La sanidad madrileña facturó 10 millones en un año por prestaciones de las que no hay "evidencia"

Dos de las cinco sentencias de 2023 que obligan a la Comunidad de Madrid a pagar otros 40,3 millones a filiales de Quirón, el gigante sanitario surgido de la fusión con Capio y ahora propiedad del holding alemán Fresenius, contienen un misterio que persiste tras una semana en espera de respuesta por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP). Ese misterio es el de por qué el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) facturó en 2014 a dos hospitales de Quirón 9,5 millones y 496.500 euros por prestaciones sanitarias “sin evidencia clínica”. O como también se lee en una de las dos resoluciones del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), sin que el Sermas aportase “documentación justificativa” de en qué había consistido en cada ocasión lo que en el argot de los acuerdos sanitarios se conoce como flujo intercentros: los servicios que un hospital gestionado al completo por el servicio de salud de una comunidad presta a ciudadanos adscritos a otro hospital de gestión privada pero incorporado mediante concierto al sistema público. O viceversa. En el primer caso, y en lo que respecta a Madrid, es el Sermas el que factura al hospital privado el coste de la prestación dada al paciente; en el segundo, es la administración pública la que ha de pagar a la empresa gestora del hospital que lo ha atendido.

infoLibre preguntó el martes de la semana pasada a la Consejería de Sanidad de Madrid qué factor explica que una cuantía de tal importe –10 millones en un solo año– se halle detrás de prestaciones sobre las que no hay “evidencia clínica”. O dicho en lenguaje común, de las que no hay rastro documental. No ha habido respuesta.

El importe más alto (9.540.309,03 euros) se corresponde con facturas emitidas por el Sermas a lo largo de 2014 contra IDCSalud Móstoles SA, empresa a la que el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) había adjudicado cuatro años antes el nuevo hospital del municipio, el Rey Juan Carlos. El resto, hasta alcanzar 10.036.876 euros, son los 496.567 facturados ese mismo ejercicio por el Sermas al Hospital General de Villalba (HGV). Capitaneado por otra filial de Quirón-Capio, IDCSalud Villalba SA, también este fue adjudicado a Capio por el Ejecutivo de Aguirre en 2010.  Al menos hasta 2013, y como destapó entonces infoLibre, el hilo societario de Capio comenzaba en España y se extendía hasta las Islas Caimán previo paso por Holanda y Luxemburgo en una estructura de muñeca rusa propia de las mercantiles que depositan confianza y fondos en territorios categorizados como paraísos fiscales. O lo que es lo mismo, con cero impuestos y nula cooperación judicial.

Ambas sentencias, la de Móstoles dictada el 1 de marzo de 2013 y la de Collado Villalba, fechada el 2 de noviembre, derivan de sendos recursos contencioso-administrativos interpuestos por Quirónsalud varios años después de aquellos “registros indebidamente facturados”, como se lee en la primera de las dos resoluciones. IDCSalud Móstoles acudió al TSJM en 2020. IDCSalud Villaba, en 2021. Contactar con algún portavoz del grupo IDC, una de las grandes ramas del árbol de Fresenius en España, ha resultado imposible. No es factible por tanto averiguar los motivos por los que la firma esperó hasta 2020. La única pista que albergan las sentencias es aquella que señala cómo la Consejería madrileña de Sanidad no aprobó hasta el 28 de agosto de 2018 “la liquidación definitiva del ejercicio 2014 del contrato de asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Rey Juan Carlos”. Siete días antes, Sanidad había cumplido ese mismo trámite en lo concerniente al hospital de Villalba.

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Pese a la falta de respuesta por parte del Ejecutivo madrileño, las dos resoluciones judiciales sobre las que pivota esta información encierran una segunda sorpresa: que la condena a los pagos ya especificados se produce con la conformidad de la Comunidad de Madrid. Porque el Sermas da por cierta la inexistencia de pruebas que acrediten unas prestaciones por las que reclamó nada menos que 10 millones al holding sanitario.

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En ambas sentencias se hace constar que la administración demandada respondió que “con fundamento” en un informe de la Consejería de Sanidad “procedía la estimación parcial” del recurso contencioso en cuestión. Y eso implica –dice de forma explícita la resolución sobre el hospital de Villalba– reconocer “a favor de la sociedad demandante [IDCSalud Villalba SA] un saldo adicional (…) con el siguiente desglose: 496.567,31 euros por falta de aportación de documentación acreditativa prevista de determinadas prestaciones facturadas por el Sermas al HGV (…)”.

En el caso del Rey Juan Carlos (HRJC) de Móstoles, la redacción es menos punzante. Pero tampoco ofrece dudas. Aquí, donde lo que estaba en juego ascendía a un total de 30,3 millones de euros y en relación al recurso judicial interpuesto, el Sermas “afirma que procede su estimación parcial (respecto de las cantidades correspondientes a los dos primeros de los tres conceptos reclamados)”. Y resulta que el primero y marcado con la letra a es aquel por el que IDCSalud Móstoles SA requería “9.540.309,03 euros en concepto de registros indebidamente facturados por el Sermas al HRJC sin que el Sermas haya facilitado la evidencia clínica de las prestaciones facturadas”.

Este diario no ha logrado que ninguno de los expertos independientes consultados esboce una explicación sobre cómo la Comunidad de Madrid pudo errar facturando “indebidamente” 10 millones en un solo ejercicio al grupo que bajo el mando del empresario Víctor Madera obtuvo la adjudicación del Gobierno de Esperanza Aguirre para gestionar cuatro hospitales durante 30 años.