencias en el futuro. Queremos renovar nuestro compromiso de llegar hasta el final en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de responsabilidades. “Residencias: la zona cero del covid” es una de las investigaciones más relevantes de la historia de este diario y en ella hemos ido poniendo también la lupa en la gestión realizada en toda España. 

Seguiremos haciéndolo en lo que nos toca, y aplaudimos el esfuerzo de Marea de Residencias y de 7291 Verdad y Justicia —-y especialmente a esas 109 denunciantes que perdieron a familiares cercanos— por no cejar en el empeño de que se conozca la verdad pese a la parálisis de los órganos judiciales que deberían ejercerlo y la actitud insultante del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que tiene 7291 razones para leer atentamente las 160 páginas de esta querella.