Las devoluciones en caliente vulneran los derechos humanos: España recibe la novena advertencia de un organismo internacional

El representante especial del secretario general del Consejo de Europa para la Migración y los Refugiados, Tomáš Boček, ha visitado España y ha llegado a unas conclusiones muy claras: la política migratoria del Gobierno no es la adecuada. Los motivos son varios: los centros de acogida de Ceuta y Melilla están saturados, las solicitudes de asilo continúan almacenándose y las devoluciones en caliente siguen produciéndose. Así lo expresó a través de un informe hecho público este jueves y en el que se pone de manifiesto las deficiencias que, aun con el cambio en el Ejecutivo, continúan presentes. 

La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa auguraba un cambio en materia migratoria. Este giro se evidenció pocas semanas después de desalojar al Gobierno del PP, cuando el líder del Ejecutivo decidió lanzar un salvavidas al barco Aquarius y acoger a los 629 migrantes y refugiados que viajaban a bordo. En paralelo, el propio Sánchez y su titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaban la retirada de las concertinas, la paralización de las devoluciones en caliente en las fronteras terrestres con Marruecos y la recuperación de la sanidad universal. Pero de estas tres, tan sólo se cumplió la última, que fue aprobada este mismo jueves por el Congreso –con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos–. Las otras dos medidas, de momento, no han pasado de las palabras. "Rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente", dijo el propio líder del Ejecutivo en 2017. Su prohibición era una medida contemplada, además, en el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones generales del 26 de junio de 2016. 

 

Las también conocidas como devoluciones sumarias, legalizadas mediante una enmienda de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en solitario por el PP, han preocupado, y mucho, a todas las organizaciones de derechos humanos. No han sido pocas las veces que las han denunciado y han solicitado que dejen de llevarse a cabo. A ellas se sumó este jueves el Consejo de Europa. Boček sostiene en su informe que la Guardia Civil "no trata de comunicarse" con los migrantes que logran cruzar a las ciudades autónomas. "Por consiguiente, los extranjeros no expresan ninguna solicitud de protección internacional. Poco después de recibir asistencia de la Cruz Roja, son devueltos a Marruecos a través de puertas especiales a lo largo de la frontera". 

Este es el primer tirón de orejas que un organismo internacional da al Gobierno por vulnerar los Derechos Humanos de los migrantes mediante este tipo de práctica, pero España ya había sido advertida más veces. Concretamente, ocho. Organismos de la Unión Europea y hasta Naciones Unidas lo han dicho varias veces: las devoluciones en caliente tienen que ser prohibidas. Por el momento, y tras el noveno aviso recibido este jueves, el Ejecutivo no ha dicho nada. 

Europa las declaró ilegales

Con la de este jueves, ya son cinco las advertencias lanzadas por distintos organismos pertenecientes a la Unión Europea. Han sido insistentes, pues comenzaron a denunciar las devoluciones en caliente que practicaba el entonces Gobierno de Mariano Rajoy hace ahora más de cuatro años, a principios de 2014. Fue precisamente cuando los conservadores estaban a punto de aprobar en solitario la ley mordaza, que introdujo una disposición adicional a la Ley de Extranjería que legalizaba de facto las devoluciones en frontera que, hasta ese momento, se llevaban a cabo sin ningún tipo de amparo legislativo. 

En aquel momento, el comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, aseveró en un artículo publicado en el Huffington Post que "España no puede legalizar lo que es ilegal". Por ello, pidió a los diputados que votaran "de acuerdo a la Declaración de Derechos Humanos". De poco sirvió, puesto que el Pleno terminó legalizando las devoluciones sumarias.

Pero antes que él lo hizo la que por aquel entonces ya era ex comisaria europea, Cecilia Malmström, que hacía ya meses había enviado una carta al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidiéndole explicaciones sobre "los malos tratos" recibidos por los inmigrantes en la valla de Melilla y sobre el intento de legalizar las devoluciones.

Muiznieks se ha mostrado muy beligerante con estas prácticas, pues han sido hasta tres los avisos que ha lanzado al Ejecutivo. En el año 2015, ya con la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada, volvió a insistir en que estas prácticas "no se ajustan a la legalidad internacional". Lo hizo tras visitar personalmente la ciudad de Melilla, donde afirmó con preocupación que la legalización de estas prácticas ponía en peligro "el principio del fin" del sistema de asilo y protección internacional.

Y lo repitió, otra vez, este pasado mes de marzo. En esta ocasión, lanzando advertencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), precisamente el organismo que el 3 de octubre de 2017 declaró ilegales las devoluciones en caliente y condenó a España a indemnizar con 5.000 euros a N.D. y N.T. (de Mali y Costa de Marfil, respectivamente), dos migrantes expulsados a Marruecos en el año 2014. La devolución se produjo "sin ninguna medida administrativa o judicial previa", contra su voluntad y "sin que antes tuvieran acceso a intérpretes" ni a asistencia jurídica, falló el tribunal, al que Muiznieks advirtió ahora que lo ocurrido con estas dos personas es una práctica habitual que impide "que los inmigrantes ejerzan de modo efectivo su derecho a buscar protección internacional".

La ONU advirtió sobre el riesgo de tortura

La ONU, a través de distintos organismos, también ha denunciado en varias ocasiones las devoluciones en caliente. La primera vez que lo hizo fue en el año 2015, cuando el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura dijo estar "seriamente preocupado". Se acababan de dar cobertura legalalas expulsiones en frontera y el procedimiento, sospechaba la institución, podría no cumplir con el derecho de no devolución, recogido en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura: "Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura". Pero esas razones, denunció la ONU, nunca estarían fundadas, puesto que las devoluciones se producían "sin una evaluación previa del riesgo de retorno". 

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Tan sólo dos meses después, la misma denuncia. Esta vez llegó de manos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que manifestó de nuevo su "preocupación" porque estos procedimientos se llevaran a cabo sin las garantías suficientes. "El Estado parte debe revisar la Ley de Seguridad Ciudadana y garantizar que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados y a la protección frente a la devolución sin discriminación", afirmó el organismo. 

El Subcomité para la Comisión de la Tortura, en 2017, insistió en la misma idea. Instó a España, ya por tercera vez, a no llevar a cabo este tipo de devoluciones en caliente sin una previa evaluación individualizada de los casos específicos de cada migrante que conseguía acceder a las ciudades autónomas. Pero la última llamada de atención llegó el pasado mes de febrero de manos del Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño. Las denuncias eran las mismas: las expulsiones se llevaban a cabo sin las garantías necesarias, criticaron. Pero es que, además, no había mayor protección para los menores porque las pruebas de edad no se realizaban de forma adecuada.

Por tanto, las críticas que llegaron este jueves desde el Consejo de Europa no son nuevas, pero se desconoce si las medidas que tomará el Gobierno al respecto serán las mismas. Por ahora, la actitud del Ejecutivo no ha cambiado: el pasado 26 de julio, la Guardia Civil expulsó a dos migrantes que acababan de cruzar la valla de Ceuta.