El mapa de los crímenes machistas

El Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género reúne ya a un total de 934 víctimas mortales desde el año 2003 –once en lo que va de 2018–. El Ministerio de Sanidad sitúa el inicio del recuento justo un año antes de que entrara en vigor la Ley contra la Violencia de Género de 2004, como forma de institucionalizar una labor que de forma autogestionada venía realizando el movimiento feminista desde la década de los noventa. El registro, no obstante, no recoge del todo las demandas de la sociedad civil, que desde hace años reclama una base de datos que contemple a todas las víctimas asesinadas por el hecho de ser mujeres, no solamente aquellas que hayan sufrido violencia dentro del marco de la pareja o la expareja. El listado de víctimas mortales hasta el momento no sólo resulta alarmante, sino que muestra unas diferencias territoriales llamativas. Aunque no existe un patrón de causas que explique la disparidad en cada provincia, sí hay factores clave a la hora de sopesar los motivos por los que el número de víctimas es mayor en según qué territorios.

Para entender las diferencias territoriales resulta fundamental dejar a un lado los datos en bruto y observarlos desde una perspectiva proporcional. El número de asesinadas por cada cien mil mujeres redistribuye la información de tal forma que el mapa resultante permite contemplar la situación desde una óptica más ajustada a la realidad y más veraz a la hora de realizar comparativas.

Las islas, las peor posicionadas

La ciudad autónoma de Melilla lidera el ranking de los asesinatos machistas. Son cinco feminicidios desde el año 2003, pero su población femenina es tan sólo de 42.491 mujeres, de modo que la tasa resultante asciende a 11,7 víctimas asesinadas por cada cien mil habitantes mujeres. Entre las comunidades autónomas, los peores datos son los de Illes Balears, con 33 mujeres asesinadas de una población femenina compuesta por 561.074 habitantes. Son, por tanto, 5,8 mujeres asesinadas por cada cien mil en las islas. En Canarias han sido 59 las mujeres asesinadas de un total de 1.063.008 habitantes mujeres, es decir, 5,5 víctimas mortales por cada cien mil isleñas. 

Al otro lado de la balanza se encuentran Extremadura, Cantabria y Madrid. La comunidad extremeña, con una población femenina de 544.860 mujeres, no dista en exceso de Balears y pese a ello se presenta como su opuesta: han sido doce mujeres asesinadas desde el año 2003, es decir, 2,2 víctimas mortales por cada cien mil mujeres. Cantabria es la segunda comunidad autónoma con menos mujeres asesinadas, con 2,3 víctimas por cada cien mil. Madrid, por su parte y pese a ser una de las tres comunidades con mayor población femenina –después de Andalucía y Cataluña–, registra un índice de 2,8 mujeres asesinadas por cada cien mil. 

Son mayoría las comunidades autónomas que se mantienen entre las dos y las cuatro víctimas asesinadas por cada cien mil habitantes mujeres. Entre ellas, Euskadi y Navarra con tres víctimas mortales; Aragón con 3,4 y La Rioja junto a Cataluña, con 3,7. Castilla y León, Murcia y Galicia, con 3,8 mujeres asesinadas de cada cien mil, cierran el ranking de las comunidades que de forma menos intensa han sufrido las consecuencias de la violencia machista. En una situación más crítica se encuentran Andalucía y Castilla-La Mancha, que registran 4,3 mujeres asesinadas por cada cien mil; Asturias con 4,4; Ceuta con 4,7 y la Comunitat Valenciana con 4,8.

Almería frente a Gipuzkoa

La distribución de los feminicidios por provincias revela realidades totalmente dispares. Almería se sitúa –tras Melilla– en la cabeza del listado. Han sido, en la provincia, 33 asesinatos en los últimos quince años. Es decir, 9,5 mujeres asesinadas por cada cien mil. En el lado opuesto, Gipuzkoa se presenta como la provincia con menos feminicidios por cada cien mil mujeres: 1,3. A pesar de contar con una población femenina similar –368.020 en el caso de la provincia vasca y 346.996 en la andaluza–, la distancia entre ambas es un abismo. Gipuzkoa ha sufrido el asesinato de cinco mujeres víctimas de violencia de género desde el año 2003.

Seguida de Almería se encuentra Santa Cruz, con siete feminicidios por cada cien mil habitantes mujeres; Tarragona, con 6,8; Guadalajara, con 6,4; Granada con 6,2; Cuenca con seis; Balears con 5,8; Alicante con 5,7 y Girona, con 5,5.

Por el contrario, Huesca, con 108.848 habitantes mujeres, ha sufrido un total de dos feminicidios en los últimos quince años –1,8 por cada cien mil mujeres–. Badajoz, por su parte, registra dos asesinatos machistas por cada cien mil mujeres y Zamora, junto a Huelva, 2,2. La provincia de Cádiz presenta 2,3 asesinatos machistas por cada cien mil mujeres; Cáceres 2,4; Segovia 2,6 y Madrid 2,8.

Fenómeno multicausal

Las causas que explican las diferencias territoriales en cuanto a los asesinatos machistas no son exactas y difícilmente pueden responder a un patrón causa-efecto. Así lo advierte Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. La violencia machista, recuerda, es un "fenómeno multicausal" por lo que es "imposible señalar a un factor determinante". Es importante tener en cuenta, además, que el número de feminicidios constituye "un universo muy pequeño" en comparación con el total de la población femenina, de modo que realizar análisis estadísticos puede dar pie a hipótesis inexactas.

Lo cierto es que, en el marco de los crímenes machistas, "el azar temporal y las circunstancias tienen mucho que ver", reflexiona Soleto, quien introduce el término de "alevosía sorpresiva" como elemento de peso. Aunque la feminista reconoce que se trata de "factores muy volubles", sí apunta a cuestiones que pueden explicar las diferencias territoriales. Habla, por ejemplo, de la ruralidad, que tiende a ir aparejada de mayores disfunciones respecto a los servicios de emergencia y los servicios de información que existen en cada territorio.

Coincide en este punto Ángelez Álvarez, actual secretaria de Igualdad del PSOE y activista feminista. "Tendríamos que ver las cuestiones relacionadas con el número de habitantes y las dificultades de acceso a espacios de información", explica la diputada socialista en conversación con infoLibre. Por ejemplo, relata, "en Almería hay muchísimas dificultades mientras que en el País Vasco la red de comunicación es apabullante". Álvarez apunta también a las diferencias entre el ámbito rural y las urbes. "La ruralidad, unida al acceso a servicios de información, es un indicador que actúa respecto a la prevención", sostiene. 

La parlamentaria señala como otro elemento clave la dispersión. "Si una mujer tiene que acudir a una psicóloga o a una consulta jurídica a 50 kilómetros de su pueblo no tiene las mismas facilidades que otra que sólo tiene que coger el metro", analiza. Además, el precio de "los servicios de atención en Castilla-La Mancha, por ejemplo, cuesta el doble que garantizar ese mismo servicio en Madrid", por lo que el coste es también "un elemento a tener en cuenta".

Denuncias y renta

Los estudiantes claman contra la "escandalosa sentencia" de La Manada

Ver más

Ángeles Álvarez cree importante reparar no sólo en el número de asesinatos machistas, sino también en la evolución respecto a las denuncias. "Cuando la red feminista empieza en 1997 a hacer un recuento, la media de asesinatos era de 74", explica. En esos años, antes de la Ley contra la Violencia de Género, "las denuncias estaban en torno a 13.000 al año, luego subimos a 16.000", añade. Ahora, el balance es "de 160.000 denuncias y una media aproximada de 60 asesinatos". Eso, celebra, "es un dato brutal en términos positivos".

La activista cree importante recordar, además, que durante los años previos a la norma pionera de 2004 "la mayoría de mujeres que eran asesinadas habían interpuesto una denuncia", mientras que ahora "la mayoría de las que asesinan no lo hacen". Del total de asesinadas desde 2003, sólo el 20,7% había presentado denuncia. La lectura, a su entender, es que "el Estado tiene más herramientas de protección para las víctimas y que la Ley de Violencia ha marcado un antes y un después", invirtiendo la tendencia entre denuncias y asesinatos.

La renta, por otro lado, es un factor que la diputada considera determinante en lo relativo a la renuncia durante el proceso de denuncia. "El hecho de que Cantabria y el País Vasco tengan datos más positivos" puede explicarlo, entre otras cuestiones, "su renta per cápita", repara la socialista. Cantabria, por ejemplo, "tiene en relación con otras zonas rurales una renta per cápita superior", algo que la feminista considera "muy importante". Los ingresos de la población revelan "la posibilidad de tener recursos propios" y cuentan, por tanto, con un peso importante "a la hora de soportar o no la violencia".