Los familiares se reúnen hoy con la Fiscalía de Mayores para pedirle que "la Justicia entre en las residencias"

Los familiares de los usuarios de residencias, epicentro de la pandemia, no cejan en su intento por arrojar luz a lo sucedido en los geriátricos durante la crisis sanitaria. Este jueves llegan a la Fiscalía: la principal plataforma de familiares se reúne con María José Segarra, fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, para que "la Justicia entre en las residencias". Es la primera reunión de alto nivel con un representante de la justicia. Los familiares llegan a la cita tras una dura y persistente batalla por conseguir justicia para los mayores. Sus demandas, un año y medio después del inicio de la pandemia, no han perdido fuerza.

Al encuentro, que se celebrará de forma telemática, acudirán los principales representantes de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias, constituida a principios de mayo. Asistirán María José Carcelén (Coordinadora de Residencias 5+1 de Cataluña); Miguel Vázquez Sarti (Pladigmare de Madrid); Paulino Campos (REDE de Galicia) y Ana Redondo (Asociación de Afectados por la Gestión en Residencias de Castilla y León). Estas son las cuatro grandes reivindicaciones que plantearán.

1. Investigación judicial

El primer paso, una demanda irrenunciable para los afectados, no es otro que la urgente y necesaria investigación judicial de lo ocurrido. La Plataforma exige transparencia y respuestas en torno a los detalles de la gestión sanitaria en los centros y en lo que respecta a las pesquisas que se hayan podido realizar. Los familiares son ambiciosos en su petición, precisamente porque los avances han sido prácticamente nulos: el punto de partida es la insuficiente y débil investigación por parte de la Justicia y la Fiscalía. Lo cierto es que, en general, las autoridades no han atravesado las puertas de los centros residenciales para llevar a cabo actuaciones que esclarezcan lo ocurrido. En Leganés, sin ir más lejos, una jueza acaba de archivar una querella por la muerte de 29 residentes. Y lo ha hecho a pesar del cúmulo de pruebas de falta de atención, tal como contó infoLibre. Los familiares de las víctimas, lejos de callar ante la falta de resultados, han recurrido al archivo.

La Plataforma también reclama que las más que probadas carencias a nivel político, que derivaron en flagrantes vulneraciones de derechos, lleguen a los tribunales. La Fiscalía no investigó el Protocolo de la Comunidad de Madrid, un documento que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2020, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló en su día infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí]. Sobre lo que es ya un escándalo en el plano político, el Ministerio Público guarda absoluto silencio. Tampoco ha visto nada digno de una investigación judicial, por ejemplo, las denuncias presentadas por la Coordinadora 5+1 acerca del abandono institucional de los mayores en las residencias catalanas y la vulneración de sus derechos al negarles asistencia sanitaria.

2. Dignidad y derechos fundamentales

Si en algo han insistido los familiares, es en poner en valor la necesidad de blindar los derechos fundamentales de los residentes. En todos los contextos, pero especialmente en una situación de emergencia sanitaria. Reclaman un equilibrio razonable entre protección y autonomía, entre seguridad y bienestar. Reconocen que las cifras actuales de incidencia acumulada, en torno a los 700 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, obligan a impulsar medidas de contención, pero recuerdan que las armas existentes en la actualidad para la lucha contra el covid conceden un mayor margen de maniobra, menos restrictivo que hace un año.

La primera brecha está en la vacunación de los trabajadores y trabajadoras. Un asunto que, lejos de suscitar concordia, es objeto de polémica en algunos puntos del país. En Cataluña, casi uno de cada cinco profesionales del sector no contaba a mediados de mayo con la pauta de vacunación, un extremo del todo inaceptable para los familiares. La plataforma pide un control riguroso que permita cumplir con la vacunación y pone el acento sobre los empleados que no han recibido todavía el suero. "Es preciso abrir un debate importante en la sociedad en cuanto a la conveniencia de apartar a los trabajadores no vacunados de los cuidados y proximidades de las personas mayores residentes, sea en centros sociosanitarios o en hospitales", subraya Paulino Campos.

En paralelo a esta reflexión, los afectados creen de justicia repensar la protección de los mayores respetando sus derechos fundamentales, habida cuenta de que las restricciones más duras, impuestas durante el estado de alarma, han quedado atrás. A la Plataforma le preocupa el evidente deterioro físico y psíquico de los mayores, después de que los devastadores efectos de la pandemia hayan hecho mella en su salud de manera en algunos casos irreversible. Censura que las residencias se hayan convertido en "auténticos búnkeres o prisiones con confinamientos extremos", en ocasiones vulnerando normativas y protocolos que dieron pie a "irregularidades graves nunca sancionadas". La organización expresará durante la reunión su apuesta decidida por los controles diagnósticos como solución óptima, en sustitución del incremento de las restricciones en el acceso a los geriátricos.

3. Maltrato institucionalizado permanente

La tercera de las demandas sobre la mesa está íntimamente conectada con la protección sistemática de los mayores. En ese sentido, reclaman la aprobación de protocolos de prevención y detección de malos tratos contra los residentes. Un problema que se ha demostrado estructural y que ha dejado episodios como el reciente caso de sarna y desnutrición en la residencia canaria Hogar Santa Rita II, destapado por la Cadena Ser.

Los familiares quieren trasladar a la fiscal su inquietud ante las preocupantes condiciones que todavía siguen aflorando en una parte importante de los centros. Y, una vez más, resaltar las lagunas en cuanto a la investigación: en suelo español, sólo se han impuesto diez multas de más de cien mil euros en seis años, ninguna a los grandes grupos que controlan el sector. Pero más allá de la vertiente sancionadora, los familiares ponen el acento en el paso previo: la prevención y detección de prácticas como la sobremedicación, las sujeciones químicas y físicas, los cambios forzados del reloj biológico y el desarraigamiento familiar, entre otras.

4. Las víctimas, en primera línea

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La Plataforma considera, en consonancia con lo anterior, que las víctimas y sus familiares merecen conquistar un papel activo en la reivindicación de sus derechos. Sugieren la puesta en marcha de herramientas que les permitan canalizar la denuncia de malas prácticas y participar en la toma de decisiones.

En ese sentido, recuerdan precedentes que pueden servir de modelo, como el caso del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo. Pero además, formalmente existen ya instrumentos consolidados, que sin embargo no han encontrado en la práctica un desarrollo efectivo. Es el caso de las fiscalías especializadas, "ignoradas en los tribunales autonómicos", denuncian. Los familiares se preguntan por qué.

Reclaman igualmente la puesta en marcha del estudio y tramitación de una Ley Orgánica de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, una norma que consideran fundamental y cuya relevancia ha quedado sobradamente acreditada por la pandemia. Este mismo miércoles, el Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado el inicio de un trabajo conjunto con las comunidades para cambiar las bases del sistema de atención a la dependencia, con la mirada puesta en las residencias de mayores.