Los jueces redoblan su ofensiva contra la amnistía horas antes de la votación clave en el Congreso

La ley de amnistía es la clave de bóveda de la legislatura: el principal puente entre el PSOE y sus socios catalanes. La norma saldrá adelante previsiblemente este martes en el Pleno del Congreso con la vista puesta en su futura interpretación de los jueces y con un malestar profundo dentro del Partido Socialista, sus socios, Junts y ERC por las últimas decisiones judiciales, que hacen temer que Carles Puigdemont pueda quedar fuera de la medida de gracia por su supuesta implicación en los casos de la trama rusa y de Tsunami.

Su futura aplicación es el principal motivo por el que Junts especialmente y Esquerra están presionando en estas últimas horas al PSOE para tratar de tocar todavía el texto, con el fin máximo de los de Carles Puigdemont de que los delitos de terrorismo en general queden excluidos. La alerta es total en el espacio posconvergente por el futuro judicial del expresident y la posibilidad de que quede fuera finalmente de la ley de amnistía.

Los socialistas consideran que está bien armada la ley y que es plenamente constitucional. Desde Ferraz se traslada que no hay sobre la mesa ahora mismo cambios en el dictamen que aprobó la semana pasada la Comisión de Justicia del Congreso, en el que se incluyó en enmienda transaccional a última hora por la que podrán ser amnistiados delitos de terrorismo sin violaciones graves de derechos humanos. Junts no descarta todas las vías, incluida la de votar este martes en contra del dictamen, lo que haría que volviese a la Comisión y se abriera un nuevo plazo de un mes para la negociación en virtud del artículo 131 del Reglamento de la Cámara baja.

García-Castellón insiste en el terrorismo

Las últimas decisiones judiciales ponen en riesgo que Puigdemont pueda terminar acogiéndose a la ley de amnistía y vuelva a España. Apenas horas antes del debate, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón prorrogó seis meses más la instrucción del caso Tsunami Democràtic. En el auto, el magistrado conserva la calificación de terrorismo para las protestas en Cataluña a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo por el procés. Observa que se trata de una organización “estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia” con la finalidad de “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público”. Asimismo, intenta apuntalar sus tesis con referencias al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de Nueva York de 1993.

Esta visión choca totalmente con la que tienen en el Gobierno y en el PSOE, donde se reitera que lo ocurrido durante el procés no puede ser calificado como terrorismo. Aunque públicamente no quieren entrar a chocar con el magistrado, fuentes socialistas subrayan su indignación por estas injerencias de sectores judiciales, también mirando a que el juez del caso Voloh Joaquín Aguirre, ha prorrogado la instrucción otros seis meses y apunta al apoyo “económico y militar” de Rusia al expresident catalán. 

Malestar en el PSOE: ven "un objetivo claro" de algunos jueces

Y es que puede que esta investigación termine excluyendo a Puigdemont de la amnistía al no poder aplicarse en casos de delitos de traición, contra la paz del Estado y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Fuentes socialistas subrayan que estas decisiones judiciales tienen “un objetivo muy claro” y reflexionan que el mero hecho de que influyan en el mismo Legislativo “ya es horrible”, tengan o no posteriormente recorrido en el proceso.

Para el independentismos estos movimientos judiciales evidencian la cruzada de parte de la magistratura para boicotear la ley de amnistía, especialmente para los casos de Carles Puigdemont y de Marta Rovira (ERC), que están en el punto de mira de la investigación de García-Castellón. Además, quieren que se aplique para aquellos involucrados en procesos por los CDR.

El Pleno de este martes supone la última gran oportunidad para retocar el texto que salió de la Comisión, aunque es muy difícil que se puedan introducir cambios, ya que nuevas enmiendas transaccionales sólo pueden votarse si no se opone ningún grupo (algo casi improbable porque el PP y Vox estarían en contra). Una de las vías es que se apruebe alguna enmienda de las que quedan vivas, pero los socialistas las han ido rechazado durante estas semanas a lo largo de las fases de ponencia y de la Comisión. Un último escenario no descartado por Junts es votar en contra de la proposición para que tenga que volver a la Comisión de Justicia y allí forzar una nueva negociación sobre las enmiendas (esto retrasaría un mes la negociación).

Una vez reciba el visto bueno del Pleno del Congreso, la proposición de ley pasará al Senado. Allí el PP pretende utilizar su mayoría absoluta para alargar lo máximo posible la tramitación durante dos meses, sin haber revelado todavía su estrategia de cómo quiere desmontar la ley en el trámite. No obstante, posteriormente volverá a la Cámara Baja y allí el PSOE y sus socios tienen la mayoría suficiente para sacar el texto con su redactado. 

Esto puede hacer que la ley ya esté publicada en el Boletín Oficial del Estado en el mes de abril. Luego su aplicación caso a caso se tendrá que ver por partes de los tribunales y abrirá la puerta al regreso de Carles Puigdemont a España. En el Gobierno creen, no obstante, que el expresident puede intentar concurrir de nuevo a las elecciones europeas del 9 de junio y no a las catalanas del año que viene.

El PP también se apunta a decir que fue terrorismo

No todo vale contra la amnistía

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Los populares durante estas horas están desplegando también su ofensiva dialéctica asegurando que lo que pasó en Cataluña fue terrorismo, como ha dicho la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Génova 13 explotar al máximo la ley de amnistía como arma contra el Ejecutivo y siguen intentado movilizar a la calle como con la manifestación del pasado domingo, donde reunieron a 45.000 personas en la Plaza de España en Madrid, según los datos de la Delegación del Gobierno. La portavoz del PSOE emplazó este martes a Alberto Núñez Feijóo a decir si considera, por ejemplo, terrorismo el asedio a la sede de Ferraz, donde ha habido una treintena de heridos, especialmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Esta ofensiva de algunos magistrados ahonda más la brecha que hay con el Gobierno, que se ha vivido con inéditas manifestaciones de jueces contra una ley no aprobada o el comunicado contra esta proposición por parte del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por el PP desde hace más de cinco años. El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está tratando de apaciguar las aguas con los distintos órganos y representantes judiciales. 

Otra de las fases vitales para la ley de amnistía sería su revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional, que ahora esté en el punto de mira de la estrategia del PP de deslegitimación. El vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, lo calificó de “cáncer del Estado” y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, lo tachó de “tribunal de parte”. Además, el Gobierno y los populares se verán las caras el miércoles en Bruselas con la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders, para iniciar la negociación para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. El plan de Bruselas es que esté resuelto en dos meses.