El Congreso reactiva la revisión de la justicia universal, con el PP abierto a "corregir" algunos aspectos

Los grupos parlamentarios del Congreso han llegado a un acuerdo para desbloquear la tramitación de una proposición de ley de ERC destinada a revisar las reformas aprobadas por los Gobiernos del PSOE y del PP y que limitaron la aplicación en España de la jurisdicción universal, un pacto al que se han sumado los populares, que están abiertos a "corregir" algunos de los puntos de la ley que aprobó con su mayoría absoluta en 2014.

Así lo han anunciado representantes de todos los grupos parlamentarios tras la reunión que han mantenido en el Congreso con familiares del cámara de Telecinco, José Couso, asesinado en 2003 en Bagdag, mientras cubría la guerra de Irak. Los diputados de todos estos grupos han coincidido en agradecer a los familiares del informador asesinado el trabajo que han realizado durante todos estos años y el esfuerzo que han hecho para propiciar el acuerdo anunciado este martes.

Eso sí, los grupos no han concretado cómo compaginarán la tramitación parlamentaria con los trabajos puestos en marcha en el Ministerio de Justicia. De hecho, en su pacto presupuestario el Gobierno y Unidos Podemos acordaron esperar al informe encargado por la ministra Dolores Delgado a una comisión de expertos. Además, los familiares de Couso se han reunido con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien se ha comprometido con ellos a "tratar de agilizar" la tramitación de la iniciativa y a que salga "del cajón" en el que ha estado metida "dos años", según ha explicado el portavoz de la familia, David Couso, quien ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado por los grupos.

La familia Couso se muestra satisfecha con el acuerdo

"Estamos bastante contentos", ha confesado, expresando su deseo de que la futura reforma de la jurisdicción universal sirva para reabrir la causa sobre el asesinato de su hermano que fue archivado tras la última modificación de la norma en 2014. La proposición de ley de Esquerra fue registrada en octubre 2016 y el Pleno del Congreso la tomó en consideración en marzo de 2017, pero desde entonces no se ha dado un paso más porque la Mesa del Congreso ha ido prorrogando el plazo para la presentación de las enmiendas parciales. Tras el acuerdo de los grupos y el compromiso de Ana Pastor, lo previsible es que no haya más prórrogas y los grupos puedan registrar su enmiendas.

La iniciativa de ERC, como ha recordado su diputada Carolina Telechea, busca volver a la legislación de 1985, lo que también ha defendido el diputado de En Comú, Jaume Moya, pero todos están dispuestos a renunciar a posiciones maximalistas y, en este contexto, avanzan que la idea es revertir los aspectos más restrictivos de la reforma del PP y volver a la situación de 2009, manteniendo los recortes a la jurisdicción universal introducidos entonces por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Vuelta a la jurisdicción universal del 2009

Eso sí, de la reforma de 2014 se salvarían las novedades introducidas en el catálogo de delitos perseguibles y también se aprovecharía para recoger algunos nuevos, como ha avanzado la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro. La diputada ha hecho autocrítica al admitir que la reforma de 2014 incluyó puntos que limitaban "excesivamente", como la condición de que el acusado de crímenes de lesa humanidad tuviera que estar en territorio español para que le juzgara aquí.

Sin embargo ha defendido que aquella modificación tuvo su sentido por la introducción de los nuevos delitos y que se acometió porque se estaba convierto en un problema la cantidad de procedimientos que se pretendían abrir en juzgados españoles que no daban abasto ni con los casos nacionales. Tras recordar que, no obstante, se habían cerrado casos "sin resultado" antes de 2014, Moro se ha congratulado del consenso en torno a la situación de 2009 y ha pedido que actúe con "realismo" y sin levantar falsas expectativas en las víctimas, generando la idea de que aquí se podrán juzgar todos los crímenes de lesa humanidad. Su idea es poder hacer compatible el trabajo de la Corte Penal Internacional y "el de otros ámbitos de justicia universal que están en otros países".

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Pendientes del Gobierno 

Desde el PSOE, Soraya Rodríguez ha mostrado de su deseo de que con el trabajo que se haga en el Congreso y el que ha puesto en marcha el Gobierno para revisar la legislación vigente pronto se pueda "revertir la nefasta reforma del PP". También ha mencionado el grupo de trabajo puesto en marcha por el Gobierno el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez, quien ha destacado que están surgiendo desacuerdos entre Justicia y Exteriores.

En cualquier caso, ha mostrado su apoyo a la vuelta a la legislación de 2009 para que el asesinato de Couso "no quede impune". "Al final haremos un mix entre lo que todos queremos y lo que todos podamos", ha comentado, por su parte, el portavoz de Justicia del PNV, Mikel Legarda, mientras que desde el PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha destacado que víctimas como los familiares de Couso "no pueden esperar más" y no pueden sentirse "desprotegidas" durante más tiempo.