La justicia y la política
La judicialización de la política española es una de las dinámicas que más han contribuido a desprestigiar el espacio público. Y ya no se trata sólo de que los jueces sean invitados una y otra vez con recursos y denuncias a tomar decisiones que deberían resolverse en el espacio político. Ahora se quiere imponer también la costumbre de que la responsabilidad política desaparezca bajo el criterio único de la responsabilidad penal.
Quien se preocupe por los peligros que afectan a la democracia y por los campos de cultivo en los que brotan los rencores antisistema, hará bien en meditar sobre esta relación contaminada de la justicia y la política democrática. Las confusiones entre la legalidad y la legitimidad, o entre lo ilegal y lo ilegítimo, contribuyen a desautorizar la política. Y la desautorización de la política sirve tanto para echarle a los políticos la culpa de todo lo malo que ocurre en el mundo como para restarle fuerza y eficacia a cualquier medida pública que quieran tomar los políticos para solucionar cualquier problema. Así sólo ofrece confianza un caudillo.
Las actuaciones y los debates vividos durante la pandemia han puesto delante de nuestros ojos de forma llamativa estas dinámicas. Como es lógico, los partidos políticos pidieron al Gobierno que tomara medidas para luchar contra una epidemia agresiva y desconocida. Como es lógico también, el Gobierno llevó al parlamento las medidas aconsejadas por los expertos para tomar decisiones semejantes a las de la mayoría de los países europeos. Lo que ya es más extraño es que algunos partidos, incluso después de haber exigido esas medidas, llevasen a los tribunales las decisiones tomadas por el Gobierno. Más que consolidar el respeto a la ley y a las instituciones, lo que se procura es identificar la acción política con la delincuencia y el engaño.
En las últimas semanas, y de manera más bochornosa, cobró protagonismo la modalidad de confundir la responsabilidad política con la penal. Nos hemos enterado de que en los momentos más duros de la enfermedad, cuando morían miles de personas y los servicios sanitarios intentaban superar de manera heroica sus debilidades, la mala gestión de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid permitía que de forma infame unos comisionistas hicieran negocios desmedidos a costa del dolor ajeno. La compra de mascarillas ha sido tan dañina para la sociedad como el propio virus. ¿La política? Así la definen: gestiones innecesarias y turbias, vínculos familiares y amistosos, dinero descontrolado, subida de precios, productos de mala calidad…
A estos políticos no les importa la responsabilidad política, su compromiso con el bien público, su imagen como autoridades. Olvidan que en la vida pública hay errores inasumibles, aunque no sean delitos
Pero lo peor de todo, lo que más daño hace al bien común, es la respuesta de las autoridades envueltas por los escándalos. Con ser muy graves, dejemos ahora a un lado asuntos como la desarticulación de la sanidad pública, la prohibición de asistencia hospitalaria a los ancianos de las residencias y la búsqueda de intermediarios especiales para firmar contratos en nombre de las instituciones, saltándose con el argumento de las urgencias a los profesionales de la administración. Dejemos a un lado la ideología política de los que creen que la libertad es la conversión en negocio privado de los derechos y los servicios sociales. Dejemos incluso a un lado el posible carácter delictivo de algunas decisiones. Vamos a prestarle atención a otra cosa… de carácter ético, de ética política…
Las autoridades envueltas en el escándalo afirmaron sentirse muy tranquilas porque se creen a salvo de los procedimientos judiciales. Es decir, no les importa el mal funcionamiento de sus instituciones, ni la estafa en sus actuaciones, ni el dinero perdido y hallado en el templo de los yates y los buenos coches, ni el dolor de sus ciudadanos, ni el comportamiento de la gente que eligen para colaborar, ni sus errores como autoridades públicas. A estos políticos no les importa la responsabilidad política, su compromiso con el bien público, su imagen como autoridades. Olvidan que en la vida pública hay errores inasumibles, aunque no sean delitos.
Igual que a los delincuentes, sólo parece afectarles su responsabilidad penal, el peligro de que los pillen.
