Defensa adjudica nuevos contratos ‘a dedo’ a la empresa de armas de la que Morenés fue consejero

El Ejército de Tierra, a través del mando de apoyo logístico, ha adjudicado este mes de agosto dos contratos por el procedimiento negociado sin publicidad, es decir, a dedo, a la empresa Instalaza SA. Ambos suman más de tres millones de euros. No es la primera vez en esta legislatura que el Ministerio de Defensa adjudica contratos a esta firma conocida por la fabricación de bombas racimo y a la que el ministro del departamento, Pedro Morenés, estuvo vinculado como consejero, al menos hasta marzo de 2009. Fue el 22 de diciembre de 2011 cuando juró como ministro.

El primero de estos contratos –las resoluciones de adjudicación han sido ya publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público– fue firmado el 1 de agosto. El montante total es de 1.001.032 euros y el concepto es la “adquisición de municiones contracarro Alcotán-AT”.

Sólo seis días después, el 7 de agosto, se firmaba el segundo de los contratos. En este caso, el concepto fue la “adquisición de treinta y dos direcciones de tiro Vosel” y el precio, 2.060.136 euros.

Pasado vinculado al sector

Con estas dos últimas adjudicaciones, el departamento que dirige Morenés ha invertido en lo que va de legislatura 16 millones de euros de dinero público en esta empresa armamentística que tiene su sede en Zaragoza y a la que el titular de la cartera estuvo vinculado. El grueso de los contratos ha sido adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad, una fórmula opaca que la ley se reserva para circunstancias puntuales. infoLibre ha intentado sin éxito que Defensa concretase los motivos por los que se escogió este procedimiento para estos dos casos concretos.

Hasta la fecha, la adjudicación más cuantiosa del departamento de Morenés a Instalaza ha sido la publicada en el BOE del 13 de enero de este año: 3.999.957 millones de euros para la adquisición de material sistema Alcotán, un sistema de lanzagranadas con alcance superior a los 500 metros.

Desde que Morenés aterrizó en este ministerio, fuentes de su departamento han insistido en que no existe ningún motivo ni incompatibilidad que impida que se suscriba contratos con Instalaza. Asimismo, han precisado que el ministro no ha intervenido en ninguno de estos expedientes porque parten de órganos con capacidad plena de contratación.

Declaraciones contradictorias

La vinculación del ministro con el sector armamentístico no ha estado exenta de polémica desde su aterrizaje en el Gobierno de Mariano Rajoy.Mariano Rajoy De hecho, esta cuestión fue uno de los ejes de la primera Comisión de Defensa en la que compareció en enero de 2012, un mes después de llegar a Defensa. Por estas fechas, los partidos de la oposición abrieron el debate sobre la idoneidad de que un hombre vinculado profesionalmente al sector del armamento hubiese tomado las riendas de Defensa. Morenés señaló entonces en sede parlamentaria que su relación con Instalaza abarcó "del año 2005 a 2007". El ministro mantuvo que en el Registro Mercantil constaba que había abandonado la empresa en 2007. Unas declaraciones que chocaban con el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), donde figuraba que había estado vinculado con Instalaza hasta el 4 de octubre de 2011.

Morenés no erró cuando fijó en 2007 el fin de su relación con Instalaza. Pero no dijo toda la verdad: su baja fue cubierta por una sociedad denominada Boguillas SL, una empresa que le tenía a él como socio y administrador único. Pese a que la baja de Boguillas SL como consejero de Instalaza y de Morenés como su representante no fue publicada en el BORME hasta octubre de 2011, la fecha real de su dimisión como consejero fue el 30 de marzo de 2009. Así figura en una anotación ampliatoria que el ministro hizo en su declaración a la toma de posesión. Esta nota lleva fecha del 1 de marzo de 2012.

El 50% de los contratos de suministro de ropa de la Armada se licitaron por 59.900 euros para adjudicarlos a dedo

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Instalaza denunció al Gobierno de Zapatero

En 2010, Instalaza denunció al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reclamando más de 40 millones de euros por daños y perjuicios por la prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de racimo en España como consecuencia de la firma del Tratado de Dublín.

Recientemente, la Audiencia Nacional dio la razón al Gobierno y rechazó la indemnización reclamada por Instalaza.