Primero los barcos saudíes, luego los derechos humanos

Litros de pragmatismo y unas gotas de preocupación. La reacción de los partidos al anunciado viaje del rey Felipe VI a Arabia Saudí, donde previsiblemente se podría avanzar en las negociaciones de un importante contrato para la fabricación de cinco buques de guerra en la empresa pública Navantia, viene marcada por la realpolitik. Aunque en Ciudadanos y especialmente en Podemos se alzaron algunas voces de crítica o exigencia, no se cuestiona la expectativa central generada por el viaje: el cierre del contrato con Arabia Saudí para fabricarle corbetas. "Sería uno de los contratos más importantes de la historia de Navantia", señalan a infoLibre desde la compañía, donde no quieren dar nada por hecho.

Arabia Saudí es una monarquía absoluta donde se producen frecuentes vulneraciones de los derechos humanos, según denuncian numerosas organizaciones, señaladamente Amnistía Internacional. Además mantiene una ofensiva militar en Yemen, a la que ha sometido a un bloqueo naval, según Amnistía Internacional. A tal Estado, cuya monarquía mantiene relaciones fluidas con la corona española desde la etapa de Juan Carlos I, se dispone a viajar Felipe VI en su primera cita diplomática tras la investidura de Mariano Rajoy (PP). También será el debut del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis.

El viaje, el primero del rey con el nuevo Gobierno, tendrá lugar entre el viernes 12 y el domingo 14 de noviembre. Este fin de semana. El viaje estaba previsto para febrero, pero se suspendió. El Gobierno estaba entonces en funciones y acababa de ser ejecutado un clérigo chií. No era el mejor momento. Ahora se retoma. ¿Tiene que ver con la urgencia de cerrar el contrato entre Navantia y Arabia Saudí? Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía, puso este martes directamente en relación el viaje y el contrato. Sanz destacó "el compromiso de la casa real con todo lo que es buenos para nuestro país en cuanto a trabajo, empleo, oportunidades de formación y en cuanto a desarrollo de una industria tan importante en el mundo como es la industria naval, en concreto a la Bahía". "Las negociaciones están muy avanzadas", añadió Sanz.

Estos barcos darán carga de trabajo a las instalaciones de Navantia en Bahía de Cádiz y Ría de Ferrol, ubicadas en entornos duramente castigados por el desempleo. El Gobierno calcula que serán 2.000 empleos y cinco años de actividad. Unos 8 millones de horas de trabajo, según Sanz.

Podemos e IU, a favor del contrato por el empleo

Oponerse a un contrato así, sobre todo en las zonas afectadas, es complicado. Podemos e IU son los que más dudas han mostrado. En febrero el PSOE llevó al pleno de la Diputación de Cádiz una moción para obligarlos a posicionarse. Ambos partidos votaron a favor de la venta de barcos de guerra a Arabia Saudí. En junio, en plena campaña electoral, Unidos Podemos volvió a reiterar con carácter oficial una posición que situaba como prioridad el empleo en los astilleros.

El asunto provoca tensiones recurrentes en la política andaluza, con choques entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), y la líder de Podemos, Teresa Rodríguez. Díaz acusó en junio a Rodríguez de no apoyar a los astilleros por haber pedido a Navantia "rectificar" su actividad para "no vulnerar los derechos humanos". "No utilice el pan de las familias gaditanas como arma electoral", le respondió Rodríguez.

La posición de Podemos en Andalucía sigue teniendo un punto ambivalente. Por un lado, la formación morada apoya el contrato; por otro, reclama a Navantia que busque trabajo en actividades no vinculadas al ámbito militar, especialmente para evitar la venta a Estados que, como Arabia Saudí, vulneran los derechos humanos.

"Otro tipo de pedidos" en el futuro

La posición más delicada es la del alcalde de Cádiz, José María González Kichi, a quien se ve debatirse entre sus convicciones pacifistas y su conocimiento de las urgencias laborales en la Bahía de Cádiz. González defendió en febrero "cualquier tipo de iniciativa que aumente la carga de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz de forma inminente". Pero ahora ha llamado a Navantia a "repensar cuál es su lista de pedidos y de contratos" y a apostar por "otro tipo de pedidos". Su posición es aceptar ahora este pedido, pero señalar que el futuro debe pasar por un cambio de criterio de Navantia.

Compañeros de González en Madrid cargaron expresamente contra el viaje del rey, como ya hizo Podemos en enero, antes de la cancelación. Pero no cargaron las tintas contra el contrato de Navantia. El portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Iñigo Errejón, dijo que "a lo mejor" el rey debería haber elegido otro destino para su primer viaje. "Hay que tener más cuidado a la hora de elegir a qué países se le hacen guiños", afirmó. Pero se mostró al lado del apoyo de González al contrato. "Entiendo sus declaraciones como alcalde de Cádiz y también que hay empresas españolas que tienen negocios con diferentes países", afirmó. Irene Montero, portavoz adjunta en el Parlamento de Podemos, dijo que le "avergüenza" que el rey "se haga fotos con dictadores". El líder de IU, Alberto Garzón, escribió en Twitter: "El primer viaje del ciudadano Felipe de Borbón tras la investidura será a Arabia Saudí. Las malas tradiciones y la hipocresía no cambian".

PP y PSOE, por los "intereses" de España

Son las voces más duras que se han escuchado. Y ninguna cuestiona el contrato con Arabia Saudí. PP y PSOE prácticamente calcaron su mensaje. Tanto Rafael Hernando (PP), como Antonio Hernando (PSOE) defendieron expresamente el viaje del rey invocando los "intereses" de España.

La secretaria provincial del PSOE de Cádiz, Irene García, expresó su deseo de que "el sector naval, como ya lo ha sido la política de Estado para Gibraltar, sea una de las cuestiones claves en las que puedan coincidir PP y PSOE en el Congreso". "Mientras, otros partidos como Podemos tendrán que aclararse", añadió.

Los sindicatos: "Si no lo cogemos, se hace en otro sitio"

Los sindicatos CCOO y UGT en Cádiz, consultados por este periódicos, se mostraron esperanzados en el cierre del contrato y expresaron su disconformidad con la invitación del alcalde de Cádiz a Navantia para que en el futuro busque "otro tipo de pedidos". "Me ha extrañado. Cuando los trabajadores se movilizan por carga de trabajo, ahí está Podemos. ¿Por qué entonces se dice esto ahora? Dice el alcalde que hay que buscar otras alternativas, pero lo cierto es que lo que hay es esto. No otra cosa. Esto. Si no lo cogemos, se va a hacer en otro sitio", señala Jesús Serrano, secretario provincial de Industria de CCOO, que se pregunta si habría que censurar "el mantenimiento de buques que hace Navantia en la base de Rota, o la fabricación de armas en Eibar, o de carros blindados Santa Bárbara, o preguntar adónde van los aviones de la industria aeronáutica andaluza". "Éste es un contrato que estamos esperando como agua de mayo, de los más importantes de la historia militar", concluye Serrano.

Diego Peces, secretario general del Metal de UGT Cádiz, apunta al mismo razonamiento: "Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro". "Claro que lo ideal sería una alternativa, pero lo cierto es que todos los países del mundo tienen armada, y los buques los construyen empresas", señala Peces, que pide "no ser más papistas que el papa". "Se podrían hacer cosas por lo civil, pero competir con países como Japón, Corea o China es complicado. Y luego hay que tener en cuenta que países como Estados Unidos son muy proteccionistas y sus barcos los hacen ellos. Esto [la construcción de buques militares] va por acuerdos de Estado", señala Peces.

Oposición de AI, Greenpeace, Oxfam...

ONG como Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón enviaron en enero una carta al presidente en funciones, Mariano Rajoy, oponiéndose a la firma del contrato entre Navantia y Arabia Saudí. Las ONG denunciaban el riesgo de que Arabia Saudí utilice las fragatas en el bloqueo naval al que somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, cuando inició una campaña de bombardeos aéreos, según estas organizaciones.

"Mantenemos lo que decíamos en enero. Las cosas no han cambiado. Sólo ha cambiado el conflicto en Yemen, que ahora es peor. Arabia Saudí lidera una ofensiva con 6.000 muertos, 30.000 heridos y 3 millones de desplazados", explica el portavoz de Amnistía Internacional (AI) Ángel Gonzalo. "El derecho internacional impide vender armas a países que violan los derechos humanos, como ocurre en este caso", añade González, que alude a la "escalada brutal de la pena de muerte" en Arabia Saudí, "uno de los grandes verdugos del mundo junto a Irán, Irak y China". "Y hay más cuestiones gravísimas como los ataques a la libertad de expresión o la represión de los derechos de las mujeres. Es un socio muy preocupante", añade.

El portavoz de AI afirma que su oposición no es a la venta de armas en general, sino a la venta de armas vulnerando el tratado de Naciones Unidas que regula la venta de armas, de 2014, así como la legislación europea. A su juicio, con Arabia Saudí se incumple la legalidad internacional porque vulnera los derechos humanos.

Una proposición no de ley en el Congreso

De hecho, ése es el punto de partida de la proposición no de ley (PNL) aprobada por el Congreso en abril. Esta PNL –textos aprobados por la Cámara sin valor normativo, pero que exigen al Gobierno la adopción de medidas– instaba al Ejecutivo a parar la venta de armas a los países implicados en la guerra de Yemen. El PSOE se sumó a la PNL cuando se eliminó del texto la exigencia de paralización del contrato de Navantia con Arabia Saudí, dejando la proposición en términos más genéricos. El PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. Este martes Albert Rivera (C's) instó al Gobierno a denunciar la vulneración de los derechos humanos en Arabia Saudí.

La letra de la PNL, impulsada por ERC, podría entrar en contradicción con el contrato entre Navantia y Arabia Saudí. La proposición no de ley instaba al Gobierno a "denegar las autorizaciones para transferir armas a las partes del conflicto de Yemen [...] mientras subsista un riesgo sustancial a tenor de los datos disponibles de que las armas se emplearían para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario". A juicio AI, ese riesgo persiste. El propio Parlamento Europeo aprobó también en febrero una resolución solicitando el bloqueo de la venta de armas a Arabia Saudí por la crisis humanitaria en Yemen.

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La carga de trabajo en Navantia

Navantia tiene unos 5.300 trabajadores, según informó a este medio un portavoz de la propia compañía. En sus instalaciones gallegas está terminando un "flotel" –un buque hotel– para la petrolera mexicana Pemex. Está igualmente en su última fase un BAM (buque de acción marítima) para la armada española. También ha firmado el contrato para la construcción de 42 jackets –estructuras de acero que sujetan los aerogeneradores en el mar– para Iberdrola en sus instalaciones en el Báltico. A Ría de Ferrol también se le encargó el diseño –no la construcción– de un portaaviones para Turquía, otro país en el punto de mira de las asociaciones en defensa de los derechos humanos. Y está previsto para primavera el inicio de la construcción de dos buques de apoyo logístico para la armada australiana, según un portavoz de la empresa pública. En las instalaciones gallegas también se realizan reparaciones.

En Puerto Real (Cádiz) Navantia ha comenzado la construcción del primero de los cuatro petroleros contratados por la naviera vasca Ondimar. Este astillero ha tenido también importante carga de trabajo de Iberdrola. La empresa está fabricando otro BAM en San Fernando (Cádiz) para el ejército español. Los sindicatos señalan que los buques para Arabia Saudí serían una continuación ideal del trabajo en este BAM, que se encuentra en su recta final. El astillero de Cádiz ciudad se dedica fundamentalmente a reparaciones. En Cartagena se está construyendo un submarino para el ejército español, informó Navantia.