Huérfana en Nigeria, mujer prostituida en Galicia: dos años de viajes y explotación de una testigo protegida

La mujer no tiene nombre, oculto en el escrito de acusación de la Fiscalía bajo la denominación de "testigo protegida uno". Pero su historia, incluso contada en términos jurídicos, revela las estrategias de coacción y sumisión que sufren algunas personas migrantes en busca de una vida mejor. Una historia de dos años de viajes y explotación que en este caso llevará a juicio, a partir de este martes en Santiago, a siete personas originarias de Nigeria acusadas de trata de seres humanos e inducción a la prostitución por las que la Fiscalía pide entre uno y trece años de cárcel.

La historia humana que cuenta la Fiscalía en su escrito de acusación comienza en Benin City, la tercera ciudad de Nigeria, con un millón y medio de habitantes, de donde son la víctima y los siete acusados ​​en este caso. La primera, huérfana y "con una sola pariente cercana, su abuela, que fue la que la crió" , vivía allí "en condiciones muy humildes, con grandes dificultades económicas para subsistir en el día a día".

Ante sus dificultades, y antes de entrar en contacto con los ahora acusados, la mujer "buscó la protección de un hombre mayor que la agredió sexualmente, se quedó embarazada y tuvo que interrumpir el embarazo". Después, contactó con otro hombre que "le prometió una vida mejor en Europa, diciéndole que él también quería viajar" y "la llevaron a Togo, donde conoció a su primera proxeneta, una mujer que le exigió que se prostituyera para conseguir el dinero necesario para continuar el viaje". Pero ese primer viaje se frustró porque para su proxeneta "resultó no ser rentable", por lo que le permitieron regresar a Nigeria. 

El segundo intento de migrar, el que finalmente la llevó a Galicia, se inició en julio de 2016. Viajó por tierra desde Nigeria hasta Níger y después a Libia, donde estuvo esperando en un campamento hasta que en octubre de ese año fue trasladada por mar a Italia "en una balsa con 160 personas a bordo".

Una deuda de 25.000 euros

Según el escrito de la Fiscalía, ese viaje fue financiado por una mujer también nacida en Benin City y residente en Madrid con su marido, también acusado, a través de intermediarios y conocidos mutuos en Nigeria. Cuando la mujer llegó a Italia, los acusados ​​"conocían la situación de la víctima y se pusieron en contacto con ella para traerla a España". El hombre se desplazó a Italia para acompañarla primero en autobús a Francia y después en tren hasta su propia vivienda en Madrid, a donde llegaron a finales de octubre de 2016.

"Acompañarla durante este trayecto y alojarla en su propia casa", explica la Fiscalía, "facilitó" a este matrimonio, acusado "tener control sobre la víctima", "el argumento de que ella estaba en deuda con ellos" al tiempo que "evitaban que tuviese contacto con terceras personas que le abriesen otras expectativas de contactos sociales, de oportunidades de trabajo o de formas de salir adelante”. Y le prepararon el camino para "hacerle ver que su única salida era dedicarse a la prostitución, y que con el dinero que ganase podría saldar la deuda con ellos". Una deuda que le comunicaron que ascendía a 25.000 euros, diciéndole además "que sabían que su abuela se había quedado en Nigeria" , dato que "intimidó a la víctima".

A esta casa "acudían frecuentemente otros nigerianos", entre ellos otro de los acusados, con quien la víctima inició una relación de pareja y con el que se fue a vivir. Pero éste, "en connivencia con los anteriores, le hizo ver que las opciones que tenía para salir adelante eran la mendicidad y la prostitución" , lo que llevó a la víctima a mendigar durante un tiempo en la parada de Metro de Nuevos Ministerios en Madrid.

"Creyéndose ya libre" del matrimonio que la había traído a España, la víctima dejó de pagar pero "emisarios" se pusieron en contacto con su abuela en Nigeria para advertirle que debía seguir haciéndolo "para evitar problemas".

Traslado a Coruña

En julio de 2017, la víctima, instada por otra de las acusadas, se trasladó con ella para vivir en A Coruña, donde estuvo seis meses trabajando como prostituta en un club que conoció a instancias de su nueva anfitriona, que "actuaba en connivencia" con la mujer del primer matrimonio de nigerianos establecido en Madrid. El dinero que la víctima obtuvo durante ese tiempo fue a parar a los bolsillos tanto de quien la trajo inicialmente a España como a su nueva anfitriona en A Coruña, quien "le exigía una postura de sumisión".

"Durante los meses en A Coruña, la víctima recibió oportunamente llamadas telefónicas" en las que se le advertía "de sufrir daños si no pagaba".

En Santiago deja de pagar a la trama

A principios de 2018 y cansada de las condiciones en las que tenía que trabajar como prostituta en Coruña, otra acusada "la dirigió a otro club, en Santiago" y la víctima pasó a alojarse en O Milladoiro (Ames), localidad colindante con la capital gallega. En Compostela "pudo ejercer la prostitución en mejores condiciones, pero seguía recibiendo llamadas telefónica diciéndole que tenía que seguir pagando la deuda". "La víctima continuó haciendo algunos pagos más, hasta que reunió el valor suficiente para atreverse a dejar de hacerlo", afirma la Fiscalía, que calcula que "ya les había entregado al menos 4.000 euros" .

Finalmente, "a través de amistades que hizo en O Milladoiro, en marzo de 2018 entró en contacto con un programa que le proporcionó orientación y ayuda para salir de la prostitución" y el 31 de mayo denunció ante el juzgado todo lo que le había sucedido.

La mujer pasó a ser testigo protegida y la investigación policial, que incluyó registros domiciliarios, acabó detectando a otras dos víctimas, dos hombres también de Benin City que también fueron explotados por esta trama. 

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Según la Fiscalía, los siete acusados "desarrollaron de forma sostenida en el tiempo, de forma coordinada entre ellos y con ánimo de lucro, actividades relacionadas con la inmigración irregular de personas procedentes de Nigeria, aprovechándose de distintas formas de lucrarse". Ahora será la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, la que decida sobre el caso en el juicio previsto para este martes.

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