Las cuatro incógnitas que abre la sentencia del céntimo sanitario

La resolución prejudicial que ha publicado este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando ilegal el llamado céntimo sanitario, vigente en España entre los años 2002 y 2012, plantea varias cuestiones que no están claras: ¿Es ésta una decisión definitiva? ¿Cómo se podrá reclamar el dinero del impuesto? ¿Quién se hará cargo de las eventuales devoluciones?

¿La decisión es firme?

La sentencia que declara ilegal el impuesto y que ha hecho pública la Justicia europea no es aún definitiva, ya que se trata de una decisión prejudicial que solicitó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al ser el órgano que tenía judicializada las demandas de 60 empresas de transporte para que se les devolviesen las cantidades abonadas en virtud de este impuesto. De esta forma, tendrá que ser éste tribunal nacional quien redacte la sentencia sobre el caso concreto acerca del que se preguntó –el relativo a la compañía Transportes Jordi Besora–, si bien lo que ha decidido la Justicia europea vincula a todos los casos parecidos.

¿A cuánto ascendería la cantidad a devolver?

El total recaudado entre los años 2002 y 2012 entre el Estado y las comunidades autónomas a través del céntimo sanitario fue de unos 13.000 millones de euros. No obstante, todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que la cantidad real que tendrá que abonarse en total a quienes hayan pagado el impuesto ahora declarado ilegal será sensiblemente menor a esta cifra, ya que la inmensa mayoría de los consumidores particulares no conservan las facturas de sus repostajes y, además, la legislación limita el periodo del que se puede reclamar a los cuatro años anteriores a la presentación de dicha reclamación. Es decir, que salvo para quienes hayan hecho ya su reclamación, tan sólo se devolveran los impuestos cobrados desde 2010.

No obstante, dichas fuentes no se ponen de acuerdo a la hora de pronosticar una cantidad concreta. En este sentido, mientras que el Ministerio de Hacienda ha asegurado que aún es pronto para realizar ninguna estimación, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) ha sido mucho más concreto y ha cifrado el total a reintegrar en 3.950 millones de euros. Una cifra muy similar a la que estima la abogada Irene Mallol, que representa a las 60 empresas de transporte denunciantes; la letrada ha asegurado que, al no haber limitado la sentencia del Tribunal europeo el periodo del cual se tendrá que devolver la recaudación, el total de dinero que el Estado y las comunidades reintegrarán será de alrededor del 30% del total, es decir, unos 3.900 millones de euros.

¿Cuál es el procedimiento para pedir el reintegro?

Mallol explica que los afectados podrán, una vez se publique la sentencia definitiva del TSJC, pedir a la Agencia Tributaria que se les devuelvan las cantidades cobradas ilícitamente presentando las facturas de las adquisiciones del carburante, con el desglose de los litros consumidos y el detalle del impuesto devengado. El procedimiento exacto viene recogido en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Tributaria, que establece que será la propia Agencia quien se encargará de analizar los documentos, vigilar el cumplimiento de los requisitos y, en caso necesario, efectuar las devoluciones.

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¿Quién se hará cargo de devolver el dinero?

El céntimo sanitario contaba con dos tramos: uno estatal, de aplicación obligatoria en las 17 comunidades, y otro autonómico, que implantaron en algún momento entre 2002 y 2012 hasta 13 regiones. El Ministerio de Hacienda tampoco se ha mostrado claro a la hora de aclarar quién debe pagar las devoluciones, y ha señalado que prefiere esperar a que se publique la sentencia del TSJC para valorar este hecho. Sin embargo, algunas comunidades autónomas ya han declarado que, en su opinión, debe ser el Estado quien se encargue de estos reintegros. 

Así se ha expresado el consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell, que ha asegurado que la autonomía no debe ocuparse de la devolución porque el céntimo sanitario es un impuesto estatal. La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, también se ha mostrado partidaria de este método, e igualmente el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha considerado que el fallo va dirigido al Gobierno central y que "la competencia la tiene la Agencia Tributaria, que es quien tiene que hacer la devolución a los profesionales del transporte". No obstante, otras regiones, como Madrid, Asturias o Baleares, se han mostrado más cautas y han pedido tiempo para analizar la sentencia.