El Constitucional se prepara para un curso de alto voltaje que marcará el futuro de la cúpula judicial
El Tribunal Constitucional levantará de nuevo la persiana en poco más de un mes para afrontar un nuevo curso. A diferencia de lo sucedido el verano pasado, el máximo intérprete de la Ley Fundamental echará a andar en esta ocasión sin arrastrar ninguna renovación pendiente. Y con los asuntos más viejos y delicados ya resueltos por su Pleno. Pero eso no quiere decir que el curso que está por venir vaya a ser tranquilo. Sobre la mesa hay aún recursos de alto voltaje, tanto a nivel político como social, que deberán ir resolviéndose durante los próximos meses. Algunos de ellos, parte de esa ofensiva judicial con la que la derecha y la ultraderecha tratan de derogar eso que han calificado como sanchismo.
Desde que se puso fin a la situación de interinidad de un tercio de los magistrados, el nuevo Tribunal Constitucional, de mayoría progresista y con Cándido Conde-Pumpido como presidente, pisó el acelerador para resolver a la mayor brevedad posible aquellos asuntos de gran trascendencia. Así, se quitó de encima el aborto –el más antiguo que tenía entre manos–, la eutanasia, la reforma educativa o las fórmulas alternativas de promesa o juramento de los diputados. En seis meses, según los datos del máximo intérprete de la Ley Fundamental, se han dictado 85 sentencias. O 5.067 resoluciones si se tienen en cuenta también autos y providencias.
Pero el adelanto electoral le obligó a echar el freno. Para no influir en la campaña, los magistrados guardaron en un cajón aquellos expedientes de gran calado, centrándose en los que tenían menor relevancia política y social. Ahora, una vez superado el parón estival y a la espera de si se conforma un nuevo Gobierno o se repiten elecciones, todos esos recursos aparcados volverán a estar encima de la mesa durante el nuevo curso.
Es el caso de los recursos interpuestos por PP y Vox contra el cambio normativo del Gobierno que impide a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones hacer nombramientos discrecionales. La resolución de este asunto, que se esperaba para junio pero que tuvo que aplazarse por el adelanto electoral, tendrá importantes consecuencias. Sea cual sea el sentido de la misma.
Si se mantiene la prohibición, una opinión que, en principio, parece la dominante, el agujero en la cúpula judicial seguirá agrandándose hasta que el órgano de gobierno de los jueces se renueve. Si se anula, el CGPJ en funciones podrá llevar a cabo alrededor de un centenar de nombramientos al más alto nivel que están pendientes a día de hoy. Y ahora mismo, tras la salida de Rafael Mozo, el denominado bloque conservador en el órgano cuenta con una mayoría de tres quintos, lo que le permitiría llevar a cabo designaciones sin necesidad de consensuarlas con el sector progresista.
De la Ley de Memoria a la 'ley trans'
No será, sin embargo, el único expediente a nivel jurídico. La reforma del Código Penal que eliminó la sedición y cambió el delito de malversación es otro de los temas que los magistrados del Constitucional tienen aún sobre la mesa. En este caso, los recursos interpuestos por PP y Vox, que ponen en cuestión el procedimiento de aprobación y defienden que la reforma vulnera varios artículos de la Constitución, versan sobre el fondo del asunto. Es decir, nada tienen que ver con la maniobra que ambos partidos pusieron en marcha el pasado mes de diciembre para frenar las enmiendas que se intentaron introducir a través de esa misma ley para facilitar la renovación del Constitucional.
El máximo órgano de garantías, además, deberá pronunciarse durante el próximo curso sobre varias cuestiones de enorme calado social. Es el caso de la Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición en la pasada legislatura, recurrida por la derecha y la ultraderecha. Para el PP, la norma infringe derechos fundamentales como la libertad ideológica, de enseñanza, de cátedra o de expresión y creación literaria y científica, así como la distribución de competencias o la autonomía municipal.
En la lista de asuntos pendientes está también la reforma de la ley del aborto, que vio la luz a finales de la legislatura y que ha sido recurrida por la formación ultra al considerar que podría vulnerar el derecho a la igualdad, a la libertad ideológica o a la vida. Y la llamada ley trans. Esta última norma es otra de las que el PP ha llevado, junto con Vox, ante el Constitucional. En concreto, su recurso se dirige contra artículos relacionados con la modificación genital de menores de doce años, rectificación registral relativa al sexo y su reversibilidad o sanciones.
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En Domenico Scarlatti, sede del TC, también están a la espera de resolución algunas cuestiones de ámbito económico. Es el caso de los recursos contra la ley Rider o la reforma laboral, que la formación conservadora decidió llevar al Constitucional al entender que el hecho de que no se permitiese al diputado Alberto Casero corregir su voto tras el error cometido vulnera el artículo 23.1 de la Ley Fundamental, el que garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. También está el impuesto a las grandes fortunas, recurrido por varias de las comunidades autónomas lideradas por el PP.
Y pendiente continúa el caso de Alberto Rodríguez. Hace casi dos años, un Supremo dividido –dos magistrados apostaban por la absolución– condenó al diputado de Podemos a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa de 540 euros, por un delito de atentado a agentes de la autoridad por unos hechos sucedidos en 2014. Aquella condena llevaba aparejada otra de inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo, lo que terminó provocando que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, le retirase el escaño.
Rodríguez interpuso dos recursos de amparo en el Constitucional. Por un lado, contra el fallo del Alto Tribunal. Por otro, contra el acuerdo de la presidenta de la Cámara Baja de sustituirle. La Fiscalía ya emitió su opinión al respecto. En un informe remitido al TC, adelantado por El Mundo, se mostró a favor de amparar al exparlamentario frente a la decisión de Batet al considerar que "en el proceso decisorio que tuvo lugar en sede parlamentaria" no se puede "apreciar" ningún "ejercicio ponderativo que condujera a descartar alguna o algunas de las posibilidades de interpretación diferente a las normas aplicables". Otra cosa es el recurso contra el fallo del Supremo. En ese caso, el fiscal consideró que no debía ser estimado.
