La Fiscalía acusa al juez estrella de Vox de desviar casi el 80% de una subvención de 2,4 millones
El que fue juez estrella de Vox volverá a juicio y esta vez será el suyo. Allí deberá responder por dos acusaciones: la de obtener 2,4 millones de euros públicos mediante un engaño a la Administración del Estado y la de haber desviado de sus fines, junto a dos socios, casi 2 millones, más del 78% de la ayuda. La pena puede alcanzar los ocho años de prisión.
La Fiscalía de Sevilla, en su escrito de acusación, envía al banquillo de los acusados por estafa o fraude de subvenciones a Francisco Serrano, que fue dos veces candidato de la ultraderecha en Andalucía, así como presidente del grupo parlamentario y azote contra las "paguitas" y los "chiringuitos", apartado de la política desde 2020 precisamente por la apertura de un caso judicial a raíz de las informaciones publicadas por infoLibre.
La petición de pena –tanto para Serrano como para los dos socios con los que obtuvo 2,4 millones públicos para una fábrica que nunca llegó a funcionar– es de seis años de prisión si el delito es estafa y ocho si es de fraude de subvenciones, que incluiría tanto una obtención irregular de los fondos como un empleo de los mismos en fines ajenos a aquellos para los que fueron concedidos por el Gobierno.
El Ministerio Público, que al igual que el juzgado instructor en su auto de procesamiento refrenda la investigación de este periódico, supone un rechazo de plano la línea central de la argumentación de Serrano, según la cual fue un convidado de piedra en el proyecto. El escrito recoge que actuó "en nombre de la mercantil" como "administrador solidario" y que era "socio inversor y encargado de los aspectos jurídicos".
De juez a político y hombre de negocios
¿Qué es el caso Serrano? Para entenderlo, hay que situarse en la trayectoria de su protagonista. Primeros de 2016. Serrano, tras su fracaso como candidato en 2015, sufría una inhabilitación como juez por prevaricación, al haber favorecido injustamente al padre frente a la madre en un régimen de visitas para que el niño saliera como paje en la Semana Santa. En vez de deslustrar su fama en los círculos conservadores de Sevilla, la condena la aumenta. Serrano se presenta como el adalid contra la "ideología de género" y el "feminismo radical". De hecho, Santiago Abascal lo ha fichado para su aún marginal partido, que lo tiene como referencia en la ciudad del Guadalquivir. Vetada la toga y con Vox todavía en pañales, Serrano reparte su tiempo entre la abogacía y la cimentación de su su carrera política, para lo que llega a montar un periódico, XYZ, bautizado con las tres últimas letras del abecedario, un guiño a ABC, que lleva las tres primeras.
Pero, además, Serrano encuentra tiempo para convertirse en hombre de negocios.
A sus oídos llega la posibilidad de entrar en el negocio del biocombustible a base de madera, los pellets. Entra en contacto con un ingeniero técnico industrial, Enrique Pelegrín, que conoce el sector. El tercer hombre es Javier López, colaborador del bufete de Serrano. La idea es esta: montar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y el ingeniero constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Y ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas.
Los fundadores de la sociedad –Serrano y Pelegrín– le atribuyeron ante notario una maquinaria industrial que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Y fue esa falsedad la que les permitió engañar al Ministerio de Industria y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública para la fábrica, que tendría que estar en Niebla (Huelva), pero que no llegó a culminarse. Sin esa supuesta maquinaria –que en realidad no tenían–, nunca hubieran podido lograr la ayuda, porque lo impedían las bases de la convocatoria.
El dinero, ingresado a la empresa en diciembre de 2016, no ha sido devuelto a Industria. La fábrica es una mole, un mamotreto a medio hacer en medio del campo. Todo eso es en síntesis el caso Serrano: dinero público obtenido mediante engaño que además acaba desapareciendo.
Tanto Serrano como sus dos socios, ninguno de los cuales quiso hacer declaraciones este jueves, insisten en su inocencia.
Dimisión y embargo
Este periódico empezó a desvelar los hechos en 2019, cuando Serrano era presidente del grupo parlamentario de Vox [ver aquí el dosier del caso]. La publicación de las irregularidades en la obtención de los fondo movió a la apertura de una investigación de la Policía Nacional a partir de una denuncia de Rubén Sánchez, de Facua, que hoy ejerce la acusación popular. El caso pasó a la Fiscalía y de ahí a los tribunales. Serrano terminó imputado penalmente, por lo que dimitió como parlamentario en 2020, después de haber salido de Vox.
Fue el adiós a la carrera política del candidato con el que la ultraderecha había regresado a las instituciones en 2018.
Al ocaso político de Serrano se ha sumado el embargo de sus bienes por Hacienda. Además, ahora el dos veces candidato del partido de Abascal encara un juicio que puede terminar con el popular juez y fiscal en excedencia en prisión.
El juez que lleva su caso, Juan Gutiérrez, que ha investigado la forma de obtención del dinero y busca el destino final del mismo, concluyó en enero la instrucción y procesó a Serrano y sus dos colaboradores. Desde el cierre de la instrucción han movido ficha Rubén Sánchez, que solicita hasta diez años de cárcel para Serrano, y ahora la Fiscalía.
El detalle del escrito de la Fiscalía es seriamente amenazante para Serrano.
"Finalidad defraudatoria"
El relato de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla establece que en 2016 Serrano y Enrique Pelegrín, con la "colaboración indispensable" de Javier López, se concertaron con "ánimo de enriquecimiento injusto" para "obtener fraudulentamente ayudas públicas".
El escrito imputa una "finalidad defraudatoria" a la maniobra de montar una empresa y atribuirle una maquinaria industrial que en realidad no existía –haciéndola constar en las escrituras mediante una factura proforma–.
"Las máquinas de las que ambos acusados afirmaron ser titulares [...] no habían llegado a ser fabricadas, entregadas ni adquiridas en forma por ninguno de ellos [...]. La aportación al capital social fue fraudulenta y se empleó como artificio para simular una solvencia inexistente, incrementando de forma ficticia el capital social y simulando la titularidad de unos fondos propios que eran indispensables para obtener [...] el préstamo", señala el escrito, que añade que los tres acusados eran "perfectos conocedores" de que así se saltaban la limitación de las bases, que impedían recibir ayudas que superasen en tres veces los fondos propios de los solicitantes.
La acusación señala que, tras una primera denegación del préstamo, las alegaciones "faltan a la verdad de forma maliciosa", siempre con el mismo objetivo de obtener una ayuda a la que no tenían derecho.
El desvío del dinero
Finalmente, Biowood Niebla consiguió la ayuda: casi 2,5 millones. Y la Fiscalía, en su escrito, no sólo apunta a la forma irregular en que se obtuvo, sino también al modo en que fue desviada de su propósito oficial.
El escrito recalca cómo en diciembre de 2016 Biowood Niebla recibió el dinero en una cuenta de Targo Bank que clausuró en marzo de 2017. Antes de cerrarla, añade la Fiscalía, se habían transferido cantidades a otras dos cuentas de la compañía, en este caso de Ibercaja: 1,4 millones a una cuenta y 651.000 euros a otra. "El dinero restante del préstamo [...], esto es, 428.000 euros, fue empleado [...] por los acusados en diversas operaciones: préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pagos de facturas y otros gastos varios, ninguna de ellas relacionada con la finalidad para la que fue concedido", señala la Fiscalía.
La Policía Nacional, a lo largo de su investigación, detectó envíos de dinero de la ayuda a otras empresas de Serrano, como su despacho y su periódico, XYZ. También a un promotor moroso que había sido cliente de Serrano.
Faltan casi 2 millones
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La Fiscalía detalla cómo las comprobaciones gubernamentales para seguir el destino de la ayuda desde 2018 empiezan a acreditar que la obra no marchaba el ritmo debido. Ni de lejos. Así que el procedimiento de reintegro del crédito público comenzó a tramitarse en 2019. Anota la Fiscalía, poniéndole números al problema: "A fecha de 30 de agosto de 2022, tras visita de inspección realizada por el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Niebla, sólo consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por un importe de 512.229,51 euros, correspondientes a la nave, y 142.621,52, correspondientes a las oficinas, por tanto un total de 654.851,03 euros, siendo el importe máximo del préstamo destinado a edificación la cantidad de 544.316 euros, sin que los acusados hayan comprado ni instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de protección". Esos 654.851,03 euros son el 26,3% del dinero concedido y pagado por Industria.
Falta dinero, entonces. La Fiscalía lo cifra: "No se ha podido determinar el destino de 1.944.684 euros del total de los fondos recibidos por Biowood Niebla". Esos casi 2 millones son el 78,13% del total concedido e ingresado a la empresa. Cerca del 80%.
Los hechos descritos son, según la Fiscalía, constitutivos de un delito de estafa, que conlleva para este caso seis años de prisión, o –si no lo es de estafa– de dos delitos de fraude de subvenciones, de cuatro años cada uno. El delito de fraude de subvenciones es por tanto subsidiario al de estafa. Si finalmente en el juicio se entiende que los hechos se corresponden con el fraude y no con la estafa, se habrían cometido dos delitos de fraude de subvenciones, cada uno penado con cuatro años. El primer delito de fraude se aplica a quien obtiene ayudas públicas falseando las condiciones. El segundo se aplica a quien los aplica a fines distintos a los debidos. Además, pide que los tres acusados indemnicen al estado con los más de 2,4 millones de euros recibidos.
