Privatización sanitaria y corrupción en Madrid
Sniace, Sociedad Nacional de Industrias de Aplicación de Celulosa Española, fue una empresa química situada en Torrelavega. Desde su apertura, a mediados de los años 40, se dedicó a la producción de papel y fibra, una industria especialmente contaminante, la cual, sin embargo, llegó a emplear en su momento de auge a más de 4000 trabajadores. Con la llegada del siglo XXI decidió diversificar su negocio ampliándolo a la fabricación de bioetanol, proyectando una planta de cogeneración para aprovechar los residuos de su actividad principal. El proyecto, sin embargo, no se lleva a cabo. Sniace entra en concurso de acreedores en 2015. Unos años más tarde, cesa su actividad, ¿cuándo?
El 15 de febrero de 2020, un mes antes de la declaración del estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus. ¿Qué papel hubiera podido jugar Sniace de haber permanecido en funcionamiento? Haber aportado la fibra necesaria para la confección de mascarillas, entonces esenciales para el control de los contagios. Como ya les conté por aquí hace unas semanas, detrás de los casos de corrupción asociados a las mordidas en la importación de material sanitario existía un problema estructural: la falta de músculo industrial en Europa.
Fuimos incapaces de fabricar hasta los productos médicos más sencillos, por eso tuvimos que importarlos. Además, dependiendo de empresas privadas, muchas de ellas sin mayor relación con el sector sanitario que tener algún contacto en China. En este contexto es donde Alberto González Amador da el pelotazo, facturando con su empresa, Maxwell Cremona, 3'7 millones de euros en dos años. Sociedades sin empleados pero con la capacidad de poner a su nombre un Porsche panamera y un Maserati. Mientras que miles de trabajadores esenciales se jugaban el tipo para mantener en pie al país, intermediarios como la pareja de Ayuso se hacían de oro.
Estos filibusteros de la mascarilla aprovecharon los precios disparatados que llegó a alcanzar el material médico para cobrar unas comisiones de escándalo. Una actividad basada en la desesperación frente al virus, sin duda muy lucrativa, sin duda, también un auténtico sumidero moral. Hay que recordar que mientras que el novio de Ayuso veía pasar la facturación de su empresa de ocho mil euros en 2017 a 2 '3 millones en 2020, algunos trabajadores y ciudadanos arrimaron el hombro de forma desinteresada donando equipos de protección a los hospitales.
El Gobierno, a finales de abril de 2020, cuando todos estos piratas habían obtenido gran parte de su botín, decide poner un precio tope a las mascarillas de 0 '96 euros la unidad. El ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, las llegó a pagar a los comisionistas Medina y Luceño al exorbitado precio de 6,24 euros. ¿Qué es lo que dijo la prensa de derechas respecto de la medida? Sin ir más lejos, Libre Mercado, el suplemento salmón de Libertad Digital, el medio de Federico Jiménez Losantos, anunció unas “terribles consecuencias” debido al control de precios, y tachó al covid como la “excusa de los intervencionistas”.
La realidad, una vez más, es que aquel apocalipsis económico no sucedió, no hubo desabastecimiento, ni se retuvo material debido al tope de precios. Lo que sí pasó es que los comisionistas, aunque siguieron ganando mucho dinero en cada operación, vieron reducidas las mordidas al fijarse desde lo público un precio máximo por mascarilla. Las terribles consecuencias anunciadas por las páginas de economía de Losantos tenían como objetivo sembrar el pánico entre los ciudadanos para evitar el control de precios, algo en lo que los corruptos y sus secuaces también estaban interesados.
Estos filibusteros de la mascarilla aprovecharon los precios disparatados que llegó a alcanzar el material médico para cobrar unas comisiones de escándalo
¿A qué se dedicó el PP mientras? Pues a pedir que se eliminara el IVA de las mascarillas, porque si no se cargaría sobre “la espalda de todos los españoles los 800 millones de euros que supone mantener” este impuesto. Una particular forma de verlo. No como un ingreso que el Estado podría utilizar para hacer frente a los gastos extraordinarios de la pandemia, sino como un sacrificio del bolsillo particular. ¿Contar con industria propia? Un deseo obsoleto. ¿Disponer de una compañía centralizada de importación pública? Un despilfarro. ¿Topar los precios de las mascarillas? Un terrible error. Eso sí, bajar el IVA para que los comisionistas vieran ampliado el tamaño de su mordida era algo imprescindible. La derecha siempre al servicio de los 'emprendedores'.
González Amador, pareja de Ayuso, será juzgado por fraude fiscal y falsedad documental al intentar defraudar a Hacienda más de 350000 euros que tuvieron como origen los beneficios millonarios del cambalache de las mascarillas. Pero su actividad no se limitó tan sólo al material de protección. Nos hemos enterado de que, además, intentó vender vacunas a Costa de Marfil cinco veces más caras de lo que costaban. Un país africano situado en el puesto 170 de 189 en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano y con más de diez millones de sus ciudadanos padeciendo pobreza. Delitos morales que no te conducen al banquillo pero que merecen ser señalados.
Los coches de alta gama, las sociedades pantalla situadas en paraísos fiscales y los áticos son viejos conocidos de la opinión pública al tratar con la corrupción, especialmente aquella que tuvo que ver con el sector inmobiliario en la década del ladrillazo, los años dos mil. En Madrid, sin embargo, podemos observar cómo la privatización sanitaria ha abierto un nuevo campo desde el que enriquecerse de manera opaca. ¿Dónde tiene la sede social Ayuso Lahoz S.L.? En la vivienda cuya única propietaria es la presidenta de la Comunidad de Madrid, después de que sus padres se la donaran tras los problemas de impago con Avalmadrid. ¿A qué se dedica la empresa durmiente Ayuso Lahoz que Isabel mantiene con su hermano? Al comercio interior y exterior, explotación y distribución de equipo médico.
¿Por qué conocemos a Tomás Ayuso, hermano de la presidenta? Porque en marzo de 2020 propone a su amigo Daniel Alcázar, propietario de una empresa de deportes, la oportunidad de convertirse en importador de material sanitario. ¿Por qué no utilizó directamente la sociedad que ya tenía con su hermana Isabel? Porque si no hubiera sido imposible contratar con la Comunidad de Madrid debido al régimen de incompatibilidades. A pesar de todo, Tomás Ayuso se llevó más de doscientos mil euros en comisiones. Además de estas operaciones, Tomás Ayuso tuvo tiempo de presentar a González Amador a su hermana.
¿Quién es el principal cliente de González Amador? El grupo Quirón, el gran beneficiario de la privatización sanitaria del PP, un gigantesco grupo dedicado a la salud que gestiona cuatro hospitales en Madrid, embolsándose 715 millones de euros según presupuestos. No parece casual que la actual consejera de Salud de Madrid haya pasado por Quirón, como tampoco que la pareja de Ayuso, además de tener relaciones comerciales con este grupo, haya tenido sociedades en común con alguno de sus directivos. Todo queda en casa, en el negocio sanitario surgido tras la privatización encubierta de la sanidad madrileña por parte del PP.
