No todo vale contra la amnistía
El debate de las líneas rojas parece funcionar en un solo sentido. La tramitación de la ley de amnistía es polémica, convulsa y moverá todo el suelo político hasta el dictamen final del Tribunal europeo. Los cambios del PSOE al texto en la tramitación han demostrado la dificultad de blindar la constitucionalidad de la ley. La respuesta del PP ha demostrado que ahora sí, lo que haga falta para arrastrar el debate al extrarradio –que diría García-Page– del todo vale. Por la ley de amnistía se puede forzar todo movimiento en la sombra que pueda tumbarla, cambios de reglamento, acusaciones de terrorismo, el deterioro de las instituciones y una larga lista de la que faltan más capítulos de los soportables para conservar cierta normalidad.
Las tan reivindicadas líneas rojas no existen para respetar al Tribunal Constitucional. Esteban González Pons retira la comparación del cáncer con el alto tribunal pero no se retracta del fondo. Al contrario, lo subraya y apuntala Miguel Tellado. Es “normal” dudar. Porque hay quien solo valida al Constitucional si las sentencias salen de una mayoría conservadora. Muy democrático.
Ahora que sabemos qué pudo pasar en la operación Cataluña, hay quien saca una balanza trucada. Lo justifican porque la ilegalidad contra quienes se saltaron la ley les parece menor. Compensa, dirían. De nuevo, es la gravedad del 'todo vale'. La sumisión a un sesgo ideológico capaz de cercenar las reglas del juego. Muy amplias para unos, estrechas para otros.
De la operación Cataluña podría salir una serie a lo The Wired, donde el Estado sortea la legalidad y alcanza tal dimensión que opera una impunidad líquida de la que nadie quiere hacerse cargo. Se denuncia en 2024 –con el pico y pala de la labor periodística– pero lo vimos pasar con descaro a la luz del día durante los años de mayoría absoluta de Rajoy. No fue ningún secreto cómo se fue articulando un engranaje para producir investigaciones prospectivas, falsos informes y la construcción artificiosa de acusaciones. Ya ocurrió en los años más obscenos de la corrupción, en el boom económico de los 2000, fluían las comisiones, el dopaje electoral, las mordidas, los contratos amañados… y aun así costó que las causas tomaran cuerpo en los tribunales. Con la policía patriótica de Interior sucedió algo parecido.
No parece importar desbordar los márgenes, lo importante es ganar. Hay quien sonríe de medio lado porque contra la amnistía todo vale. Ya lo dijo Aznar cuando llamó a "asumir los riesgos" de "actuar" contra Sánchez
El instructor de la Gürtel, Manuel Morocho, describió la trama en el Congreso como “una organización que ha calado hasta niveles muy profundos en administraciones públicas hasta llegar a parasitarlas”. En ese mismo complejo policial, se creó una unidad policial paralela, fuera del organigrama oficial, donde agentes con más y menos voluntariedad impulsaron esas revisiones. Luego aparecieron los informes sin membrete, las pruebas falsas. Creció hasta que el Gobierno de entonces perdió el control. Hoy, ante la evidencia de aquellos desmanes, pretenden taparlo con la ley de amnistía.
Esta dinámica sirve también para justificar actos terroristas durante el procés. Hay quien sospecha de la falta de solidez argumental en la imputación pero todo es poco si el juez Manuel García Castellón sale en defensa del Estado de Derecho, como dicen algunos. El trabajo del juez es instruir una causa y unos delitos. Punto. No tiene otro papel. Cualquier cosa que desborde esa función sería un sucedáneo de la operación Cataluña. Porque si la acusación sirve de subterfugio para tumbar la amnistía, no parece importar desbordar los márgenes, lo importante es ganar. Hay quien sonríe de medio lado porque contra la amnistía todo vale. Ya lo dijo Aznar cuando llamó a "asumir los riesgos" de "actuar" contra Sánchez.
Ocurre también con la banalización del terrorismo que sí existió. Mientras Isabel Díaz Ayuso aprovechaba el acto conmemorativo de Gregorio Ordóñez para cargar contra Sánchez, o el popular Sergio Sayas decía en sede parlamentaria “detrás de cada víctima del terrorismo está la libertad”, la víctima, Consuelo Ordóñez, les pedía por enésima vez poner fin a la infamia de “utilizar” el asesinato de su hermano “para sus fines políticos”.
Es un suma y sigue irrespirable. Con esta dinámica se está cerca de colgar la conversación pública “de los pies”, que diría Vox. Situando el debate en el extrarradio, no de la Constitución, pero sí de la convivencia. Quienes la rompieron en el procés fueron a la cárcel. A los fugados, aunque se apruebe la ley, no les ha salido gratis. Años después, quienes por cargar contra la amnistía están dispuestos a llevarse lo que haga falta por delante deberían responder también por la ruptura.
