Derogar la ley de Aznar y acabar con los conciertos: algunas recetas para revertir la privatización de la sanidad

"Hacer ley el lema que tanto han repetido en años de lucha las mareas blancas: la sanidad pública no se vende, se defiende". Ese es el espíritu, en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, de la futura norma de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que este lunes ha iniciado su andadura saliendo a consulta pública. Cuando vea la luz verde pondrá "coto", añadió, al "lucro incesante de las diferentes formas de gestión" sanitaria y dará a su vez "carpetazo" a la normativa que hasta ahora había permitido el "beneficio obsceno" de las empresas privadas. "Nosotros queremos que cada euro de los impuestos de los españoles vaya destinado a la salud, al artículo 43 de la Constitución", reafirmó. Pero, ¿en qué deben traducirse estas palabras?

Para responder a la pregunta primero hay que viajar 27 años atrás, cuando el Gobierno conservador de José María Aznar cambió el panorama que hasta entonces fijaba la Ley General de Sanidad de 1986. "Esa norma establecía como preferente la gestión pública directa, aunque permitía la posibilidad de concertar actividad privada como solución extraordinaria a los problemas puntuales de la pública", recuerda Fernando Lamata, médico y experto en gestión y administración sanitaria. Era, concreta, un sistema que podía funcionar como complementario, nunca como "alternativa estructural" a esa gestión pública.

Pero cambió en 1997. "Era una época dominada por la idea neoliberal de que lo público no funciona, de que la Administración es rígida y no responde a las necesidades de la gente", continúa el facultativo. Por eso la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud abrió la posibilidad de que la sanidad financiada públicamente pudiera gestionarse desde lo privado. Se tradujo por ejemplo, según recuerda Lamata, en concesiones, la fórmula que cataloga como "más peligrosa" de privatización.

Hay dos modelos para llevarla a cabo: el PFI (iniciativa de financiación privada), en el que la Administración cede a la concesionaria la financiación, construcción y gestión de la parte no sanitaria de los hospitales (administración, limpieza, alimentación, lavandería, aparcamiento, locales comerciales, etc.); y el PPP (partenariado público-privado), en el que la Administración cede a una Unión Temporal de Empresas (UTE) la financiación, construcción y gestión del hospital, también su personal. Este último también se conoce como modelo Alzira, y hace honor al primer hospital que utilizó la fórmula, el de La Ribera. Fue en 1997.

Actualmente, y según un informe presentado a principios de este año por Audita Sanidad, en la Comunitat Valenciana sigue habiendo cinco centros bajo estos modelos, mientras que en Madrid hay otros once. La organización criticó en el mismo documento que se trata de un modelo que, además de "amenazar la democracia y la transparencia", genera más costes que ningún otro, produce "impactos sociales, ambiantales y de género" y conlleva "riesgos para la parte pública". Principalmente, explica Lamata, porque cuando hay una reducción de recursos públicos como ocurrió en la crisis de 2008, la ley "pone por delante el pago a las concesiones sobre la financiación de los centros públicos". "Hay una discriminación negativa hacia ellos", denuncia.

Pero el problema no son sólo las concesiones, sino también los conciertos de determinados servicios, añade Lamata. Según la última Estadística de Gasto Sanitario Público, el Gobierno destinó 9.274 millones de euros a este tipo de contratos con la sanidad privada en 2022, lo que supuso un 10,1% del total de presupuesto destinado a esta partida, con la que se financia por ejemplo el 35% del negocio de los hospitales privados. Además, y según los datos recogidos por la Fundación IDIS, de 438 que hay en toda España, 172 tienen conciertos con la Administración, mientras que 162 no.

No concertar más, revertir concesiones e inspeccionar

Con este escenario, los expertos tienen claro en qué debería consistir la nueva norma que echó a andar este lunes. Lamata, por ejemplo, apuesta por "intentar subir los criterios" que permitan precisamente las concertaciones y las concesiones, sobre todo aquellas que se realizan con empresas privadas con ánimo de lucro. Porque en Cataluña por ejemplo, como señala la presidenta de la Asociación de la Economía de la Salud, Anna García-Altés, casi todos los contratos están suscritos con fundaciones y organizaciones. "Esta colaboración público-privada debería ser excepcional", concreta el médico, que trataría, no obstante, de erradicar los modelos concesionarios "si jurídicamente fuera posible". Y en cualquier caso, reclama inspecciones para las gestiones privadas que ya están en marcha. "Hay que extremar los controles de calidad, garantizar que se cumplen unos estándares", añade.

Desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez-Bayle se muestra más radical. Aboga por la derogación, directamente, de la ley 15/1997 y apuesta por que la nueva normativa rechace cualquier nuevo concierto o concesión, así como por la "reversión de los centros actualmente en manos privadas a la finalización de los contratos" y por la "integración de la asistencia sanitaria de las mutualidades de funcionarios en la sanidad pública".

"Venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo que se paralice la privatización y se revierta lo que ya es privado. Estamos totalmente en contra de la colaboración-privada , que básicamente significa usar recursos públicos para incrementar beneficios privados, sin resolver los problemas sanitarios", denuncia.

A este respecto, García-Altés pide, antes de especificar el contenido de la norma, evaluar precisamente este aspecto. "Ante todo, apostamos por la evidencia, por ver qué datos hay que indiquen cuál de los dos modelos es más eficiente", señala, por su parte. E incide en que, se plasme en lo que se plasme la norma, tanto la pública como la privada deberán "jugar con las mismas reglas". "Si unos tienen para flexibilidad para contratar como quieran, por ejemplo, los otros también deberían poder hacerlo", apunta.

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Aunque todas las fuentes consultadas se muestran cautas, esta no es la primera vez que el Gobierno pretende frenar las privatizaciones sanitarias mediante un texto similar. El Consejo de Ministros aprobó, en junio de 2022, el Proyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud que, entre otros asuntos, cerraba la puerta a nuevos copagos, se ponían trabas a la privatización y se ampliaba la asistencia sanitaria universal. La norma también fue bautizada como ley Darias, en referencia a la entonces ministra Carolina Darias, que fue quien la impulsó.

No estuvo exenta de polémica. Según denunciaron entonces sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, el texto de la ley no acababa, precisamente, con la ley 15/1997 de Aznar, por lo que no podían apoyarla. "Abrió la puerta a la privatización masiva de la sanidad pública española y, desde entonces, en algunos territorios más que en otros, los procesos de privatización han avanzado imparables, deteriorando la calidad de la atención, precarizando a los profesionales, rompiendo la equidad del sistema y haciendo millonarios a unos pocos", criticaron.

Finalmente no hizo falta un acuerdo, puesto que el adelanto electoral guardó la norma en un cajón. Ahora, el nuevo equipo de Mónica García lo ha sacado, del mismo modo que ha hecho con la universalidad de la atención sanitaria, cuyo proyecto de ley ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. El objetivo, con este texto, es revertir el recorte que llegó de la mano de otro Gobierno del PP, esta vez del liderado por Mariano Rajoy, que en 2012 dejó fuera de la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular.