No es tan difícil

Y seguimos a vueltas con el órgano de gobierno de los jueces. Apenas hace unos años, el común de los mortales vivía ajeno a un consejo de teóricos notables que cumplían funciones meramente administrativas en términos internos de la carrera judicial, sin embargo ahora cualquier paisano en su bar de confianza puede opinar al respecto de esos señores y señoras que siguen a pie firme pasados cinco años de la caducidad de un cargo abrazados al mismo como si fuera de su propiedad, y por si fuera poco, las instituciones europeas han tenido que intervenir, opinar, y hasta mediar al respecto. En fin, un desatino.

No sé si por la vergüenza ajena que da esta irregularidad en el funcionamiento de las instituciones del Estado, por la presión de sus socios de investidura o por sentir en su carne las consecuencias de un evidente acto de insurrección, parece que el Gobierno ahora sí se decide a dar los pasos necesarios para terminar con el bloqueo en este órgano, que no es solo una sentada de ilustres antisistema, sino que está perjudicando la normalidad del desenvolvimiento de cientos de causas que nos afectan a todos: desde divorcios a impagos, pasando por despidos.

Como ha demostrado con reiteración el principal partido de la oposición su firme decisión de no llegar a ningún acuerdo para desbloquear el asunto tal y como está mandatado, parece imprescindible una reforma legal como único camino. Hay quien dirá que es una vuelta de tuerca autoritaria, pero en mi opinión se trata ni más ni menos que del pleno ejercicio de las obligaciones que competen al ejecutivo y al legislativo ante la parálisis de una maquinaria que no deja de ser imprescindible para la vida cotidiana de las personas que componemos la comunidad.

También se dirá que lo más democrático es que los jueces elijan a los jueces. No puedo estar más en desacuerdo con una idea de la justicia y su ordenamiento en manos de una casta de seres superiores que se eligen entre ellos mismos fomentando el corporativismo y la sumisión. Recordemos que la justicia según nuestra Constitución emana del pueblo, y no es ajena a la soberanía popular a la que debe responder sometiéndose estrictamente a las leyes que surgen de esa soberanía. Su órgano de gobierno, el CGPJ (que es un órgano político) también ha de responder a esa soberanía y de manera directa porque es elegido por las Cortes, atendiendo así a las decisiones de cada época y los resultados de las urnas que marcarán una posición de evolución y cambio que ha de ser atendida por todas las instituciones del Estado.  

Para recuperar la fe en uno de los poderes del Estado que es clave en democracia, es imprescindible realizar las actuaciones precisas para que el CGPJ vuelva a ser un instrumento útil a la democracia que pueda llevar a cabo sus naturales funciones de control y sanción

Es cierto que hemos recibido desde Europa sucesivos tirones de oreja con relación al funcionamiento de la justicia en nuestro país, pero ojo, las razones no han sido otras que la lamentable opinión que ciudadanos y empresas manifiestan año tras año sobre el mismo, y sobre la excesiva vinculación del poder judicial con el poder político, alejándose así de la independencia que exige por su propia naturaleza la justicia. Estos reproches son desgraciadamente ciertos, pero las razones de esta evidente desafección ciudadana y falta de credibilidad del sistema judicial no vienen exclusivamente de la inoperatividad del Consejo. No hace falta más que echar la vista atrás a las últimas semanas para recordar casos flagrantes de funcionamiento anómalo de algunos jueces y tribunales que solo pueden interpretarse bajo la óptica de un interés político, o al menos de una definición clara de la posición política de los mismos. Que algunos y algunas salgan a la calle con sus togas para manifestarse contra futuras leyes que se acabarían aprobando legítimamente, no ayuda al aumento de la consideración ciudadana, como tampoco instrucciones opacas y sin sentido y extraordinariamente rápidas en plena campaña electoral contra personas vinculadas a la política, que finalmente se archivan. Naturalmente, no son todos ni todas las juezas, ni siquiera la mayoría, pero es significativo que existan y operen sin ninguna consecuencia, entre otras razones porque el órgano que debía tomar medidas (CGPJ) no actúa.

Por ello, para recuperar la fe en uno de los poderes del Estado que es clave en democracia, es imprescindible realizar las actuaciones precisas para que el CGPJ vuelva a ser un instrumento útil a la democracia que pueda llevar a cabo sus naturales funciones de control y sanción en su caso de las conductas anómalas. En consecuencia, va siendo hora de que se renueve, y como la manera natural no resulta posible, se realicen los cambios necesarios para llevarlo a efecto, dentro de nuestro marco constitucional. Y en este sentido, recordemos que las recomendaciones que se alegan realizadas por determinados miembros de la Comisión Europea sobre que los jueces elijan a los jueces, no dejan de ser posiciones propias de una corriente conservadora que en mi opinión interviene en un asunto interno sin legitimación y no parte de ninguna legislación que lo imponga, marcando así un camino que lleva a más corporativismo, conservación del poder por los ya poderosos y menos democracia.

Parece muy impopular afirmar lo que voy a hacer ahora, pero en mi opinión es necesario cambiar las reglas de unas mayorías que fueron previstas para una alternancia en el Gobierno propia de un bipartidismo clásico y de una lealtad institucional que no existen ahora. Bastaría con que dichas mayorías se rebajasen en segunda o tercera vuelta para incentivar a los acuerdos, modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial, afirmando y sosteniendo la independencia de las personas que compongan el Consejo, que más allá de cómo sean elegidas han de resultar inviolables en el pleno ejercicio de sus funciones, sin que operen presiones ni intervenciones del Gobierno de turno. Por supuesto y para evitar bochornos en el futuro, los cargos caducarán inmediatamente una vez transcurrido el periodo de mandato de cinco años. No, no es tan difícil.

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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.