Las mareas confluyen hoy para protestar contra la “destrucción" de lo público

"Sin educación no hay ciencia. Sin ciencia no hay sanidad. Sin educación, sin ciencia y sin sanidad no hay servicios sociales". Es el lema bajo el cual las mareas ciudadanas por la educación, la sanidad, la ciencia y los servicios sociales han convocado una manifestación este sábado, día 26, contra las "agresiones" que suponen los recortes en los servicios públicos.

La marcha, que se iniciará a las 18.30 en la madrileña Puerta de Atocha y que concluirá en la Puerta del Sol, ha sido convocada de forma conjunta por las mareas verde (educación), blanca (sanidad), roja (ciencia) y naranja (servicios sociales). Los portavoces de los colectivos han asegurado a infoLibre que, a pesar de que cada uno de los grupos tiene sus reivindicaciones concretas, todas las mareas coinciden en la necesidad de protestar ante la "agenda de destrucción de los servicios públicos" que, a su juicio, está llevando a la práctica el Gobierno.

"El Gobierno busca aplicar criterios de rentabilidad a cosas que no tienen que ser rentables". Así de claro lo deja un portavoz de la marea roja, que explica que, al convocar de manera conjunta la manifestación, las mareas intentan "plantear que las agresiones son comunes a todos". En este sentido, el portavoz asegura que, si bien el colectivo –que agrupa a investigadores y trabajadores de diferentes universidades y organismos, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)– va a continuar realizando acciones de protesta en solitario, "por supuesto" que tienen pensado seguir colaborando con el resto de mareas en el futuro para actuar de forma conjunta.

Pero, más allá del rechazo genérico a los recortes y de la exigencia de unos servicios "100% públicos", cada una de las mareas plantea sus reivindicaciones concretas. Los científicos e investigadores, por ejemplo, explican en su manifiesto para la marcha del sábado que "la I+D+i tiene el triste récord de ser el sector que ha sufrido un mayor recorte presupuestario, en términos porcentuales, en los últimos años, llegando hasta un 40% entre 2009 y 2013", lo que, unido a otra serie de tijeretazos, "ha llevado a una situación de emergencia en la ciencia española".

No obstante, el portavoz de la marea roja incide en que los drásticos recortes en el presupuesto de la investigación no son, ni mucho menos, su único problema. Y pone como ejemplo "las condiciones en las que se trabaja en los laboratorios", así como que existen puestos de trabajo que están siendo cubiertos por becarios, que en ocasiones ni siquiera cotizan. En esta línea, los científicos e investigadores denuncian que en 2014 tan sólo se ofertan 35 plazas para entrar a trabajar al CSIC, un organismo que cuenta con más de 6.000 empleados.

De igual forma, el representante señala que las inversiones se enfocan mayoritariamente en proyectos que buscan la obtención de productos que puedan patentarse para así obtener "réditos a corto plazo". En este sentido, el propio manifiesto denuncia que "lo más grave es que el eje de la política científica de este Gobierno es orientarla hacia el mercado. Esto resultó evidente desde el momento en que englobaron la ciencia en el Ministerio de Economía y Competitividad, pero siguen demostrándolo con otros ejemplos como el programa Com Futuro presentado recientemente por el presidente del CSIC, que prevé la cesión de las instalaciones del CSIC al servicio de investigaciones de empresas".

Las mareas verde y blanca también denuncian el tajo en personal

Algunas de las denuncias de la marea roja son compartidas por los colectivos en defensa de la educación y la sanidad públicas. Es el caso, por ejemplo, de las relativas a los recortes en personal: tanto Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, como Marciano Sánchez Bayle, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se quejan de que por cada 10 trabajadores públicos que dejan su puesto, tan sólo se contrata a uno.

Esta política, que se aplica desde 2011, ha provocado un duro recorte de personal en las plantillas, según denuncian Galvín y Sánchez Bayle. La portavoz de la marea verde habla de que en los últimos tres años el número de profesores contratados en la escuela pública en España se ha reducido en más de 65.000, y cifra en 10.000 el número de docentes que se han perdido en la Comunidad de Madrid desde 2007, año en el que, según relata, comenzaron los recortes en educación en la región. "Hoy mismo se han publicado las oposiciones para secundaria, y las plazas no llegan a 200", explica en este sentido la sindicalista.

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Por su parte, Sánchez Bayle asegura que los recortes en personal se remontan a 2009, si bien en los últimos años se han agudizado. "La principal reivindicación [de FADSP] es acabar con las derivaciones al sector privado mientras se infrautilizan los recursos públicos", explica el portavoz, que denuncia que "hay dinero para pagar intervenciones, pruebas diagnósticas y tratamientos que se derivan al sector privado, pero no lo hay para utilizar los recursos públicos".

En este sentido, el doctor señala que la "descapitalización" de la sanidad pública tanto a nivel presupuestario como de personal ha causado que haya "plantas cerradas" y "menos actividad de tarde" en los centros hospitalarios, mientras se deriva a pacientes a la sanidad privada sin que esto suponga, a juicio del representante de FADSP, un ahorro. "El Gobierno tiene una intención de privatizar el sistema sanitario, y si no lo hace frontalmente lo quiere hacer dando un rodeo", remacha Sánchez Bayle.

De las derivaciones hacia el sector privado también se queja Galvín, que señala que, frente al aumento de la demanda para la escuela pública en la Comunidad de Madrid, se está promoviendo la construcción de colegios e institutos concertados en detrimento de los gestionados por la autonomía. Y como ejemplo concreto de los nueve distritos madrileños que, asegura, necesitan un centro educativo público, la sindicalista menciona la zona de Villaverde, "donde llevan más de 10 años de retraso" para construir un instituto. "Esta marcha tiene que ser un toque de atención a la ciudadanía", remacha Galvín, que incide en que "para que haya futuro, hay que invertir en educación".