La AUGC insiste en que la Guardia Civil debió mediar antes en el caso de acoso sexual

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha respondido a la Dirección General de la Guardia Civil cuestionando la versión de que actuó con rapidez en el caso del procesamiento del sargento O.M.G, que está investigado en un tribunal militar por presuntamente violar a una subordinada y luego obligarle a abortar.

La dirección de la Guardia Civil tardó siete meses en apartar al sargento denunciado, pero insiste en que no pudo hacerlo antes porque no existía auto de procesamiento. La AUGC pone en duda esta versión. 

En un comunicado, la AUGC muestra su "estupefacción y enorme preocupación" por la reacción de la dirección del instituto armado, que este jueves defendió su "inmediata" actuación para cesar al sargento. Además, recordó que la denuncia de la víctima no se formuló hasta febrero de 2016, "a pesar de las investigaciones y facilidades".

La AUGC cuestiona el mismo protocolo aprobado en 2013 en este cuerpo. "El protocolo de acoso nunca llegó ni tan siquiera a iniciarse en este caso", aseguran, reprochando que para la dirección de la Guardia Civil "la víctima es lo que menos importa".

"Si la Guardia Civil hubiera tenido especial interés en la denuncia interpuesta por la agente acosada, hubiera podido interesar del Juzgado Togado la información necesaria para adoptar las medidas necesarias, incluso desde la inicial imputación", defiende esta asociación.

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En este sentido, añaden que la "alarma social" y la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil permitía que se hubiera incoado expediente disciplinario antes del auto de procesamiento.

"Lo cierto es que la Guardia Civil pudo actuar anteriormente, pero no lo hizo. Pudo iniciarse expediente disciplinario para adoptar medidas cautelares, o preocuparse por el caso y solicitar de manera urgente el auto de procesamiento contra el sargento para adoptar medidas de manera inmediata", subrayan.

La AUGC concluye con un llamamiento al próximo Gobierno para que el futuro responsable de este Cuerpo "entienda que los derechos fundamentales son compatibles con el cumplimiento de la misión constitucional encomendada a la Guardia Civil".