El Gobierno rechaza "posturas de máximos" en la reforma laboral pero se abre a "dialogar" con sus socios

En pleno ecuador de la legislatura y tras muchos meses de batalla política en el seno del Gobierno de coalición, acompañados de otros tantos de negociación con sindicatos y empresarios, el Consejo de Ministros aprueba la reforma laboral este martes 28 de diciembre. El Ejecutivo, a través del liderazgo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha conseguido rubricar la primera reforma laboral de la democracia que cuenta con el respaldo de los representantes de los trabajadores y también de la patronal.

Se trata de un texto de 48 páginas que da una vuelta de calcetín a la reforma laboral de 2012, aprobada por el Partido Popular de Mariano Rajoy, en las dos cuestiones que los sindicatos consideraban fundamentales: la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la recuperación de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan y mientras se negocia su renovación–. 

Sin embargo, la norma también deja en el tintero uno de los aspectos más polémicos de esa reforma laboral: el abaratamiento del despido, que pasó de 45 días a 33 en el caso de los despidos improcedentes. Tampoco cambian los salarios de tramitación, aquellos que la empresa debía abonar entre el despido y su declaración como despido nulo o improcedente, ni se regulan las externalizaciones. Ninguno de estos puntos forma parte del acuerdo de coalición al que llegaron PSOE y Unidas Podemos en el año 2019.

Por estos (y otros) motivos, los socios de Gobierno, aquellos que conforman la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez, han manifestado que no darán su apoyo al texto del Gobierno si no se introducen cambios. El PNV, que cuenta con seis parlamentarios en el Congreso, demanda la prevalencia de los convenios autonómicos por encima de los estatales. Una reivindicación que también reclama el grupo parlamentario de EH Bildu. Su coordinador, Arnaldo Otegi, lamentó que el pacto alcanzado no aborda algunas de las "cuestiones más lesivas" de la reforma anterior, como "la ultraactividad, el control judicial sobre los ERES y despidos o la indemnización sobre los despidos".

Los abertzales ya han revelado su predisposición a trabajar conjuntamente con su aliado, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para que sus 18 diputados logren revertir lo que consideran un "mal acuerdo". Su plan es presionar durante su trámite parlamentario. Aunque la formación catalana no se ha mostrado tan contundente como los partidos vascos en los últimos días, su portavoz, Gabriel Rufián, ya mostró su escepticismo el pasado mes de noviembre. 

A su juicio, si no se elevan los días por indemnización en los despidos y no se recuperan los salarios de tramitación y la autorización administrativa para realizar ERE, no se puede hablar de "derogación" sino de "maquillaje". Fuentes de la formación aseguran a infoLibre que "su voto favorable a día de hoy no está garantizado".

El objetivo del Gobierno: reducir la temporalidad

La falta de apoyos parlamentarios no desinfla los ánimos del Gobierno. Las fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre creen que habrá mayoría para convalidar la norma y se abren a "dialogar" para conseguirlo, aunque por ahora no dan más detalles porque prefieren ser "prudentes". Estas intenciones chocan con las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha advertido de que "lo pactado no se toca: "Si yo llego a un pacto y lo cambia, no sé para qué me voy a sentar en siguientes ocasiones", ha advertido en una entrevista en RNE. Sin embargo, la valoración que hacen en el Ejecutivo es que tanto la patronal como los socios están en "posturas de máximos" que acabarán rebajando.

Con todo, en el Ministerio de Trabajo se muestran satisfechos con el acuerdo alcanzado. "Consideramos la reforma como un cambio de paradigma, que por primera vez avanza en derechos de trabajadores", destacan fuentes del equipo de la vicepresidenta segunda. Estas mismas fuentes insisten en que la reforma busca solucionar "el grave problema de temporalidad" que hay en nuestro país. "El problema del mercado de trabajo no es que te den 30 o 45 días por el despido, es que te despidan. Lo que queremos es evitar despidos", abundan. 

Un punto de controversia durante la negociación fue el establecimiento de límites cuantitativos en el número de trabajadores temporales de las plantillas. La CEOE rechazaba que se impusieran. Finalmente, serán los convenios colectivos los que acuerden "planes de reducción de la temporalidad" y "criterios" sobre la "relación adecuada" entre el volumen de temporales y la plantilla total de la empresas, así como sobre la conversión de temporales en indefinidos. Pero también podrán fijar “porcentajes máximos de temporalidad” y cuáles serán las consecuencias de su incumplimiento.

Lo cierto es que la tasa de temporalidad española es la segunda más elevada de la UE, sólo superada por Polonia: el 26% también según la última EPA. Cada mes, el 90% de los contratos que se firman tienen una duración determinada. Una temporalidad que es crónica desde hace al menos 37 años: si la economía crece, el crecimiento lo sostienen los contratos temporales; si se destruye empleo, los primeros en ir a la cola del paro son los eventuales.

Trabajo advirtió a sus socios de que el despido no se tocaría

Revertir las indemnizaciones por despido nunca estuvo entre los planes del Gobierno ni tampoco se incluyó en el Componente 23 del llamado Plan de Transformación y Resiliencia, una suerte de precontrato enviado por los países miembros a la Unión Europea para poder acceder a las ayudas de los fondos europeos. El Ministerio de Trabajo -ya fuera la propia Yolanda Díaz o miembros de su gabinete- se reunió con los socios de gobierno hace poco más de una semana y se incidió en que ese punto estaría fuera del acuerdo.

Aun así, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha avanzado este lunes en TVE que "hoy mismo" iniciará una ronda de contactos con sus socios parlamentarios para sumar su apoyo a la nueva reforma laboral. El dirigente morado Echenique ha recalcado que todavía les faltan 21 escaños para llegar a la mayoría absoluta, por lo que habrá que "negociar y dialogar", sin concretar en qué punto estarían dispuestos a ceder. Lo que sí ha descartado Echenique es sumar a Ciudadanos al acuerdo, aunque los naranjas estarían dispuestos a apoyar el texto siempre y cuando se deje fuera a ERC y Bildu.

Esta predisposición de UP de negociar contrasta con las palabras del portavoz socialista, Felipe Sicilia, que ha reclamado a sus socios preservar el texto ya pactado. "Confío en que todos los grupos parlamentarios sean conscientes del hito tan importante que se ha conseguido con una reforma laboral pactada y acordada con sindicatos y patronal, y puedan seguir el llamamiento que han hecho quienes han llegado a este acuerdo y es que se mantenga lo más posible, tal y como ha salido de esa mesa de diálogo social", ha señalado en rueda de prensa.

Los socios demandan que se tramite como Proyecto de Ley

El Gobierno aprobará la reforma laboral vía real decreto-ley, que entra en vigor cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un día después de su validación en el Consejo de Ministros. Tras este paso, se manda al Congreso en el plazo de un mes para que la Cámara Baja lo convalide. 

En este escenario, hay tres opciones posibles: o bien se convalida en primera instancia -la opción más cómoda para el Gobierno- o decae por falta de apoyos -lo que obligaría al Ejecutivo a pactar un nuevo texto- o se convalida y se aprueba que se tramite como Proyecto de Ley. En ese caso, la reforma laboral quedaría aprobado pero comenzaría una tramitación en la que los grupos podrían introducir enmiendas. Esa es la vía que han demandado los socios del Ejecutivo.