García-Castellón deja en herencia flecos de grandes causas de corrupción tras los fiascos de Podemos y Puigdemont
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inicia las labores para cubrir decenas de puestos en los tribunales. Con el esqueleto del nuevo órgano ya conformado, la Comisión Permanente, núcleo duro del mismo, acordó esta semana anunciar un concurso de traslado de magistrados. Se ofertan, en total, 180 plazas. Entre ellas, dos de peso en la Audiencia Nacional. Una es la Presidencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. La otra, el Juzgado Central de Instrucción nº6. Un órgano que durante los últimos años ha tenido un enorme foco mediático y que hasta su jubilación ha dirigido, rodeado de polémica, el magistrado Manuel García-Castellón, que deja como herencia criptoestafas y flecos de macrocausas de corrupción.
A diferencia de lo que ocurre con los nombramientos del Supremo o las presidencias de Sala o Tribunales Superiores, éste no es un nombramiento discrecional. Se hace por concurso entre los aspirantes a la plaza. Y en el mismo tiene un peso importante la antigüedad. Así queda establecido en el artículo 329.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Los concursos para la provisión de plazas de los Juzgados Centrales de Instrucción [...] se resolverán a favor de quienes hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional penal durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria; en defecto de este criterio, en favor de quien ostente mejor puesto en el escalafón".
Uno de los nombres que han sonado con fuerza para reemplazar a García-Castellón ha sido el de Santiago Pedraz. Este magistrado lleva al frente del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, a la que llegó hace casi dos décadas, desde 2021. Sin embargo, no es el titular de la plaza. La ocupa en sustitución de José de la Mata, quien se encuentra en situación administrativa de servicios especiales mientras ejerce como miembro nacional de España en Eurojust, la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial penal. A pesar de los rumores y de que partiría en una buena posición en el concurso –ocupaba el 183 en el escalafón a finales de marzo–, desde su entorno rechazan que tenga intención de aspirar a la plaza del despacho de al lado.
Otro nombre que siempre suena cuando hay una plaza libre en la Audiencia Nacional es el de Mercedes Alaya. La magistrada, instructora en su día del caso ERE –corregido recientemente por el Tribunal Constitucional– y presidenta actual de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, lleva desde 2018 intentando dar el salto a Madrid. Sin embargo, todos sus intentos por acceder a un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, que se hacen cargo de los casos más potentes, han sido un fracaso. En el primero, aspiró a sustituir a Carmen Lamela en Instrucción nº3, pero al final fue la magistrada María Tardón quien se quedó con el puesto. Y lo mismo le ocurrió cuando trató de acceder a Instrucción nº4 tras la salida de Fernando Andreu.
Luego aspiraría, cuando De La Mata se fue a Eurojust, a Instrucción nº5, pero la solicitud realizada por Pedraz volvió a frustrar su sueño de aterrizar en Madrid. El cambio de despacho del magistrado dejó libre la silla de Instrucción nº1, para la que también se postuló sin éxito Alaya –hasta el último momento fue la candidata de mayor antigüedad, pero al final se acabó postulando Francisco de Jorge, 379 puestos por delante de ella en el escalafón–. Una plaza a la que volvió a aspirar después de que el magistrado se fuera en comisión de servicios a la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas. Pero en esta ocasión, fue la progresista Mercedes del Molino la que pinchó otra vez más la burbuja de Alaya, que ocupaba a finales de marzo el puesto 599 en el escalafón.
Últimos coletazos de corrupción
En caso de dar finalmente el paso, sería el sexto intento de la magistrada de dar el salto a Madrid. Y el primero en el Juzgado Central de Instrucción nº6. Un órgano judicial de enorme foco mediático. Por él han pasado en los últimos años algunos de los procedimientos judiciales que han marcado con mayor intensidad la agenda política nacional: desde Púnica y Lezo hasta Tándem, la macrocausa de corrupción construida alrededor del comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo. Y, por supuesto, Tsunami, que García-Castellón convirtió en uno de los principales obstáculos de la amnistía defendiendo la existencia de un delito de terrorismo en las protestas derivadas de la sentencia del procés.
Este último caso estaba llamado a ser la gran patata caliente que dejase el magistrado vallisoletano tras su jubilación. Pero todo cambió a comienzos de julio, cuando tuvo que decretar el archivo de la causa tras un auto de sus superiores invalidando todas las diligencias acordadas durante los tres últimos años por un error en la prórroga de la investigación. Vivos quedan, sin embargo, Púnica y Lezo, si bien el grueso de ambas está ya o a la espera de juicio oral o con auto de procesamiento dictado. Entre los flecos pendientes, según las fuentes consultadas, se encuentra, en relación al primer procedimiento, una pieza sobre blanqueo y otra sobre el supuesto pelotazo en la construcción de colegios concertados.
Lo que queda de 'Tándem' y las estafas 'online'
El sucesor de García-Castellón también tendrá sobre la mesa las Diligencias Previas 96/2017, que giran alrededor del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Dicho procedimiento ha llegado a acumular desde que se inició hace casi siete años alrededor de medio centenar de piezas abiertas. La instrucción de las más potentes mediáticamente ya está concluida. Es el caso de Kitchen, centrada en la operación parapolicial para hacerse con material sensible que el extesorero del PP Luis Bárcenas pudiese tener para la formación conservadora –está procesada toda la cúpula de Interior con Jorge Ferández Díaz–. O las que han salpicado a algunas de las grandes empresas del Ibex –los encargos de Iberdrola o del BBVA, con Francisco González al frente, están a la espera de juicio–.
Quien coja las riendas del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional deberá, por tanto, continuar con el resto de piezas abiertas, algunas centradas en encargos menores y otras utilizadas de manera instrumental como cajón de sastre de audios. Por otro lado, también deberá hacerse cargo de la causa que se sigue contra el exjuez Fernando Presencia, al que la Audiencia Nacional envió a prisión hace justo un año acusándole de liderar una organización encaminada al enriquecimiento ilícito propio mediante la difusión de noticias falsas. Y de algunas relacionadas con estafas. Es el caso JuicyFields, una estafa piramidal de inversión en cannabis. O FX Winning, una supuesta criptoestafa que aún sigue bajo secreto de sumario.
Durante su etapa al frente de Instrucción nº6, García-Castellón se empleó a fondo en los casos relacionados con Podemos. Así, no dudó en abrir una investigación secreta sobre la supuesta financiación irregular del partido en base a las declaraciones del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal. Y cuando los varapalos de sus superiores le obligaron a decretar el archivo de la misma, no dudó en poner en marcha otra causa para investigar por blanqueo y falsedad a Juan Carlos Monedero. Hace justo un año, en el marco de dicho procedimiento, el instructor ordenó registrar la vivienda de un empresario venezolano que facturó 70.000 euros al cofundador de la formación morada.
Preguntado por el estado de dicha causa, el entorno del dirigente político dice desconocerlo. "Lo único que sabemos es lo que filtran ellos mismos a la prensa. Nunca han informado de nada", se quejan. Y añaden sobre lo que califican como "jueces basura": "Contra Podemos ha valido todo, lo que demuestra, como decía Iglesias, que nuestra democracia es una mierda".
