Aviso a navegantes
I. Uno de los primeros experimentos conocidos en Europa Occidental de un gobierno de coalición formado por un partido de derechas con otro de extrema derecha se ha dado, ironías del destino, en las tierras comuneras de Castilla y León. Un presidente del PP y otro de Vox gobiernan esa querida comunidad desde abril de 2022. Por jugarretas del “azar”, la política laboral le ha tocado en mala suerte a un representante de Vox. Pues bien, no han transcurrido apenas diez meses cuando el referido gobierno ha puesto en acción una serie de medidas con la aviesa intención de debilitar a los sindicatos y su capacidad de negociación.
Al mismo tiempo, está intentando laminar la paciente arquitectura de diálogo social que se había levantado en los últimos años. Así, se están incumpliendo los acuerdos firmados por el anterior gobierno del PP, que afectan a los servicios a la ciudadanía, a la protección y atención a los migrantes; se suprimen las subvenciones para asegurar el funcionamiento y participación de las organizaciones sociales en los diferentes órganos de consulta institucional; se anula el programa de prevención de riesgos laborales, que venía funcionando desde hace 20 años; se lamina el programa de orientación para personas desempleadas, al igual que el de formación de los representantes de trabajadores y empresarios para el ejercicio del diálogo social y la negociación colectiva; se reduce la financiación dedicada a los instrumentos de negociación y conciliación de conflictos laborales extrajudiciales; se derogan los programas de contratación, por las entidades locales, de los agentes de igualdad —incluidos los de género—. Es decir, en poco más de medio año está prácticamente roto el diálogo social, cuando la Comunidad de Castilla y León se había caracterizado, en el pasado, por todo lo contrario.
La verdad es que no debería extrañar la velocidad de tales destrozos si tenemos en cuenta que el flamante vicepresidente voxero de la Junta declaró, en su día, que “lo que no creemos en absoluto necesario es que haya que comprar la paz social apesebrando a los agentes sociales con millones de euros. Tanto los partidos políticos como los sindicatos, como la patronal, no son un fin en sí mismos, son una herramienta”. No sé si el señor vicepresidente se ha leído los artículos 6 y 7 de la Constitución, pero si tuviese la bondad de hacerlo comprendería que son instituciones esenciales de nuestro sistema político, sin las cuales no hay democracia que valga. Por eso mismo, me he permitido titular este modesto artículo como “aviso a navegantes”, aunque también podría haberlo rotulado con “el que avisa no es traidor” o “que nadie se llame a engaño”. Porque se trata de una seria advertencia de lo que sucedería, multiplicado por varios guarismos, si en las próximas elecciones locales, autonómicas o generales se formasen gobiernos de similar textura, tenor, naturaleza o carácter.
II.- Debo reconocer que no se trata de un fenómeno totalmente nuevo, pues conviene recordar que lo primero que hizo la señora Thatcher —tan querida y alabada por nuestros liberales de andar por casa— cuando llegó al gobierno británico fue laminar a los sindicatos. Una operación previa imprescindible para poder imponer, a continuación, medidas antisociales de diferente factura, tamaño, naturaleza o alcance. Lección que aprendieron, de inmediato, nuestros gobiernos conservadores-liberales de centro-derecha, cuando aprobaron la famosa contrarreforma laboral, que cual auténtico obús o misil impactó en la línea de flotación de la capacidad de negociación de los sindicatos.
Que un partido democrático, que ha gobernado España y pretende hacerlo en el futuro, manifieste ese rechazo, repudio o veto a todo lo que sea recordar, dignificar y reconocer aquello que significó la lucha por las libertades me resulta incomprensible
Un verdadero contrataque contra los derechos sociales que solamente se ha empezado a corregir gracias a la reciente reforma laboral puesta en marcha por este baqueteado gobierno progresista, aunque me temo que una parte del personal sufridor aún no se ha enterado. Sin embargo, no han quedado aquí los elementos de la ofensiva derecha-ultraderecha. Junto a la erosión de la fuerza sindical siempre va, cual hermano siamés, el otro objetivo/mantra de la irrestricta, desconsiderada o soliviantada derecha, es decir, bajar los impuestos sin ton ni son. Lo que, se diga lo que se diga o como se diga, es lo mismo que reducir el “salario indirecto” —la sanidad, la educación etc. ,etc.—, aunque personas muy distraídas no se percaten o piensen lo contrario. No hay más que comprobar lo que ocurre, por ejemplo, con la atención primaria en la Comunidad de Madrid –el ‘trumpismo’ de la Puerta del Sol– y otros lugares, al reducirse las inversiones en tan decisivo menester. No sé si se han percatado de que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha calcado a la señora Thatcher en el tratamiento que la premier inglesa recetó a los mineros ingleses, y aquella está propinando a los sanitarios madrileños. Esto es, negarse a negociar en serio con el fin de agotar a los trabajadores e intentar que la huelga fracase. Una táctica de manual de las fuerzas más conservadoras de cualquier hemisferio: vale todo a fin de evitar que la movilización alcance sus objetivos. Espero que los sanitarios madrileños aguanten el tirón y, por el bien de todos, logren sus justas pretensiones.
La tercera diana u objetivo de estas inéditas coaliciones de las derechas son ciertos derechos de ciudadanía, de tercera generación, que se refieren principalmente a las mujeres, al medio ambiente o a los colectivos LGTBI y otras minorías, históricamente machacadas. En esta dirección, las declaraciones del vicepresidente castellano y leonés son un poema, cuando afirma que la “violencia no tiene género”, cuando habla de “adoctrinamiento ideológico en las aulas”, o cuando, ante el Comité Europeo de las Regiones, le criticó por su “catastrofismo climático” o que la “ingeniería social verde” está debilitando la democracia.
III.- Ahora bien, donde realmente coinciden todas las derechas es en su fobia contra la memoria democrática. Es sintomático que cuando, por fin, después de más de cuarenta años de democracia, un gobierno español se decide a reparar el indigno olvido de las víctimas de la dictadura y recordar lo que aquel régimen liberticida significó, los líderes de las derechas hispanas afirmen que lo primero que harán al llegar al gobierno es derogar las leyes de la memoria. Que un partido como Vox pregone a los cuatro vientos esta intención tiene toda su lógica, pues no se han recatado en afirmar que los culpables de la guerra civil fueron las izquierdas y nunca han condenado claramente a la dictadura. Pero que un partido democrático, que ha gobernado España y pretende hacerlo en el futuro, manifieste ese rechazo, repudio o veto a todo lo que sea recordar, dignificar y reconocer aquello que significó la lucha por las libertades me resulta incomprensible. A no ser que piensen que son los herederos de las fuerzas que trajeron, implantaron y sostuvieron aquella nefanda dictadura y que entre sus antepasados políticos no hubo nadie que combatiera para traer la democracia a España. Lo que, en mi opinión, no es cierto, pues hubo liberales, democristianos, monárquicos o conservadores –no demasiados– que se opusieron al dictador, e incluso sufrieron represalias.
En todo caso, como vulgarmente se dice, “el que avisa no es traidor”: se avisa, por lo tanto, de que si en el futuro ganan las derechas, las mejoras laborales, los avances sociales, los nuevos derechos civiles, el Estado de bienestar y una memoria decente sobre nuestro ominoso pasado sufrirán las consecuencias, pues ya se nos ha advertido de que todas esas leyes o reformas, que tanto han costado, serán derogadas sin piedad.
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Nicolás Sartorius preside el Consejo Asesor de la Fundación Alternativas; es abogado y escritor y su último libro se titula 'La Nueva Anormalidad' (Editado por Espasa).
