Las 6 verdades de la casilla de la Iglesia ocultas tras la campaña 'Xtantos'

Ya está en marcha la campaña de la declaración de la renta. Y hay que decidirse. ¿Marco la casilla de la Iglesia? ¿Marco la casilla de fines sociales? ¿Las marco ambas? ¿No marco ninguna? La Conferencia Episcopal ha lanzado, como cada año, una potente y vistosa campaña, Xtantos, para animar a marcar ambas casillas. Aunque en la campaña hay abundante información, no está toda. infoLibre aporta seis verdades que o no aparecen o no son fáciles de comprender con los materiales de la campaña eclesial.

  1. Pagan todos los contribuyentes

Ateos, musulmanes, agnósticos, judíos, evangélicos y hasta rabiosos anticlericales. Todos los contribuyentes, todos, independientemente de sus creencias, aportan dinero de su renta a la financiación de la Iglesia católica. Lo deseen o no. Marquen la equis o no. Los contribuyentes que lo desean, cabe suponer que en su mayoría católicos, marcan la equis de la Iglesia y, con ello, declaran su voluntad de que se aporte el 0,7% de la recaudación a la financiación de la Iglesia. Aportan a la Iglesia católica un 0,7% de su cuota fiscal, mientras el 99,3% restante va al Estado. O sea, no ponen más dinero de su declaración, ni se les devuelve menos. Por cierto, ese 0,7% no tiene nada que ver con el 0,7% de ayuda al desarrollo que históricamente se ha pedido para los países pobres.

Lo que va a la Iglesia se detrae, en una cantidad establecida en función el número de equis marcadas en total, de la masa total recaudada por Hacienda. Es dinero público, no de los fieles, aunque se establezca en función de lo que decidan los fieles. El contribuyente que pone la cruz no aporta más de su bolsillo. Su gesto determina que vaya a la Iglesia dinero que no irá a otras partidas: educación, sanidad, defensa, carreteras...

En una entrevista en 13TV, televisión financiada parcialmente con el dinero que el Estado recauda para la Iglesia vía IRPF, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, lanzaba un mensaje muy claro para tratar de convencer al máximo número de fieles durante la campaña de la renta del año pasado. Su gesto "no les cuesta más", afirmó. "No les van a devolver menos", dijo. Es un mensaje que forma parte del argumentario de los portavoces de la Iglesia para animar a marcar la equis. Pero, al mismo tiempo, también agradece la "generosidad" de los que ponen la cruz, como hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, en la presentación de la memoria económica del año pasado, también durante la campaña. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, también alude a la "generosidad" de los creyentes cuando marcan la equis, pese a que no aportan más de su dinero.

Otra idea resbaladiza que maneja la Conferencia Episcopal es que, marcando o no la equis, se adopta una decisión de cada cual con sus impuestos. Así lo expresaba Giménez Barriocanal en 2016: "Es una buena manera de hacer el bien. Para que se lo quede [el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal] Montoro y haga lo que quiera, por lo menos yo decido que una pequeña parte de mis impuestos los destino a hacer el bien". ¿Mis impuestos? Como hemos visto, no es así exactamente.

Hay una fórmula de asignación tributaria distinta, que la Iglesia española nunca ha querido. Se trata del modelo alemán. En Alemania el impuesto religioso, o Kirchensteuer, supone un recargo individual en los impuestos estatales sobre la renta y los rendimientos de trabajo personal. Dicho impuesto abarca entre el 8% y el 10% de la cuota tributaria. Ahora bien, si no quiere pagarlo el ciudadano que lo desee puede renunciar expresamente a la confesión religiosa. Como consecuencia de ello, pierde el derecho a recibir asistencia espiritual. Pero también deja de aportar dinero. Es un modelo que exige una apostasía para dejar de pagar. A priori se aporta, pero un gesto de abierto abandono de la confesión supone el fin de la aportación. Y cada cual paga lo suyo.

La web de la campaña Xtantos afirma: "Podemos decir que, desde que se estableció el nuevo sistema de Asignación Tributaria en 2007, ha venido aumentando el porcentaje de contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia y que reconocen su labor. En concreto, en la Declaración de la Renta 2015 aumento el número absoluto de personas que asignaron a la Iglesia en 23.174 nuevas declaraciones". Lo cierto es que que en 2016 el número cayó hasta los 7,1 millones, 234.000 menos que en el ejercicio anterior. La web no está actualizada.

Pese a la gran cantidad de indicadores que apuntan a la creciente secularización de la sociedad —descenso de bautizos, bodas, comuniones, confirmaciones, asistencia a misa—, la casilla sigue teniendo tirón. Más de 7 millones de cruces no es poca cosa. Es verosímil la idea de que no tener que aportar un euro más de tu propio bolsillo para financiar a la Iglesia sea un aliciente para marcarla.

  2. Lejos de la autofinanciación

Este modelo de financiación vía IRPF ha permitido a la Iglesia recibir en la última década casi 2.500 millones de euros. Una media aproximada de 250 millones al año, salidos de la recaudación del Estado de las declaraciones de contribuyentes de toda las creencias. Ninguna otra confesión tiene casilla propia, aunque la Iglesia evangélica llegó hasta el Tribunal Supremo en el intento. En vano. ¿Qué palabras pone la Conferencia Episcopal a esta forma de funcionamiento? "La Iglesia se autofinancia a través de las aportaciones directa de los fieles y de la Asignación Tributaria", señala en la campaña Xtantos. Es decir, la Iglesia afirma que ya se autofinancia. Que se vale económicamente por sí misma.

Es una afirmación controvertida. ¿Puede considerarse "autofinanciación" esta vía de ingresos a través de la recaudación del impuesto de la renta de todos los contribuyentes? Técnicamente no lo es. Es cierto que la Iglesia se financia con el dinero que deciden sus fieles, pero no con el que aportan sus fieles. Lo aportan todos.

A esto se añade que la asignación tributaria no es en absoluto la única vía de recepción de dinero público por parte de la Iglesia católica. Es difícil precisar la cuantía que ingresa o que está exenta de pagar. La Conferencia Episcopal afirma que la descentralización de la institución impide su conocimiento. Pero hay múltiples conceptos: asignación vía IRPF por fines sociales, que permite financiar a ONG católicas; exenciones y bonificaciones tributarias; conciertos educativos; pago de profesores de religión en la educación pública y capellanes en el ejército, los hospitales y las cárceles; mantenimiento y conservación del patrimonio; entradas a edificios y templos de su propiedad; subvenciones a proyectos de sus múltiples organizaciones; coparticipación del Estado en entidades católicas... Europa Laica cuantifica el dinero público anual del que se beneficia la Iglesia en más de 11.000 millones de euros, si bien la Conferencia Episcopal rechaza esta cuenta y afirma que ignora la aportación de la Iglesia a la sociedad y la economía.

El acuerdo económico del 79 establece: "La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia Católica y el Estado". Aún estamos lejos de ese punto.

  3. un uso poco detallado

El Ministerio de Justicia no fiscaliza la memoria que la Conferencia Episcopal le entrega anualmente para justificar el uso que da al dinero que recibe vía IRPF. Pese a ello, su presentación ha sido reiteradamente esgrimida, tanto por el Gobierno como por las autoridades eclesiásticas, como un argumento para quitar importancia a la reiterada negativa del Tribunal de Cuentas a fiscalizar a la Iglesia. Lo cierto es que esta justificación anual por parte de la Iglesia no ofrece el nivel de exhaustividad y rigor necesario para las evaluaciones del Tribunal de Cuentas, limitándose a la entrega de una documentación expositiva que permanece en custodia del Ministerio. El Tribunal de Cuentas ha aprobado fiscalizar este año por primera vez el dinero entregado vía IRPF a la Iglesia católica, si bien aún no ha elaborado las directrices técnicas para hacerlo.

Lo que entrega la Conferencia Episcopal es una versión ampliada de un informe que publica en su página web, titulado Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España, y que sitúa en un lugar destacado en la web de la campaña Xtantos.Xtantos La última publicada es de 2015. Se trata de un material abundante en destacados, gráficos y colores, que expone grosso modo los criterios de reparto del dinero, ofrece cifras sobre el impacto de las bodas, los bautizos y las comuniones en la sociedad y cuantifica las monjas, catequistas y sacerdotes en España, así como el número de entidades religiosas católicas inscritas. También ofrece en grandes recuadros las principales cifras de la educación religiosa en España —alumnos, aulas...— y repasa la importancia del patrimonio cultural propiedad de la Iglesia.

En su inmensa mayoría, los datos ofrecidos no guardan relación con el uso dado por el dinero ingresado vía IRPF. Por ejemplo, por la memoria nos enteramos de que en España hay 12.609 entidades religiosas (cofradías, hermandades, asociaciones, fundaciones, movimientos...), 3.418 cofradías inscritas en el registro de entidades religiosas, 13.000 misioneros españoles en 129 países, 2.593 centros educativos católicos —2.447 de ellos concertados, con 1.476.918 alumnos y 125.517 trabajadores—, 71 institutos superiores con 9.317 alumnos, 65 hospitales, 56 ambulatorios y 773 casas para ancianos o discapacitados, 353 consultorios familiares y "otros centros para la defensa de la vida y la familia", 61 centros de asesoría jurídica y 130 fiestas religiosas de interés turístico nacional o internacional. En cambio, el nivel de detalle económico de la memoria es escaso. Con el documento en la mano, por ejemplo, es imposible aproximarse a una idea sobre el patrimonio de la Iglesia o sus ingresos públicos.

  4. Más estructura que caridad

El despliegue propagandístico de la Iglesia, tanto en su portal Xtantos como en la presentación de su memoria económica anual, insiste en la labor social y pastoral de la Iglesia. En el acto de presentación de la última memoria económica, celebrada el 1 de junio de 2017, durante la campaña de la renta del pasado año, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, incidió en que Cáritas era "el buque insignia de la Iglesia". Las alusiones a Cáritas y a la labor social son constantes en la autopromoción de la Iglesia, que gasta algo menos de 4 millones de euros al año en difusión de información de carácter económico, según el propio Fernández Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.

No obstante, el dinero del IRPF se dedica fundamentalmente al gasto estructural de funcionamiento de la Iglesia. No directamente a proyectos sociales o pastorales, sino a pagar a su personal: al clero. Lo que la Iglesia argumenta es que todo en la Iglesia acaba obedeciendo a sus fines sociales y pastorales. Hay, según los datos de la memoria de 2015, 18.576 sacerdotes. De los 247,8 millones de asignación tributaria percibidos por la Iglesia en 2015, casi 200 millones (199,7) van al apartado "envío a la diócesis para su sostenimiento", a los que se suman 16,2 millones de seguridad social del clero. Entre ambos conceptos suman más del 87%. El funcionamiento de la Conferencia Episcopal se lleva 2,6 millones. Las retribuciones de los obispos, 2,1 millones. La Santa Sede, 500.000 euros. Hay una concepto de "actividades pastorales nacionales", que en 2015 supuso algo más de 3 millones, y que ha servido para fines variopintos como financiar la cadena de televisión derechista 13tv, campañas contra el aborto o beatificaciones.

¿Y Cáritas? En 2015 se llevó una aportación extraordinaria de 6,2 millones: un 2,5% del total.

  5. fines sociales... y de la iglesia

Uno de los éxitos más desapercibidos de la historia reciente de la Iglesia en España, ya de por sí llena de éxitos, data del año 2000. No es la ley hipotecaria del 46, base de su imperio inmobiliario construido a base de inmatriculaciones; ni la ampliación de dicha potestad en 1998, por parte del Gobierno de José María Aznar. No son los acuerdos del 79 ni la cesión de Zapatero en 2000, que mejoró el sistema de financiación y le permitió enarbolar un discurso —más que discutible— según el cual a la Iglesia la financian sus fieles. No es tampoco la Ley de Mecenazgo de 2002, que amplió los beneficios fiscales de la Iglesia. Mucho menos conocido que todo ello es que desde el año 2000 el contribuyente pasa a poder marcar las dos casillas: la de la Iglesia y la de fines sociales. No tiene que elegir entre darle el dinero a la institución o a las ONG, una disyuntiva fatal para los planteamientos de la jerarquía. ¿Por qué? Porque suponía una oposición entre lo social y lo religioso, precisamente cuando la Iglesia incide en el carácter social de su labor a la hora de pedir a los contribuyentes que pongan la cruz.

Además cuando se marca la llamada equis solidaria, también se están financiado a organizaciones de la Iglesia, como Cáritas y Manos Unidas. El mecanismo es igual que con la equis católica: el que la marca no pone un euro más, sino que se detrae su 0,7% del total recaudado. Cáritas y la Iglesia se ayudan mutuamente. Ambas insisten en pedir a los contribuyentes marquen las dos casillas. "Mejor2" es el lema de la Conferencia Episcopal. Lógico. En ambas casillas gana dinero. Más extraño resulta que instituciones como la Junta de Andalucía hagan públicamente campaña a favor de le equis solidaria. El Gobierno andaluz, a través de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha pedido en una comparecencia conjunta con la Plataforma del Tercer Sector a los contribuyentes andaluces que marquen la equis solidaria.

Las ONG recibirán 314 millones de lo recaudado en 2017 vía IRPF. La asociación Europa Laica hace campaña contra la equis de la Iglesia y contra la equis solidaria. "Nos manifestamos en contra de que el Estado sirva de recaudador de la Iglesia Católica, destinando dinero público para fines exclusivamente religiosos y de mantenimiento del clero católico, por lo que entendemos que no debería existir dicha casilla en la declaración de la renta", señala su campaña. Y añade: "En cuanto a la casilla de Otros Fines de Interés Social, Europa Laica puede reconocer la labor de algunas de las ONG (incluidas las religiosas) beneficiarias de dicha casilla. No obstante, la mera existencia de esta casilla sirve a efectos de legitimación (o como coartada) de la existencia de la casilla de la Iglesia". Juan José Sicó, portavoz de Europa Laica, afirma que este año hay un problema con la equis solidaria, y es que serán las comunidades las que gestionen las ayudas por decisión judicial. "Creemos que esto va a suponer más dispersión y oscurantismo", afirma Picó.

La Conferencia Episcopal, consultada por infoLibre, no quiso participar en este reportaje.

  6. un privilegio de raíz nacionalcatólica

El privilegiado estatus de la Iglesia católica en España hunde sus raíces en la histórica promiscuidad entre el poder civil y religioso. Es fácil rastrear casi 300 años de intimidad institucional y regalismo, desde los concordatos de 1737 y 1753. El Estatuto de Bayona, de 1808, establece: "La religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra". El artículo 12 de la Constitutución de Cádiz, la Pepa, de cariz liberal, señala: "La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquiera otra". El siglo XIX consolida una singularidad política española: la inexistencia de una corriente política liberal sólida emancipada de la sotana. A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, en España los liberales sellan una alianza de intereses con la Iglesia en la que se acepta esa identidad única española, católica y castellana, que en el siglo XX acabaría sublimando el franquismo. El Concordato de 1851, firmado por el papa Pío IX y la reina Isabel II, supuso el certificado de defunción de los ensayos desamortizadores de las corrientes menos confesionales. Desde entonces, y aparte del sobresalto del sexenio democrático, la Iglesia sólo ha sufrido un gran trauma: la experiencia republicana, contra la que la jerarquía católica se empleó a fondo.

Inmortal es el telegrama de Pío XII a Franco una vez acabada la guerra: "Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España". Ni el Vaticano ni la Iglesia en España han pedido perdón. La institución católica se convirtió en un pilar fundamental de la dictadura, participando de forma activa y destacada en la represión y contribuyendo al blanqueamiento del dictador. En 1953 el régimen se apuntó dos tantos: uno) los Pactos de Madrid con Estados Unidos, en virtud de los cuales se instalaron las bases militares yanquis en suelo español; dos) el Concordato con el Vaticano, que supuso la ruptura del aislamiento franquista. Su artículo 1 decía: "La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico". El texto supone la consagración absoluta de la confusión entre las esferas política y religiosa. El Estado español entrega al Vaticano, al fin y al cabo a un país extranjero, la llave de las aulas y un inacabable catálogo de privilegios económicos.

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Dicho concordato jamás ha sido derogado. Fue reformado por los acuerdos de 1976 y 1979, negociados desde finales de los años 60 por el Vaticano y las autoridades franquistas, en razón de una lógica bilateral que escapaba a las dinámicas propias de la Transición. Los acuerdos del 79 son cronológicamente unos acuerdos postconstitucionales, pero su gestación es anterior. Y de hecho su fondo es dudosamente compatible con el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado. Su artículo II dice: "El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico [...]".

El acuerdo del 79 consolida un sistema de funcionamiento de las relaciones económicas entre España y el Vaticano que obliga a todos los españoles, incluidos los no católicos, a financiar a la Iglesia. El convenio económico establece un mecanismo que hace que la Iglesia combine dos vías de ingresos públicos: por la imposición sobre la renta y vía presupuestaria. No obstante, la asignación tributaria tarda en aplicarse. El primer ejercicio fiscal en que se pone en práctica es 1988, con una aportación del 0,5239% por cada equis. Queda establecido también que la dotación a la Iglesia se complemente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

En 2006, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), criticado por la jerarquía por su supuesto laicismo, la institución católica se apuntó un gran logro. El Gobierno y la Iglesia acordaron un nuevo modelo de financiación que ponía fin a la dotación directa del Estado e incrementaba la asignación del IRPF del 0,5239% al 0,7%. Este modelo ha supuesto un incremento de los fondos que el Estado ingresa directamente a la Iglesia. Ahora son unos 250 millones al año. A cambio la Iglesia empezó a pagar el IVA, lo que fue presentado como una contraprestación a pesar de que era una insistente exigencia de la Comisión Europea, recelosa del trato privilegiado que el Estado dispensa a la institución católica.