La 'crisis del whatsapp' desnuda al completo los tejemanejes para el reparto de cuotas en la cúpula judicial

Una semana después de la irritación generada al difundirse que PSOE-PP ya habían convertido de facto al magistrado Manuel Marchena en la primera autoridad judicial del país sin que se conociera aún el nombre de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que teóricamente debían elegirlo, la crisis del whatsapp del portavoz del PP en el Senado ha dejado por completo al desnudo los tejemanejes para el reparto de cuotas en la cúpula de la judicatura.

La renovación del CGPJ, mantienen al unísono los distintos juristas consultados este martes, siempre había resultado conflictiva por cuanto requiere el respaldo de tres quintos de las Cámaras parlamentarias y, en consecuencia, exige un pacto político previo. Pero nunca hasta ahora el control político de un poder que la Constitución consagra como independiente se había visualizado "con tanto descaro", asegura una de las fuentes. 

"Antes, en los pactos para renovar el Poder Judicial el velo era transparente y se traslucía lo que había debajo, pero ahora ya no hay velo", sostiene un magistrado emérito del Supremo que, como los restantes consultados, hablaron este martes con infoLibre a condición de no ser identificados. Todos los sondeados, jueces, abogados y observadores políticos adscritos a distintas corrientes distintas, coinciden en que el mensaje donde Ignacio Cosidó daba por hecho que el nombramiento de Marchena permitiría al PP controlar "por detrás" el juicio del procés ha sido la "puntilla", el "detonante" o "la gota que ha colmado el vaso" y ha forzado la renuncia de Marchena a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo. 

El whatsapp ha sido, concluye una de las fuentes, el "striptease total" de un proceso que nació torcidostriptease: el de la renovación del CGPJ, cuyo mandato expira el 4 de diciembre y en el que pueden mantenerse ahora sine die el presidente saliente, Carlos Lesmes, y los 20 vocales que estaban ya vaciando los cajones. Salvo, y esa opción no resulta descartable, que PP y PSOE recompongan el acuerdo que este martes dio por roto Pablo Casado. Uno de los consultados cree incluso factible que Marchena termine presidiendo el CGPJ "por aclamación" de los 20 vocales. Los restantes ni siquiera se plantean esa hipótesis. De momento, ni siquiera se sabe qué ocurrirá este jueves, fecha en que el Congreso tenía previsto validar el nombramiento de los primeros ocho vocales.

La renuncia de Marchena, cuyo gesto ensalzaron a lo largo del día asociaciones de jueces y portavoces políticos, le confirma a priori como presidente y ponente en el juicio del procés, aunque uno de los sondeados, con larga experiencia en el Tribunal Supremo, advierte de que las palabras de Cosidó constituyen un episodio "preocupante con vistas a Estrasburgo". Es decir, que da bazas a los líderes independentistas a la hora de argumentar, llegado el caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no fueron sometidos a un juicio imparcial y con todas las garantías dado que Cosidó presenta a Marchena como "uno de los suyos". Otro de los juristas cuya opinión recabó este diario entiende, en cambio, que al romper la baraja del pacto para el CGPJ, Marchena no solo ha actuado con dignidad sino que devuelve a la justicia el lustre perdido durante la crisis del impuesto de las hipotecas y refuerza la imagen de independencia.

"En realidad –dice con sarcasmo otro de los consultados– el senador del PP fue muy sincero en su whatsapp, esos son los tejemanejes que había tras el pacto". "¿Que si esto agudiza la crisis de desconfianza ciudadana en la justicia? Estábamos bajo mínimos y ahora estamos un poco más bajo mínimos. Lo peor del whatsapp es que pone en evidencia cómo pensaba el PP manejar la justicia", acusa un abogado familiarizado con los protocolos de transparencia. 

La elección de los vocales

"Lo que funciona mal –opina uno de los magistrados a los que acudió infoLibre este martes– no es la elección de los vocales del CGPJ [20, ocho de ellos juristas de reconocido prestigio y 12, jueces en activo] sino que no se respeta que son esos vocales los que eligen al presidente y eso es lo que hay que corregir ya". Otro magistrado, de muy distinta adscripción ideológica y favorable a que los 12 vocales que corresponden a la carrera judicial sean elegidos solo por los jueces sin intervención del Congreso y el Senado, comparte con el anterior que, dada la gravedad de la situación, "quizá la única salida sería nombrar a los 20 vocales cuyos nombres ya habían pactado el Gobierno y el PP, encerrarlos como en un cónclave para elegir papa y no dejarlos salir hasta que haya fumata blanca". Es decir, hasta que los 20 consensúen un candidato para la presidencia. 

La asociación Francisco de Vitoria, que la semana pasada anunció un recurso contra el nombramiento de Marchena, propone ahora una solución que trasladará a las otras asociaciones judiciales: la mayoritaria y conservadora APM, la progresista Jueces para la Democracia y la más minoritaria de todas, Foro Judicial Independiente. Esa solución, explica su portavoz, Raimundo Prado, se resume así: "Que las asociaciones propongamos una lista de 12 jueces y se la ofrezcamos al Parlamento para que la vote, así no habría que cambiar la ley".

La ruptura del pacto amenaza con congelar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ya en trámite y destinada a restituir a todos los vocales la dedicación exclusiva de forma que el órgano de gobierno de los jueces recupere su carácter asambleario y finalice así lo que múltiples juristas definen como la etapa "presidencialista" de Carlos Lesmes.

Muy desgastado por el embrollo en que se metió el Supremo hace un mes cuando el presidente de lo Contencioso ordenó revisar el nuevo criterio que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas, revisión que concluyó con una marcha atrás favorable a las entidades financieras, Lesmes se había beneficiado del escaso tiempo que tenía por delante para agotar su mandato. Nadie puso realmente especial énfasis en pedir su cabeza porque se le suponía "amortizado". Ahora, con un horizonte incierto, nadie sabe si Lesmes continuará apenas un mes en el cargo o, por el contrario, extenderá su mandato durante meses como presidente interino.

"La ruptura es total, llegamos a las elecciones sin renovación del Consejo", augura un cualificado observador convencido de que la filtración del whatsapp de Cosidó fue "un ajuste de cuentas" interno. O fuego amigo disparado por quienes "están en contra de que el juez José Ricardo de Prada [clave en la sentencia de Gürtel que certifica la existencia de la caja B del PP] entre en el Consejo y quieren al mismo tiempo que Marchena siga como ponente en el juicio del procés".