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Crisis del coronavirus

Familias de usuarios de una residencia DomusVi de Pontevedra critican diligencias "insuficientes" ante el archivo de la causa

Manifestantes ante la entrada de la residencia de mayores DomusVi Laraxe (A Coruña), en marzo de este año.

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El despacho Pérez-Lema Avogados e Consultores, que representa a familiares de usuarias de la residencia DomusVi de Aldán, en Cangas (Pontevedra), critica que las diligencias practicas "son insuficientes", como el requerimiento documental y dictamen médico-forense, después de que la Audiencia Provincial de Pontevedra haya confirmado el sobreseimiento del procedimiento penal contra la empresa y dos ex altos cargos de la Consellería de Política Social de la Xunta, informa Europa Press.

La Sección Cuarta de la Audiencia dictó la pasada semana el archivo de un causa abierta a raíz de una querella presentada por las hijas de dos usuarias del centro de Cangas que se contagiaron de covid-19 durante la primera ola de la pandemia, de las cuales una terminó falleciendo.

Al respecto, el bufete de abogados censura que las diligencias "adolecen de incongruencias y sesgos que limitan su valor probatorio". Expone que no hallaron indicios de responsabilidad penal "porque no se permitió la identificación de los datos objetivos, pese a disponerse de pruebas para hacerlo".

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Reprueba que "la documentación manejada respondía únicamente a los intereses de defensa de la residencia DomusVi Aldán y no evaluó el grado de cumplimiento de los protocolos sanitarios". Por ello, no descarta la toma en consideración de nuevas pruebas.

A modo de ejemplo, apunta a que la "única información manejada por el médico forense" fue el informe asistencial y el informe de alta hospitalaria, "sin que conste consulta del historial clínico" de una de las residentes. "Esto es: se evalúa a una persona muerta a través de documentos que no aportan información sobre lo acontecido en lo días previos al óbito y sobre los cuidados recibidos".

Asimismo, Pérez-Lema Avogados e Consultores se queja de que "no se permitió" evaluar las circunstancias concretas de cada caso, ni siquiera mediante la evaluación médica a una de sus defendidas, que no falleció. "La única certeza es que los fallecimientos no se habrían producido de preservar a las personas residentes del contagio del coronavirus", sostiene la acusación.

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