La Fiscalía apoya que el Supremo investigue a Alvise y pide un análisis de sus cuentas bancarias
La Fiscalía pide al Tribunal Supremo abra una investigación contra el eurodiputado Luis Pérez, más conocido como Alvise Pérez, por la presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas. En un escrito, el Ministerio Público solicita a la Sala Segunda que asuma la competencia para la instrucción de la causa penal por la supuesta recepción de 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo, a quien también pide que investigue el Alto Tribunal, para sufragar su carrera al Parlamento Europeo. Y, en relación a esto, solicita que se investiguen tanto las cuentas bancarias del agitador ultra como las vinculadas a su agrupación, Se Acabó La Fiesta (SALF). Y que se rastreen los monederos virtuales en los que se hicieron aportaciones anónimas para financiar la campaña.
El eurodiputado se situó bajo el foco judicial a raíz de una denuncia interpuesta en la Fiscalía General del Estado por Romillo, que a su vez está siendo investigado por estafa tras el repentino cierre del chiringuito financiero Madeira Investment Club. Junto al escrito, el criptoempresario aportaba una serie de conversaciones en las que el agitador ultra, entre otras cosas, le trasladaba su necesidad de "fondos que no requieran ser controlados" por el Tribunal de Cuentas. "He estado repasando y si te parece bien mañana puedes pasar por Sentinel a por 100k, es una cantidad que no será problema de recaudar por mi parte", le dice Romillo. "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío", responde Pérez.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, elevó a finales de diciembre una exposición razonada al Supremo. En ella, señalaba que existen "indicios sólidos" de responsabilidad penal, al tiempo que pedía que se investigase al eurodiputado y al empresario de forma conjunta dada la "íntima conexión" en la dinámica comisiva entre ambos, al tratarse de conductas que constituyen "la cara y cruz de una misma moneda".
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Además de la supuesta entrega de 100.000 euros en metálico en las oficinas de una de las empresas vinculadas a Madeira, el auto también recogía la ayuda que le habría brindado Romillo en la creación de wallets –monederos virtuales– para "poder recibir donaciones anónimas efectuadas por terceras personas", de forma que quedaran "al margen de todo control financiero".
Ahora, dos meses después, el fiscal respalda el movimiento del magistrado. El Ministerio Público solicita a la Sala Segunda que asuma la competencia del caso e incoe el "correspondiente procedimiento penal para depurar las responsabilidades penales de los investigados". Y pide que se dicten las "órdenes oportunas" para investigar el "tráfico de las wallets creadas por los encausados en las que se realizaron las aportaciones anónimas para financiar la campaña electoral de SALF".
No es, sin embargo, la única diligencia de investigación. El fiscal también quiere que se recabe del eurodiputado "los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral" y la "documentación e información económica" de la agrupación de electores: libros de tesorería, inventarios y balances, cuenta de ingresos y gastos, operaciones de capital... Y pide que se examine la cuenta corriente bancaria tanto de Alvise Pérez como la de Se Acabó La Fiesta del pasado año.
