Consejero de Sanidad en Madrid, un cargo de alto riesgo

Cuando el pasado 27 de enero, Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dimitió después del varapalo judicial al proceso de privatización de los hospitales de la región, el presidente regional, Ignacio González, optó por recurrir a un perfil, en teoría, más técnico para cubrir la vacante. Un médico, Javier Rodríguez, venía a cubrir una plaza que en los últimos años había sido ocupada por abogados o empresarios. Un perfil que, en teoría, encajaba perfectamente en la apuesta del líder del PP y presidente del Gobierno por tecnócratas y perfiles poco políticos. En teoría. Porque la gestión de la crisis del ébola, con la criminalización que ha hecho de la auxiliar de enfermería contagiada y sus polémicas declaraciones han acabado por costarle el puesto. "Si González quería pacificar al sector sanitario, ha conseguido el efecto contrario", valora un diputado regional conservador consultado por InfoLibre. 

La opinión más extendida en el Partido Popular es que el consejero, un pata negra del partido que ingresó en 1983 en Alianza Popular, está en la cuerda floja. Y que esta crisis se lo llevará por delante. En la formación presidida por Mariano Rajoy no sólo han escocido sus declaraciones en las que culpaba a una víctima, la auxiliar contagiada, de su situación con expresiones tan hirientes como la que sostenía que muy mal no se encontraría cuando había ido a la peluquería mientras experimentaba los primeros síntomas. También causó gran revuelo su forma de enfrentarse a la pregunta de si pensaba renunciar al cargo por su gestión de la crisis. "Yo tendré que asumir la responsabilidad y si tengo que dimitir, dimitiría. No tengo ningún apego al cargo, soy médico y tengo la vida resuelta".

Ninguno de sus antecesores se ha visto en medio de una crisis de tal gravedad como la que se la ido de las manos a Rodríguez. Pero el puesto de consejero de Sanidad de Madrid lleva años en el foco, bien por el perfil del consejero o bien por las funciones que le eran encomendadas. A continuación se repasan los perfiles de los responsables de Sanidad que precedieron a Rodríguez, las principales situaciones a las que se enfrentaron y el contexto que rodeó a sus abandonos.

Manuel Lamela, el consejero del escándalo de las sedaciones (2003-2007)

En el PP de Madrid es el consejero que hizo frente al compromiso de Aguirre de reducir a 30 días la lista de espera. Y el que selló el compromiso de construir ocho nuevos hospitales. Pero si por algo es conocido es por el asunto de las supuestas sedaciones irregulares del Severo Ochoa de Leganés. El escándalo se remonta a 2005, cuando retiró al jefe de urgencias del citado centro, Luis Montes, tras recibir dos denuncias anónimas por "supuesta mala praxis en la administración de fármacos" a pacientes en estado terminal.

Mientras la Comunidad remitió las incidencias a Fiscalía, la oposición y asociaciones del sector reclamaron el cese de Lamela y el reingreso del médico a su puesto. Pero no se marchó. De hecho, en julio de 2007 saltó de Sanidad a Transportes. La resolución judicial definitiva del caso llegó cuando él ya no estaba en Sanidad. El 28 de enero de 2008 la Audiencia Provincial ratificó el sobreseimiento y el archivo del caso.

Está imputado, como su sucesor en el cargo, por delitos de cohecho y prevaricación. En el procedimiento se investiga la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.

Juan José Güemes, la cara de las privatizaciones (2007-2010)

Fue durante años el ojo derecho de Esperanza Aguirre. A él, que venía de la Consejería de Empleo y Mujer, "la jefa", como llaman los suyos a la presidenta del PP de Madrid, le encomendó en 2007 la de Sanidad. Durante años fue el político que a ojos del PP madrileño, mejor encarnaba las ideas políticas de Aguirre. No en vano, le escogió para reforzar el proceso de privatización de la sanidad madrileña, una tarea que compatibilizó con la de secretario de Comunicación regional. Por entonces, no había acto o inauguración a la que acudiese que no fuera recibida con protestas de trabajadores y sindicatos, protestas que intentaba sortear apelando a que el Gobierno madrileño estaba trabajando para mejorar la libertad de elección de los ciudadanos y criticando a los sindicatos de conjurarse para tapar los errores del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por entonces en la Moncloa.

La complicidad entre Aguirre y Güemes, casado con Andrea Fabra, la hija del polémico expresidente de la Diputación de Castellón, se fue apagando con el paso del tiempo. Y el 18 de marzo de 2010, Esperanza Aguirre presidió una rueda de prensa del Consejo de Gobierno en la que, con Güemes a su lado, anunció que éste abandonaba la política –que no la militancia del PP– por "motivos personales". El consejero ya tenía destino: el Centro Internacional de Gestión Emprendedora del Instituto de Empresa.

Frente a los motivos personales esgrimidos, hay en el partido quien cree que el exconsejero se marchó tras fracasar la operación de Aguirre para colocar al frente de Caja Madrid a Ignacio González. Un esquema en el que, según cuentan, él estaba destinado a ser vicepresidente de la Comunidad. Unida a esta tesis figura la que apunta a que en el entorno de la presidenta no le perdonaron ser el único miembro del PP de Madrid, además de Aguirre, que figuraba en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. En el Congreso de 2008 Rajoy hizo caso omiso a las recomendaciones de Aguirre, que pedía un puesto en la cúpula de partido para González y para Francisco Granados, por entonces secretario general del partido. Optó por el yerno de Fabra. "La cercanía a Rajoy es algo que no gusta mucho en el aguirrismo", aguirrismo" señala un dirigente regional.

El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, admitió a trámite en junio de 2013 una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros Lamela y Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La imputación también afecta a los representantes de la Fundación Jiménez Díaz, el grupo Ribera Salud, Capio Sanidad, Unilabs y Asisa. El pasado octubre estas imputaciones fueron confirmadas al desestimar el juez los recursos de los querellados.

Javier Fernández-Lasquetty, el hombre del varapalo judicial (2010-2014)

Entró en el gabinete de Gobierno de Aguirre en junio de 2007 con la cartera de Inmigración y Cooperación. Y en 2010, la expresidenta le encomendó la vacante que había dejado Juan José Güemes. Ha sido uno de los principales protagonistas políticos de la marea blanca contra la privatización sanitaria. 

En 2012 anunció un plan de sostenibilidad de la sanidad madrileña que, entre otras medidas, incluía la externalización de la gestión sanitaria de seis hospitales públicos y 27 centros de salud, la reconversión de los hospitales La Princesa y Carlos III y el cobro del euro por receta. El Carlos III es el hospital en el que están siendo tratados la enfermera contagiada de ébola y otros pacientes en observación.

El Tribunal Constitucional tumbó el euro por receta. También fue paralizada su intención de convertir La Princesa en un geriátrico. Pero el motivo de su dimisión hay que buscarlo en la paralización cautelar de la privatización de la sanidad pública madrileña. Ese día, 27 de enero de 2014, anunció su marcha. "Es mi responsabilidad. Yo soy el creador del proyecto", argumentó.

Javier Rodríguez, el médico que indignaba a sus compañeros (2014)

La gestión de la crisis del ébola –le ha tocado a él hacer frente al primer caso de contagio fuera de África– ha enfadado no sólo al sector sanitario y a la oposición.

En el PP no ocultan que la gestión de esta crisis no ha sido la mejor. Y apuntaban a Rodríguez como uno de los máximos culpables. Todo empezó el mismo lunes, cuando el consejero se escapó de la foto no compareciendo junto a Ana Mato en la rueda de prensa en la que se informó del contagio. En su lugar, rindió cuentas el director general de Atención Primaria, la persona que tiene en sus manos las competencias en materia de Salud Pública después de que la Comunidad de Madrid, en 2008, reestructurara el organigrama de la consejería.

El hecho de que no interviniese en la rueda de prensa irritó mucho al equipo de Mariano Rajoy, así como la evidente descoordinación que se ha mostrado entre Comunidad y Gobierno. "En casos como este, las administraciones deben coordinarse. No se pueden dar datos contradictorios sobre un mismo hecho", denuncian fuentes médicas.

Pero la gota que colmó el vaso han sido sus declaraciones dejando caer todo tipo de responsabilidad del contagio sobre la auxiliar contagiada. "Lo de que muy mal no debería estar cuando se fue a la peluquería después de ir al médico es de premio. Con la que está cayendo, con la separación de los ciudadanos de la política que muestran las encuestas...", reflexionaba un destacado dirigente del partido de Rajoy.