La derecha judicial se moviliza para boicotear la ley de amnistía
El acuerdo para reeditar un Gobierno progresista cada vez está más cerca. Sin embargo, quedan flecos por atar. Sobre todo, en relación con la amnistía. No hay duda de que habrá un olvido jurídico en relación al procés. Y de que la propuesta de ley se registrará más pronto que tarde en el Congreso de los Diputados. Pero aún se desconoce el contenido íntegro, la literalidad, de la misma. Algo que, sin embargo, no ha impedido que se empiecen a mover las primeras placas tectónicas dentro de la judicatura. En la derecha judicial han comenzado a sonar ya los primeros tambores de guerra contra la medida. Parte de ellos, en el órgano de gobierno de los jueces, que está a punto de cumplir cinco años en funciones tras el permanente rechazo del PP a renovarlo.
En ese encaje de bolillos del que depende una nueva legislatura de Pedro Sánchez, el PSOE ha conseguido cerrar este jueves el acuerdo con ERC para la investidura. Pero aún falta terminar de atar el pacto con Junts. El ministro de la Presidencia y jefe negociador de los socialistas, Félix Bolaños, espera que suceda pronto. Y una vez que eso ocurra, se registrará en la Cámara Baja la tan esperada amnistía. Todo apunta a que se hará en forma de proposición de ley. Una fórmula que, a diferencia del proyecto de ley, evita que se tengan que solicitar una serie de informes preceptivos a diferentes órganos que dilatarían la tramitación de la norma en el Congreso. Entre ellos, el que se tendría que pedir al Consejo General del Poder Judicial.
Pero el núcleo duro del bloque conservador en el órgano de gobierno de los jueces, el no está dispuesto a guardar silencio. Y, por eso, no ha dudado en forzar un Pleno extraordinario para intentar que el CGPJ muestre públicamente su rechazo a este olvido jurídico. El cónclave, solicitado por ocho de los consejeros nombrados a propuesta del PP, se celebrará el próximo lunes. Sobre la mesa, una propuesta de declaración institucional que para que salga adelante necesita sumar un apoyo más. En el sector progresista rechazan la iniciativa. Por tanto, todo depende de lo que haga Vicente Guilarte, presidente interino del Consejo, o Wenceslao Olea. Ambos, nombrados en su día también a propuesta del PP.
El ala dura del bloque conservador pretende que el caducado órgano de gobierno de los jueces exprese a golpe de declaración institucional su "preocupación y desolación" por una medida que supone la "degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho" y que convierte "la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica" en una "quimera". "Impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho", insiste el texto que se debatirá y votará en la sesión plenaria, en el que también se niega el encaje constitucional de la amnistía, algo que en último término quien debe determinarlo es el TC.
Pero no han sido los únicos. Pocas horas después de que comenzasen a moverse las fichas en el órgano de gobierno de los jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que están estrechamente vinculados algunos de los vocales del núcleo duro conservador del Poder Judicial, se lanzó con dureza contra esa ley de amnistía de la que ni siquiera se conocen aún los detalles. Lo hizo a través de un comunicado, en el que el mayor colectivo judicial del país –el año pasado aglutinaba a casi la mitad de los asociados y a un cuarto de toda la carrera– no dudó en señalar que el olvido jurídico supone "el principio del fin" de la democracia, rompe las reglas de la Constitución y hace saltar "por los aires" el Estado de derecho.
"Una norma legal, cualquiera que sea la denominación que se le dé, que exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena", han cargado desde la Asociación Profesional de la Magistratura, al tiempo que han defendido que una norma de estas características, que pone "en cuestión" la "labor" de los jueces que aplicaron las leyes, "no es admisible" en la Ley Fundamental por mucha "trampa" o "encaje constitucional" que se le quiera buscar. Por eso, sentencian que una amnistía "quiebra" el principio de separación de poderes y "vulnera el principio de igualdad".
Un comunicado que se han encargado de traducir al alemán, inglés y francés para intentar hacérselo llegar a través de redes sociales a instituciones y altos representantes de la Unión Europea.
También se han pronunciado en las últimas horas desde la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Ahora bien, para criticar el movimiento de los vocales conservadores del Poder Judicial. "Los ocho vocales del CGPJ designados por el PP saben que no tienen competencia para informar sobre proyectos o proposiciones de ley, pero no les importa embarrar a la judicatura en la confrontación partidista. Transmiten una penosa imagen de servilismo", han señalado en redes sociales.
La palanca de los jueces
Una vez que se apruebe y entre en vigor la ley de amnistía, los tribunales tienen margen de maniobra para frenar temporalmente el efecto de la misma en los procedimientos que guarden relación con el procés. Lo pueden hacer a través de la cuestión de inconstitucionalidad, una palanca que tienen a su disposición los órganos judiciales cuando consideran que "una norma con rango de ley" aplicable a una causa y de cuya validez dependa un posible "fallo" pueda ser contraria a la Ley Fundamental. Ahora bien, la misma solo puede plantearse en aquellos casos en los que "el procedimiento" haya concluido y tras haber oído a las partes y al Ministerio Fiscal, según recoge la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
La presentación por parte de un juez de esta cuestión ante el máximo intérprete de la Constitución paralizaría la aplicación de la amnistía en ese caso concreto hasta que el TC se pronunciase sobre la misma. Se trata, por lo tanto, de un instrumento que no se utiliza con carácter general, sino que se circunscribe a cada procedimiento. Es decir, puede darse el caso de que algunos tribunales activen esta palanca suspendiendo temporalmente la aplicación de la amnistía en sus causas y que, al mismo tiempo, otros entiendan que dicho olvido jurídico es constitucional y lo decreten en sus procedimientos directamente. Se da por hecho que el Supremo, que tiene una causa abierta contra el expresident Carles Puigdemont, recurrirá a este mecanismo cuando entre en vigor la amnistía.
