Libertad de prensa

Reporteros sin Fronteras cita en su informe la denuncia del PP contra infoLibre como ejemplo de acoso a la prensa

El presidente de la Sección Española de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Bauluz, junto a la periodista Montserrat Domíguez.

España se sitúa en el puesto número 32 de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, que elabora Reporteros Sin Fronteras (RSF) y que ha presentado este martes, lo que supone una caída de tres posiciones respecto al año pasado. A juicio de RSF, "unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión" hacen caer a España en la clasificación, pese a la mejora de la seguridad de los periodistas y los avances legislativos. Para la organización, la polarización mediática y el deterioro económico del sector contrarrestan la mejora del clima informativo.

Al igual que la polarización, destaca la proliferación en España, como en otros países de su entorno, de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor. Como por ejemplo, la denuncia presentada por un supuesto delito de revelación de secretos contra infoLibre por el ahora ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Los hechos se remontan al 7 de junio de 2021, cuando este diario publicó una información titulada El presidente de Murcia medió en la operación quirúrgica de un familiar de García Egea: “La van a programar para el día 20”. En el texto se reproducían dos imágenes en las que se podía ver al presidente regional hacer gestiones por whatsapp con el secretario general de Salud, Andrés Torrente, y transmitir datos sobre la operación de un paciente al número dos del PP a nivel nacional. Ese paciente era un familiar de García Egea. El entonces número dos del PP exclamaba un agradecido "cojonudo" al recibir la información.

RFS cita también los casos de elDiario.es, denunciado por Cristina Cifuentes tras destapar el caso máster, y de El Confidencial , denunciado por Iberdrola tras su cobertura de las investigaciones sobre las presuntas relaciones entre el grupo eléctrico y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Del mismo modo, se destaca los casos de periodistas que denuncian a agentes de la policía, o son ellos denunciados por estos, en el marco de manifestaciones ciudadanas, y que se enfrentan a procesos judiciales en los que la versión policial prevalece generalmente (caso de Albert Garcia, El País, absuelto, y caso en curso de los periodistas de El Salto, Público y otros medios imputados por falso testimonio, tras denunciar agresiones de los agentes).

"La Justicia española suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o SLAPP no es tanto lograr una condena contra la prensa –difícil en democracias consolidadas– como enredar a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos", concluye Reporteros Sin Fronteras.

RSF recuerda en su informe la actual tramitación en el Congreso de la posible derogación de los llamados delitos de expresión –como las injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos o la apología del terrorismo; o del artículo de la ley mordaza que penalizaba la captación de imágenes por la prensa y que ha sido declarado inconstitucional por el TC. Para la organización "no es un año en el que el contexto político haya afectado seriamente a la libertad de prensa, pese a la falta de transparencia mostrada por los gobiernos central y autonómicos con la información pública sobre la pandemia, y pese al clima de animadversión a la prensa generado esencialmente por la ultraderecha". Y añade que "lo que penaliza a la posición española es el contexto económico de los medios, tanto en lo que respecta a la excesiva concentración del mercado, como a las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y le grave precarización de los profesionales".

El clima de polarización

La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa subraya como problema global y generalizado una doble polarización: la mediática “amplificada por el caos informativo”, y la generada por los propios Estados. Desde RSF se ha realizado una evaluación de las condiciones en las que se ejerce el periodismo en el mundo con un énfasis en la actual guerra de Ucrania. La “nueva era de la polarización” desencadena una desinformación a gran escala que va cada vez en aumento a medida que los recursos económicos van disminuyendo.

Durante el último año el periodismo ha sido testigo de “dos apagones informativos en directo”: cuando los talibanes se hicieron con el poder en Afganistán y cuando el Kremlin comenzó su invasión en Ucrania, –suceso al que no se podía denominar “guerra” porque Rusia lo negaba–. En este contexto la información ha sido la primera en sufrir los estragos de la censura, de la persecución de periodistas y de la libertad de prensa. 

Las evoluciones dispares de la situación de la libertad de prensa en el mundo reflejan tendencias destacables: primero, el regreso de los "asesinatos de periodistas en suelo de la UE", en referencia a Giorgios Karaivaz y Peter R. De Vries, asesinados en 2021 en Grecia y Países Bajos, respectivamente, "al más puro estilo mafioso". Noruega, Dinamarca y Suecia son los tres países que encabezan el ranking de libertad de prensa debido a su ecosistema económico y por su facilitación de la información pública. “Siguen siendo un modelo en el que la libertad de expresión se realiza en todo su esplendor”, apunta RSF. Por detrás, con una situación buena, figuran Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal y Costa Rica.

Por el lado contrario aparecen 42 países en situación difícil, como por ejemplo Argelia que este año ha encarecido su situación posicionándose al nivel de Marruecos. Los consiguientes son México, Nigeria, Líbano, Bolivia, entre otros. 

Cierran la lista un total de 28 países en situación muy grave destacando Bielorrusia, Rusia, Arabia Saudí, Irán, Palestina, Corea del Norte, la región del Sahel –donde fueron asesinados dos periodistas españoles, David Beriáin y Roberto Fraile, hace poco más de un año–, Cuba, Siria, Vietnam, Birmania, Eritrea, Nicaragua, Bangladesh y Egipto.

En la Unión Europa, se da la circunstancia, además, de que "los periodistas han sido asimilados erróneamente a las autoridades y han tenido que hacer frente a una hostilidad virulenta por parte de manifestantes contrarios a las medidas de lucha contra el coronavirus", con un "elevado número de agresiones físicas" en Alemania, Francia, Italia y Países Bajos.

Bajan las muertes, suben los encarcelamientos”, señala la ONG en referencia a que los asesinatos de los periodistas han disminuido en el último año. “Esto debería de alegrarnos” apunta “pero que hayan disminuido las muertes significa que han aumentado las prisiones”. 

En el 80% de los países del mundo es difícil comunicar

Nicaragua registra la mayor caída en la región de América Latina donde RSF alerta que “los periodistas desarrollan su labor informativa en un entorno cada vez más deteriorado y tóxico”. Esta tendencia está "alimentada por una retórica contra los medios y una generalización de los discursos estigmatizantes por parte de la clase política, especialmente en Brasil, Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, lo que "fragiliza la profesión y alienta procesos judiciales abusivos, campañas de difamación e intimidaciones, especialmente contra las mujeres".

Así, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, ha manifestado que "redactora jefe de Russia Today, Margarita Simonian, reveló la base de su pensamiento en un programa de la cadena Russia One, cuando afirmó: "Ninguna gran nación puede existir sin controlar la información". "El despliegue de un armamento mediático en los países autoritarios aniquila el derecho a la información de sus ciudadanos y explica, a la vez, el aumento de unas tensiones en el plano internacional que pueden llevar a las peores guerras", ha argumentado.

La ONG ha señalado que "en las sociedades democráticas, el desarrollo de medios de opinión al estilo de Fox News y la generalización de los circuitos de desinformación, impulsada por las redes sociales, están provocando un aumento de las fracturas sociales". "En el plano internacional, la asimetría que existe entre, por una parte, sociedades abiertas y regímenes despóticos que controlan sus medios y sus plataformas, mientras libran guerras de propaganda, debilita a las democracias", ha explicado, antes de subrayar que "en ambos niveles, esta doble polarización es un factor de intensificación de las tensiones".

RSF ha puesto como ejemplo la invasión de Ucrania por parte de Rusia y ha dicho que "se preparó mediante una guerra de propaganda", al tiempo que ha apuntado que China "ha utilizado su arsenal legislativo para confinar a su población y aislarla del resto del mundo, especialmente a la de Hong Kong".

La situación tras la guerra en Ucrania

La cobertura de la invasión rusa ha sido fácil por ser accesible y cercana, dando una oportunidad a muchos periodistas freelance a presentarse en Ucrania para hacer cobertura del conflicto. No obstante RSF señala la precariedad de estos periodistas que van sin recursos cuando “cubrir una guerra cuesta mucho dinero”. Se hace una denuncia desde la organización a los medios que no otorgan recursos necesarios para la elaboración de un buen trabajo.

La precariedad y la falta de recursos conlleva a una cobertura de los sucesos que “les dejan contar”, es decir, “obtener permisos y llegar hasta un punto ha sido fácil” señala. Sin embargo lo difícil es llegar más allá de lo que ellos te quieren permitir ver, al final lo que se retransmite y sobre lo que se informa es lo que ellos te dejan ver y contar. Pocos son los periodistas que han llegado más allá. 

Asimismo, Rusia ha puesto un velo a su información, persiguiendo, encarcelando y etiquetando a sus periodistas para un mayor control. Los medios rusos y los comunicadores están obligados a utilizar en cada publicación, artículo y tuit la etiqueta de agente extranjero. La situación desde el comienzo de la guerra ha empeorado. 

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