Sin pudor y... ¿sin justicia?

Durante los últimos dos meses, infoLibre viene publicando los resultados de una investigación que demuestra graves irregularidades cometidas por la flamante presidenta de la Comunidad de Madrid y por la empresa semipública Avalmadrid (ver aquí el dossier que recoge el trabajo periodístico coordinado por Manuel Rico). La abundancia de datos, documentos, correos electrónicos, testimonios… pruebas al fin y al cabo de la existencia de operaciones irregulares e incluso de la comisión de delitos debería haber tenido ya consecuencias políticas, como hemos argumentado anteriormente (ver aquí). Puesto que ni la propia Isabel Díaz Ayuso ni el PP ni su principal socio, Ciudadanos, parecen dispuestos a asumir o exigir las responsabilidades políticas evidentes que han reclamado las fuerzas de oposición en Madrid, ya va siendo hora de que actúe la justicia.

No hace falta extendernos en la descripción de hechos contrastados que ponen en evidencia la campaña de intoxicación practicada por Ayuso (con la colaboración de no pocos medios informativos) intentando aparecer como víctima en lugar de explicar sus sospechosas actuaciones. Tampoco es necesario insistir en las clamorosas mentiras que ha intentado colocar después de asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid, desmontadas por correos electrónicos que apuntan de forma meridiana a tratos de favor y uso de información privilegiada (ver aquí). A estas alturas reiterar que un cargo público sorprendido en falsedades debería apartarse o ser apartado de la política resulta no sólo una solemne obviedad sino que se percibe desgraciadamente como pura ingenuidad.

Lo que empezó siendo el caso Ayuso ha multiplicado su gravedad al desvelarse en detalle el funcionamiento de Avalmadrid, entidad de capital público-privado controlada por los sucesivos gobiernos del PP en Madrid. La gestión de esta sociedad supuestamente destinada a fomentar iniciativas de pequeñas y medianas empresas ha sido y es absolutamente opaca, lo cual no sorprende cuando comprobamos que sus administradores han permitido alzamientos de bienes (ver aquí) y al menos diez de sus exconsejeros han estado vinculados con operaciones que dejaron un ‘agujero’ de más de 10 millones de euros (ver aquí). El cese de su última presidenta (ver aquí) no debe servir de cortina de humo para ocultar el escándalo de que Avalmadrid haya dejado sin ejecutar durante ¡siete años! los avales de préstamos impagados pese a la decisión tomada por su Comité de Morosidad (ver aquí).

Es hora, por tanto, de que este asunto se dilucide (también) en los tribunales. Bien por iniciativa legal de las fuerzas políticas de oposición o por decisión propia de la Fiscalía actuando de oficio en defensa del interés público. ¿Que si hay base? Los indicios de alzamientos de bienes son meridianos, y para saber si ese delito ha prescrito conviene comprobar si hay deudas de Derecho público, porque entonces el plazo se extiende a diez años. Ni Díaz Ayuso ni el resto de avalistas vivos del préstamo de 400.000 euros nunca pagado se librarían de lo estipulado en el Código Penal si, en el momento de producirse las transmisiones ilegales de sus bienes, los morosos tuvieran ese tipo de deudas. Las pruebas de administración desleal por parte de los responsables de Avalmadrid son a su vez consistentes: por la concesión de créditos sin garantías suficientes, por los tratos de favor documentados y por el hecho irrefutable de no dar los pasos obligatorios para intentar recuperar un dinero que pertenece en parte a los contribuyentes madrileños.

Desde Ciudadanos andan sacando pecho con el cese de la presidenta de Avalmadrid, y parecen inclinarse más por el cierre de la entidad que por apoyar la comisión de investigación parlamentaria que exigen los partidos de oposición al trío de Colón. Lo sabremos en los próximos días, pero conviene mantener ojos y oídos muy abiertos, no vaya a ser que lo que se pretenda sea dar un sonoro cerrojazo al chiringuito que permita a los implicados irse de rositas (como es costumbre entre ilustres defensores del neoliberalismo especialistas en el saqueo de lo público). Sin pudor.

P.D. No hace falta acudir a los tribunales para exigir que se paguen los cinco años de IBI que una empresa propiedad de Díaz Ayuso y de su hermano debe al Ayuntamiento de Madrid (ver aquí). Basta con que su amigo, colega y alcalde Martínez Almeida cumpla su obligación y reclame y ejecute esa deuda (con intereses, como a cualquier hijo de vecino).