La mala memoria

“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir”.

José Saramago.

Acabo de ver la película, altamente recomendable, como lo es también el libro, El maestro que prometió el mar. Sus imágenes me han hecho visualizar, en un flash back ultrarrápido, lo acontecido desde que murió el dictador hasta el presente y reconozco que el dolor se impone frente a los escasos éxitos cosechados, aunque importantes, en materia de memoria democrática. Quienes leen mis artículos saben que fui suspendido en mis funciones judiciales por haber abierto una causa para investigar los crímenes franquistas y, de alguna forma, contribuir a la reparación aun debida a las víctimas. Lo de menos es la condena sufrida por otra causa, porque la razón verdadera fue aquella. Pero, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU reparó aquella barbaridad, propiciada por la justicia penal española. El problema es que una gran parte del espectro político de nuestro país, aún sigue en la convicción de que el franquismo fue algo bueno que “salvó” a España. Y, para ello, no dudan en manipular y resetear la historia.

¡Ya está bien! Llega un momento en el que hay que terminar con las contemplaciones. Es inaceptable lo que está ocurriendo con la memoria democrática de la mano del PP y de la ultraderecha. Anunciaron desde el primer momento su oposición a todo lo que supusiera reparar el terrible dolor inferido a quienes fueron ejecutados, presos y humillados por los autores del golpe de Estado de 1936 y avanzan en esa dirección con tenacidad intencionada. Mariano Rajoy ya avisó de que su presupuesto era de cero euros para este objetivo. Y lo cumplió. Allá donde gobernaba la derecha, se impidió por todos los medios que las familias pudieran recuperar a los suyos de los agujeros donde los arrojaron. Solo la voluntad y el empeño de las asociaciones de víctimas han conseguido mantener la llama.

Condena mayor

Lo peor de mi sentencia “absolutoria” en el caso del franquismo, no fue el reproche a mis decisiones, que a la postre se han revelado acertadas. Lo verdaderamente negativo es que, tras aquella absolución, sus señorías buscaron perpetrar una condena mayor, la de cerrar definitivamente la vía penal para reparar el daño causado a quienes fueron injustamente perseguidos hasta la muerte o enterrados en vida por haber mantenido la creencia en un Estado democrático elegido en las urnas. El alto Tribunal desamparó a los inocentes. En cambio, dio la razón y el alivio a los verdugos, a sus hijos y nietos que, siguen considerando que tal decisión fue la que merecían quienes se han atrevido a alterar el sagrado legado judicial franquista: “todo está atado y bien atado”.

Y así ha sido durante diez años, hasta que se aprobó la Ley de Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022, cuyo artículo 28 establece el derecho de las victimas a la investigación y la obligación de hacerlo por parte del Estado. Sin embargo, por lo que se va conociendo, y salvo determinados esfuerzos en defensa de la legalidad, la posición de los jueces es más acorde con el sentido de aquel legado, que con el cumplimiento de una norma vigente que respeta todos los cánones constitucionales y los estándares internacionales, más exigentes. ¡Ojalá los administradores de justicia se den cuenta de una vez que sirven, a través de la interpretación de las leyes, al pueblo, único titular del Poder Judicial, que, en este caso, incluso aunque no resulten directamente concernidos, es la víctima!

El derecho a la Memoria, como el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, es un derecho humano, así reconocido por Naciones Unidas, expresamente, en cuanto a la primera desde 2010. Por tanto, quienes no lo respetan ni lo protegen atentan contra los derechos humanos e incumplen la ley. Esta es la realidad. 

Insultos

Sin embargo, basta con echar la mirada en las últimas semanas a lo que está aconteciendo en España, entre elección y elección, en donde los insultos escupidos, hace un par de semanas, en el Congreso por el líder de Vox contra el presidente del Gobierno por su visita al Valle de Cuelgamuros, y coreados por sus colegas populares, son la demostración de cómo el extremismo avanza buscando eliminar toda posibilidad de racionalidad y entendimiento.

Miren ustedes, si algún reproche se le puede hacer al presidente del Gobierno es que haya tardado tanto en personarse en ese y en los demás lugares de memoria y allá donde se estén llevando a cabo exhumaciones. Tanto el Gobierno Central como los autonómicos y locales, por una parte, y los jueces y fiscales, por otra, deben honrar la memoria de quienes aún no han sido reparados, y, para ello, deben dotar de medios necesarios, y desplegar las investigaciones pertinentes para superar este lastre que nos hunde en la miseria humana de no reconocer que los efectos atroces de la guerra y de la dictadura, aun pesan sobre nosotros como una losa. Ahora, ya no hay excusa. Lo exige la ley.

Al igual que debería entenderse como normal y no como excepción, el que la Fiscalía de Granada haya abierto una investigación sobre las ejecuciones perpetradas, tras el golpe militar de 1936, en el Barranco de Víznar. Como debe ser, siguiendo el criterio trasladado por la unidad de la Fiscalía General del Estado especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática y cumpliendo la legalidad. Se trata de que la justicia pueda aclarar lo que ocurrió con estas personas desaparecidas.

En el momento de escribir estas líneas, el Consejo de Ministros aprobaba la constitución de tres comisiones para desarrollar la Ley, que tratarán de las vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983; las deficiencias de indemnizaciones a las víctimas y la reconciliación del pueblo gitano. Este es el camino, sin duda, porque en la época de la transición, no todo fueron luces, y es bueno que se disipen de una vez las sombras que aún hoy despliegan sus efectos.

Las víctimas, cualquiera que sea el origen de la violencia o el terror que las provocó, necesitan saber que las instituciones les protegen. Cuando el terrorismo extendía su hedor en España se exigía y se producía ese acompañamiento. Ahora, todas las instituciones deberían estar alineadas, más allá de su ideología, en acabar con esta vergüenza que arrastramos nacional e internacionalmente. 

Sin valores

La compasión y la realidad son dos términos que no entran en los exiguos valores que puedan tener quienes, como el señor Abascal, líder de Vox, dedican su tiempo a buscar epítetos degradantes para el oponente político, sin que les preocupen lo más mínimo las víctimas, a no ser que sean “sus víctimas”. El, como otros de su mismo clan, no sienten lástima por el sufrimiento, ni tienen voluntad alguna de que se conozcan los hechos. Solo se postulan como herederos de una saga de represores que perpetraron asesinatos con generosidad y se enriquecieron gracias a su apoyo absoluto a la dictadura. Necesitan que el silencio se mantenga para evitar que alguien pida cuentas y se conozca lo que ocurrió en todo su espanto.

Resulta muy duro ver cómo, en este primer cuarto del siglo XXI, vamos para atrás en la protección de derechos supuestamente consolidados. No es ninguna broma. En estos meses, derecha y ultraderecha coaligadas en diferentes gobiernos autonómicos como Castilla y León o Comunidad Valenciana, trabajan en implantar una “ley de concordia” que niega la mayor: “la Guerra Civil no obedeció al golpe de Estado de julio de 1936", sino a “dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”. El término “dictadura” desaparece. En Aragón, la derogación de la norma autonómica supone eliminar el censo de memoria democrática, a las organizaciones memorialistas y la información online de la web. Lo que se calla, no existe.

La mala memoria acecha desde diversos frentes, se apoya en las intenciones perversas de aquellos a los que han legado el deber de silenciar la verdad y se va implantando poco a poco para desesperación de las personas de buena fe. En nuestra mano está frenar su avance

A ellos, se pueden y deben añadir el conjunto de pseudointelectuales, comunicadores y tertulianos, que, en turba, han decidido redefinir los hechos y convertir en verdugos a las víctimas y reformular cualquier clave histórica que perjudique su planteamiento supremacista y excluyente. Lo grave es que vivimos este proceso en diferentes partes del mundo (Francia, Italia, Portugal, Hungría, la Argentina de Milei) en las que el resurgimiento de planteamientos fascistas, con diferentes disfraces, se está adueñando de espacios conquistados durante toda la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, degradando la misma democracia. 

Ante tales dislates, el Ejecutivo nacional ha anunciado que llevará estas leyes ante el Constitucional y se dirigirá a la UE y a Naciones Unidas para que considere si tales normas son acordes con los compromisos y los convenios internacionales firmados por España en Derechos Humanos. Pero no solo esto. Deberían reforzarse y blindarse las políticas de memoria democrática, proteger a las instituciones que tienen la responsabilidad de aplicarlas, y bajo ningún concepto permitir este retroceso.

Los herederos

La afirmación de que el franquismo murió con Franco es meridianamente falsa. Los hechos posteriores han demostrado en múltiples ocasiones lo contrario. Los golpes sangrientos durante los años de la transición con asesinatos y matanzas protagonizadas por la ultraderecha del momento, que tuvo su apoyo en policías de la vieja escuela, expertos en torturar, constituyen una evidencia. Como también es una evidencia la negación del Tribunal Supremo a revisar las sentencias arbitrarias, por gravísimas violaciones de derechos humanos, de aquella época; y, la más clara, la protección o al menos el silencio judicial ante cualquier iniciativa que pudiera alterar el statu quo franquista. 

Al día de hoy, se desconoce el sentido de la nueva ley de proteger a las víctimas y ofrecerles una investigación de lo sucedido. Los jueces acuden al voto particular de la sentencia dictada en el caso por el que fui suspendido, firmado por el magistrado ya fallecido José Manuel Maza, en el que se exigía mayor dureza contra mí por haber iniciado la investigación, para justificar la negación de tal derecho. La apelación tanto a la prescripción de los delitos como a la ley de amnistía del 77, se ha convertido en el nuevo muro (quizás siempre fue el mismo) detrás del cual se parapetan quienes anteponen su ideología ultraconservadora a su obligación de aplicar una ley que, como su preámbulo y artículo 2 establecen, se apoya y basa en principios jurídicos y estándares de protección totalmente opuestos a esos planteamientos.

Aquellos o estos que defienden tal postura, fueron y son gente bien protegida por los suyos, situados en las esferas convenientes, para evitar que respondan los perpetradores. Con la democracia, se enrocaron a la espera de tiempos mejores, pero manteniendo el espíritu que les había alentado, añorando su estilo de vida anterior, abominando de la palabra igualdad –malditos comunistas–, educando a otros en el odio y la reivindicación de tiempos pasados. 

Compruebo con suma preocupación cómo el discurso del odio se expande por diferentes ámbitos, impulsado por estas actitudes negacionistas perturbadoras, animadas desde algunas plataformas mediáticas, que justifican los crímenes o que miden la justicia en función de quiénes vayan a recibirla y de quién provenga. He oído comentarios y agresiones verbales, y también alguna que otra física contra quienes defendemos la memoria y la legalidad, desde el activismo o desde las instituciones. He sido testigo de insultos y amenazas a víctimas y defensores de derechos humanos; y he constatado que ese discurso cainita y perverso se expande ante la pasividad de quienes, desde el poder judicial, deben contenerlo.

La mala memoria acecha desde diversos frentes, se apoya en las intenciones perversas de aquellos a los que han legado el deber de silenciar la verdad y se va implantando poco a poco para desesperación de las personas de buena fe. En nuestra mano está frenar su avance. No permitamos que otra vez caigan sobre nosotros las tinieblas de la autocracia, la opresión y la desmemoria, y que esta vez los niños de cualquier escuela puedan ver el mar sin que a su maestro Antonio Benaiges le cueste la tortura y la vida, y que sus restos sigan esperando aún ser hallados y honrados. No se puede consentir. Ya basta.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, del ensayo 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).