¿Es ético trabajar a la vez en la pública y la privada? Tres comunidades exigen exclusividad a sus médicos

Entrar por la mañana en un hospital o en un centro de salud público. Salir y empezar de nuevo la jornada por la tarde, esta vez, en uno privado. Es lo que hace alrededor del 20% de los médicos en España, según los datos de Sespas, y lo que el Ministerio de Sanidad pretende prohibir para los jefes de servicio y directivos sanitarios, algo que por ahora sólo hacen Asturias, Extremadura y Navarra. Así lo contempla el borrador del Estatuto Marco, un documento que se negocia desde hace dos años y que ha puesto en pie de guerra a las organizaciones profesionales que, de hecho, ya han anunciado su medida más tajante: irán a la huelga el próximo 23 de mayo.

Lo anunciaron este martes, después de que así lo decidiera el Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) con el respaldo del Sindicato Médico Andaluz (SMA). Su objetivo, dijeron en un comunicado conjunto, es alcanzar "una modificación legislativa que permita a los médicos negociar sus condiciones laborales en un ámbito distinto al actual". Dicho de otro modo: el Estatuto Marco es una legislación paragüas que engloba a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Es decir, sirve igual para un cirujano que para un administrativo. Lo que los facultativos quieren, básicamente, es conseguir otra mesa para sentarse cara a cara con el departamento de Mónica García y acordar, entre las dos partes, nuevas condiciones laborales.

Ahora mismo consideran que su voz no está siendo escuchada. Básicamente porque ni siquiera está representada en la mesa de negociación. "Quienes están sentados a esa mesa son los sindicatos generalistas, y en el colectivo médico tienen una implantación muy baja", critica Víctor Pedrera, secretario general de CESM. La consecuencia es clara: sus condiciones, asegura, "no las están negociando facultativos". Jesús Jordán es responsable de políticas públicas en CCOO y es uno de los participantes en esas reuniones. Y rechaza de plano este argumento. "El sindicato médico está, pero es que además nosotros también representamos al colectivo", defiende.

Lo llevan haciendo dos años. Fue con la exministra Carolina Darias —actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria— cuando empezaron las negociaciones de una legislación que lleva intacta desde el año 2003 y que había avanzado, hasta el verano pasado, con cuestiones que iban más allá de la jornada laboral o de las compatibilidades laborales. Esas cuestiones empezaron a discutirse ahora, tras la publicación en enero del borrador que ha sacado a la calle a las organizaciones profesionales. Volverá a hacerlo el próximo mes de marzo, los días 5 y 12, en dos nuevas jornadas de protesta que servirán de calentamiento para el paro nacional.

Conflictos de intereses y retorno de los recursos públicos

Fue una de las medidas que más unanimidad en las críticas ha provocado. La idea del Ministerio de Sanidad es que todos aquellos responsables de equipos en hospitales y en centros de salud no puedan trabajar, además, para la sanidad privada. Una medida que iría, en todo caso, acompañada de la recuperación del complemento de exclusividad. "Se está debatiendo en algunos parlamentos autonómicos y en otros países. Nadie se imagina que alguien pueda trabajar en Coca-Cola y en Pepsi a la vez. Sabemos que genera conflictos de interés y malas prácticas que perjudican a nuestro Sistema Nacional de Salud", defendió la ministra García.

En concreto, según informan desde CESM, son sólo tres las autonomías que ya funcionan así: Asturias, Extremadura y Navarra. La Región de Murcia, por su parte, lo hacía hasta que saltó la polémica, cuando la derecha de PP y Vox decidieron revertirlo como forma de mostrar su oposición al Gobierno central.

El Ministerio de Sanidad sigue defendiendo su medida como una forma de asegurar un "desempeño ético de las funciones directivas y de gestión", un argumento que comparten desde CCOO. "Entendemos que la garantía de servicio público incluye la exclusividad de trabajar sólo en el sistema público, aunque éste debe estar mejor retribuido", sostiene Jordán.

El portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Sergio Fernández, opina en el mismo sentido. "Siempre hemos defendido la dedicación en exclusiva. Y por varios motivos", sostiene. El primero es que la compatibilidad puede provocar conflictos de intereses como, de hecho, ha ocurrido en alguna ocasión. Lo publicó El País hace apenas unos meses: el jefe de Dermatología del hospital madrileño Ramón y Cajal, el que tiene más lista de espera, factura 17 millones en sus clínicas privadas. De sus 27 profesionales, 17 trabajan para él en sus negocios.

Pero ya no es sólo eso. Para Fernández también se debe asegurar que los recursos públicos se usen en beneficio del sistema público, y por eso aplaude también la otra propuesta sobre exclusividad puesta encima de la mesa por el departamento de García.

Consiste, básicamente, en que todos los médicos internos residentes (MIR) estén obligados, durante los cinco primeros años tras terminar su formación, a dedicarse al sistema público, una medida que en todo caso queda en manos de las comunidades. Aunque el Ministerio recuerda: "No olvidemos que los presupuestos públicos sufragan el periodo de formación sanitaria especializada".

¿Fuga de profesionales?

Sin embargo, no son pocos los profesionales que han salido a la calle al entender que la medida tendría el efecto radicalmente contrario. Sheila Justo, vicepresidenta de Amyts, considera que, sobre todo para los MIR, acabar con la exclusividad provocaría "restringir la contratación". "Durante los primeros años de profesión es habitual tener inestabilidad laboral y es por tanto cuando más puede darse esa situación de compatibilizar sistemas diferentes de trabajo", sostiene.

En términos generales resulta complicado saber las cifras exactas de cuántos médicos trabajan en ambos sistemas, aunque las cifras que recoge la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) muestran que es alrededor de un 20% el número de facultativos que lo hacen. Por otro lado, según el informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035, el empleo sanitario privado creció un 7% entre 2018 y 2021, el mismo periodo en el que el público descendió un 1,8%.

La idea que traslada eso a Justo y a Pedrera es la que ya han denunciado otras veces: no faltan médicos en España, sino facultativos en la sanidad pública. Prohibir que compatibilicen su trabajo en la pública y en la privada sólo agravaría ese problema. "Los jefes de servicio son los profesionales más valorados. Si se les coarta la posibilidad de atender también en la privada no van a querer tener ese cargo de responsabilidad", señala Pedrera, que lamenta además que ese complemento que recibirían es "irrisorio". Respecto a las buenas prácticas, añade, ya existe una normativa que lo regula. "Y si no se cumple entonces es problema de la administración", sostiene.

"En el sindicato cada vez tenemos más llamadas de médicos que quieren información sobre otras salidas laborales que no sean la asistencia sanitaria o sobre cómo salir de España, por eso ahora mismo no se pueden llevar a cabo medidas restrictivas, sino propuestas que atraigan a los profesionales y les retengan", señala.

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Más allá de la cuestión relativa a la exclusividad o incompatibilidad, la posible modificación de las guardias médicas también ha supuesto otro de los puntos de fricción entre las organizaciones profesionales y el Ministerio. Actualmente, como explica Pedrera, existen dos tipos de guardias: unas que tienen lugar los festivos y que son de 24 horas y otras que son de 17 horas y que se complementan con las jornadas ordinarias de tal forma que también acaban sumando un día entero de trabajo. Es decir: si un horario normal tiene lugar de 8 a 15 horas, la guardia se llevaría a cabo de 15 a 8 horas.

La propuesta de Mónica García pasa por limitar las guardias, siempre, a 17.00 horas, un extremo que Pedrera critica porque acabaría siendo superior: según sostiene, Sanidad obligaría a devolver las horas de descanso, algo que el Ministerio ha asegurado que no ocurrirá en ningún caso. "Cada vez que un profesional sanitario hace una guardia de 24h, debe las horas del descanso obligatorio del día siguiente a la administración. El nuevo EM [Estatuto Marco] establece que nadie tiene que devolver las horas de descanso", señalan desde el departamento. Igualmente, desde CESM reclaman que esas horas sean extraordinarias. Y que no sean obligatorias, como ocurre ahora, hasta los 55 años.

Las organizaciones profesionales aseguran que la única manera de trasladar estas peticiones es a través de un comité de huelga. Y por eso ya le han puesto fecha. Porque el colectivo, dicen, se siente "especialmente maltratado" y no puede, en estas condiciones, "prestar la mejor asistencia sanitaria posible".