El Gobierno sacará adelante el plan de reparación para víctimas de abusos con o sin la Iglesia

El plan se ejecutará durante esta legislatura. La decisión es inamovible y el Gobierno se pone como tope 2027 para que sea efectiva la hoja de ruta que se desarrolla para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Las negociaciones ya están en marcha con la Conferencia Episcopal y en Moncloa se trabaja con la idea de que la cúpula de la Iglesia colabore y haya un acuerdo que suponga que esta termine asumiendo el coste de las indemnizaciones a pesar del choque actual.

La hoja de ruta ha empezado a elaborarse ya en base al informe que emitió el Defensor del Pueblo. La negociación la llevará en primera persona el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con la Conferencia Episcopal, que ahora está en manos de Luis Argüello. Los dos ya se vieron la semana pasada en un primer contacto y, según fuentes del Ejecutivo, vieron a la otra parte “proclive” y receptiva al documento que ha pasado el primer filtro del Consejo de Ministros.

El Gobierno tiene voluntad total de acuerdo con la Iglesia, según remachan desde La Moncloa, y se confía en que la Conferencia selle un ok que incluya el pago de indemnizaciones. El pacto que se busca es global y que no dependa de cada diócesis, pues ya se palpó la implicación y colaboración irregular de ellas durante el proceso del informe elaborado por el Defensor.

Además, fuentes del Gobierno explican que no se trata de un brindis al sol. Aunque ponen por delante la idea de que habrá pacto con la Conferencia, también recalcan que el plan saldrá adelante sin o con el visto bueno de la Iglesia. Aunque la convicción de materializarlo es máxima y creen que la Iglesia española no se puede permitir no seguir los pasos de otros países como Irlanda, Holanda y Bélgica. De hecho, en el Ejecutivo se estudian todos estos modelos y se fijan en el tipo de indemnizaciones. “Se cogerá lo mejor de cada uno”, se señalan en el Palacio de La Moncloa respecto a posibles referencias. Lo que se deja claro es que el Gobierno va “a garantizar” esa reparación.

La Conferencia Episcopal muestra su "valoración crítica"

Por el momento en el Gobierno no se quiere entrar en el escenario de qué pasaría si la Iglesia rechaza finalmente el plan. Además, se rebaja el tono del comunicado que emitió este martes la Conferencia Episcopal, que señalaba que ya trasladó al propio Bolaños “su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica”. “También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto”, se recoge en el texto. La línea actual de la cúpula de los obispos es que sólo se pone el foco en ellos cuando el problema de abusos, según ellos, es más global.

El plan tiene como uno de sus principales objetivos el reconocimiento y reparación de casos de abusos sexuales que son muy antiguos, que han prescrito o que de los que no se han aportado pruebas suficientes (que fue una de las recomendaciones del informe del Defensor de Pueblo). No se ha establecido todavía la cuantía que puede suponer ni hay una estimación de posibles afectados. Bolaños no quiso precisar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros qué puede pasar si la Iglesia se niega a hacerse cargo de esta financiación y no se pronunció sobre si el Estado podría contestar con medidas como cortar la financiación pública a la Iglesia.

El Gobierno está convencido, y así consta en el plan, que se debe crear un órgano independiente para escuchar a las víctimas y decidir la cuantía que deben recibir. El ministro indicó: “Confío absolutamente en que la Iglesias asumirá el coste”. Y esa es la idea que tienen también sus socios de coalición. En Sumar creen que el plan se ha quedado incluso corto y sostienen que debe ser la Iglesia sí o sí la que pague esta cuantía. Bolaños, en cambio, dejó la puerta abierta a que el Gobierno de España “garantizará que siempre (las víctimas) recibirán una compensación adecuada”.

¿Qué más medidas incluye el plan?

El Ejecutivo prevé celebrar también un gran acto simbólico (que no tiene fecha todavía) de reparación de las víctimas, con asistencia de ellas, de familiares y de representantes públicos. También indican fuentes del Gobierno que contemplan también invitar a la propia Iglesia. Otra de las líneas de trabajo pasa por la colaboración con las comunidades autónomas para fijar las recomendaciones comunes para la atención integral de niños y adolescentes víctimas.

El plan se basa en las recomendaciones del informe del Defensor que se presentó el 23 de octubre del año pasado y califica los hechos de “grave problema social y de salud pública por la intensidad del daño que han sufrido las víctimas y supervivientes, por la cantidad de personas afectadas y la defraudación de la confianza depositada por ellas y por una parte muy importante de la sociedad en la Iglesia católica, que ha tenido y sigue teniendo un peso social importante”.

Pero el plan no sólo mira al pasado, sino que tiene también como uno de sus pilares la prevención. Por eso, se quiere profundizar en la implantación de las figuras de coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, el desarrollo reglamentario de la función de inspección educativa y el avance del Plan Director de Convivencia.

El Gobierno especifica en el plan la intención de elaborar un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia en España, la puesta en marcha del Registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (RCIVIA) y la mejora de la información judicial a través del sistema de registros de apoyo a la administración de Justicia.

Las víctimas ven "lagunas" en el plan del Gobierno

El informe del Defensor del Pueblo incluía una encuesta que calculaba que el 1,13% de la población española ha sufrido abusos en el ámbito eclesiástico (sobre unas 440.000 personas). El duro documento del organismo dirigido por Ángel Gabilondo sitúa a España como el país con la proyección oficial de víctimas más alta. Se ponía negro sobre blanco la propuesta de crear un “órgano especial de carácter temporal que tenga como finalidad la reparación de las víctimas en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas no se haya podido seguir un proceso penal”. Con esta filosofía además: “Los poderes públicos tienen la responsabilidad de garantizar que las víctimas de estos delitos puedan ver satisfechos el derecho de justicia que reclaman”.

El Gobierno aprueba el plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

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Las propias víctimas pidieron, tras conocer el anuncio, que la Iglesia colabore, pero también criticaron que se trata de un plan descafeinado. El portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, reaccionó así, en declaraciones a Europa Press: “Esperemos que la Iglesia haga los deberes que no ha hecho de forma urgente, teniendo en cuenta que hay muchas víctimas que están sufriendo. Ya es hora de que hagan lo que tienen que hacer: atender a las víctimas”. Cuatrecasas ha valorado "positivamente" el plan que ha aprobado este martes el Gobierno, aunque ha apuntado que no les ha dado tiempo a ver todo el paquete de medidas, pero que, en principio, las que han visto les parecen "bien".

Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso Monserrat, ha indicado que el plan del Gobierno es "descafeinado", con "graves lagunas" y que "beneficia a los obispos a costa de las víctimas y el contribuyente". Hurtado ha señalado que las medidas del Ejecutivo consagran el "rescate económico" a los obispos y asumen que, ante la negativa de la Conferencia Episcopal Española a participar en un plan estatal de reparación, "será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia". "Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende rescatar a los obispos", ha apuntado.

Igualmente, ha recalcado que con este plan el Ejecutivo "traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescritibilidad civil de las indemnizaciones". En esta línea, ha expuesto que el Gobierno propone una "mínima" ampliación del plazo de prescripción civil, que "deja a la mayoría de las víctimas de pederastia clerical en la estacada". También ha criticado que el Ejecutivo "niega" a establecer un baremo específico de indemnización, como hizo, por ejemplo, el Gobierno de Irlanda. "El único baremo de indemnización que hay en España es el de tráfico, que infravalora el daño y, por tanto, la cantidad económica a la que la víctima tiene derecho. El Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas", ha apuntado.