La ley educativa de 1985, impulsada por el Gobierno de Felipe González y fundadora del actual sistema de conciertos, explicaba en su preámbulo los motivos por los que el Estado debía racionalizar el sinfín de subvenciones que recibían los colegios católicos privados desde el franquismo. Había una lógica aplastante detrás. Hubiera sido difícil ignorar a mediados de los 80 la densa red de centros tejida por la Iglesia desde el siglo XIX, más aún cuando había que atender un pico de demanda educativa vinculado al boom demográfico y al cambio cultural. Existía de facto en la España de 1985, señalaba la ley, un "sistema dual" en el que miles de colegios privados recibían subvenciones "en cuantía rápidamente creciente", algo que "que contrastaba con el ritmo mucho más parsimonioso de incremento de las inversiones públicas". Era una situación que había que corregir. Pero que, vistos los números de hoy, continúa dándose.
Añadía la introducción de la norma del 85, redactada con el didactismo de un libro de texto: "Lo que había nacido como provisional se perpetuó, dando lugar a una situación irregular, falta del exigible control, sujeta a incertidumbre y arbitrariedad, y en ocasiones sin observancia de las propias disposiciones legales que la regulaban". La ley, que no empleaba el término "segregación" –por entonces sin el protagonismo que tiene hoy en el léxico de la sociología educativa–, sí que establecía medidas claramente orientadas a garantizar que, como contrapartida a su financiación pública, los centros privados no promovieran prácticas contrarias a la igualdad, en especial a través de limitaciones para imponer cobros a las familias.
A punto de cumplirse 35 años desde la aprobación de la ley, en julio de 1985, los números indican que el sistema de conciertos no ha colmado sus propósitos.
Gasto
El gasto público en la red concertada crece a mayor ritmo que el gasto en la red pública. La primera bate año a año su récord, mientras la segunda sigue por debajo de los niveles de inversión anteriores a la crisis económica.
La serie del Ministerio de Educación permite ver una evolución desde 1992 –no desde 1985, como sería óptimo– hasta 2018 con datos homogéneos. En 2018, el gasto público total en educación ascendió a más de 50.000 millones. No es el máximo histórico. El dato sigue un 5,72% por debajo de los cerca de 54.000 millones de 2009, y un 1,75% por debajo de los 51.700 millones de 2008, diez años antes. La subida del gasto público en educación sí es fuerte si miramos desde 1998, veinte años atrás. Entonces la cifra ascendió a cerca de 25.000 millones, lo cual supone que el porcentaje ha crecido en un 103%. Desde el inicio de la serie, en 1992 –17.700 millones–, el gasto público en educación ha subido un 186,89%.
Pero esta subida no se reparte de forma homogénea en los dos nodos del modelo dual: la red pública y la red concertada –que también es pública a efectos de financiación, pero no de titularidad de los centros–. El gasto en la red pública alcanzó en 2018 los 44.400 millones. Esto es un 7,37% menos que en el pico de 2009. Con respecto a veinte años atrás, 1998, la subida es del 97,25%. Si miramos el inicio de la serie, el alza alcanza el 176,28%.
La educación privada, en cambio, ha visto aumentar su financiación pública de forma mucho más rotunda. Para empezar, bate año a año su récord desde 2014. Ha sobrepasado los 6.000 millones en 2017 y 2018, cuando alcanzó un máximo de más de 6.300 millones. No hay números por encima de esos, tampoco antes de la crisis –a diferencia de lo que ocurre con la inversión en la red pública-pública–. La subida de la financiación pública de la concertada con respecto a 2008 es del 17,04%, con respecto a 1998 del 167,79% y con respecto a 1992 del 292,55%.
Hay que detenerse en este dato: entre 1992 y 2018 el gasto público en subvenciones y conciertos ha crecido desde algo más de 1.600 millones a algo más de 6.300, cerca de un 300%. En el mismo periodo el gasto en la red pública-pública ha crecido un 176,28%. Es un crecimiento a dos velocidades. Y la concertada corre más.
Las comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid sumaron en 2018 casi el 50% de este gasto en subvenciones y conciertos: más de 3.000 millones entre las tres.
PIB y hogares
Esta primavera de la educación concertada se produce mientras el gasto público educativo en relación con el PIB está en un 4,23%, lejos de su récord de 2009, cuando alcanzó un 5,04%. El gasto público en educación con respecto al total del gasto público (10,13%) también está por debajo de 2009 (10,9%) y 2008 (11,25%).
Es interesante conectar estos datos con los de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se comprueba que el gasto familiar por hogar en la enseñanza ha alcanzado su máximo, 460,66 euros por hogar. Diez años atrás la cifra estaba en torno a los 320 euros. La subida supera el 40%. El gasto familiar total en enseñanza alcanzó en 2018 también su máximo histórico: más de 8.500 millones de euros, más de un 50% por encima de una década atrás.
Alumnos
Este desequilibrio económico a favor de la concertada se produce sin que la balanza se haya inclinado de su lado en cuanto al porcentaje de alumnos. Es decir, la proporción del trozo de tarta que se lleva al plato la concertada no crece, pero sí mejora la cubertería con la que comérsela.
Entre el curso 2007-2008 y el curso 2016-2017 –que permiten hacer una comparación homogénea con los datos de Educación–, los porcentajes de alumnos en la concertada no han sufrido grandes movimientos, si exceptuamos Infantil de primer ciclo, donde el salto es de del 9,2% al 14,6%. Pero es la excepción a una regla general de estabilidad:
– Infantil de segundo ciclo: del 27,1% al 28,9%.
– Primaria: del 29,1% al 28,5%.
– Secundaria obligatoria: del 30,5% al 30,8%.
– Secundaria postobligatoria: del 14,6% al 14,5%.
El alumnado de la red pública-pública en las fases no universitarias del sistema no ha pasado del 68,9% ni ha caído del 66,2% desde 1990, según los datos de Educación. La serie que ofrece la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada, que tiene tres ediciones en los cursos 2004-2005, 2009-2010 y 2014-2015, también describe un panorama de equilibrio. No es en el alumnado donde se produce el desequilibrio, sino en el dinero.
Segregación
Está demostrado que la educación concertada genera más gastos a las familias que la pública. En 2012, el gasto familiar por alumno fue de 527 euros en la pública y de 1.212 en la concertada, como detalló este artículo de los investigadores Jesús Rogero-García y Mario Andrés Candelas. Diversos informes han demostrado cómo los centros privados financiados con fondos públicos utilizan mecanismos de segregación encubierta, entre los que destaca el cobro de cuotas [ver aquí información detallada]. Un reciente informe de la federación de familias Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes, tras visitar 50 centros concertados, ha comprobado que el 90% cobra por actividades obligatorias, algo prohibido por ley. La media de pago es de 153 euros al mes. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha declarado que esa situación es "inaceptable".
Los concertados realizan además una ubicación selectiva de sus centros. "Los centros concertados suelen localizarse en barrios o zonas geográficas con elevados niveles de renta", señala el informe Mapa escolar, elaborado por la Universidad de Valencia en colaboración con el ayuntamiento. El Ministerio de Educación, cuestionado por infoLibre sobre la ubicación de la educación concertada según renta, afirma no disponer de datos "homogéneos".
El asidero oficial más firme para estudiar los criterios de los promotores de la concertada es un informe del Ministerio de Educación de curso 2016-2017 que denota su escaso interés por los pueblos pequeños, que suelen ser zonas de menor renta. Los centros privados –los datos de Educación no desagregan entre concertados y privados sin financiación pública– se ubican en un 77% en municipios de más de 25.000 habitantes. En el caso de los públicos, este porcentaje es del 43,4%.
La proliferación de la concertada forma parte del análisis causal del auge de la segregación en España. Este fenómeno, el de la agrupación homogénea de alumnos por clases sociales, está ya acreditado. El informe Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas y comparación con los países de la Unión Europea, de Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido, señalaba ya en diciembre de 2017 que el sistema educativo español era el sexto más segregador de Europa, al nivel de Eslovenia, Bulgaria o Chequia. La segregación promedio se sitúa entre 0,32 o 0,38, según el índice utilizado. Eso significa que entre el 30% y el 40% de los estudiantes deberían cambiarse de centro para que no hubiera segregación. El 90% de la educación religiosa privada –2.446 de 2.706 centros– es financiada con fondos públicos.
Uno de los rostros de la segregación social tiene relación con el lugar de origen del alumnado. Según datos del Ministerio de Educación del curso 2017-2018, la educación concertada, con un 25% del alumnado no universitario, asume sólo un 14,9% de los extranjeros. Ello conduce a que la educación pública, con un 67,2% del alumnado, reciba un 78,7% de los extranjeros. Hay comunidades en las que el desequilibrio es llamativamente mayor que la media. En Cataluña, con el 27,1% del alumnado, la concertada tiene el 15,9% de los extranjeros; en Navarra los porcentajes son 34,3% y el 15%, respectivamente. Los datos del curso 2016-2017 indican que la concertada tiene un 6,3% de alumnos con necesidades educativas especiales, frente a un 8,7% de la red pública-pública.
Un modelo en el ojo del huracán
La concertada está hoy, 35 años después, en el ojo del huracán de la batalla política sobre la educación. Navarra y Cataluña, entre otras comunidades, trabajan en normas contra la segregación. También lo hace el Gobierno de España, en cumplimiento del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que pone el énfasis en el rechazo a la segregación por sexos, es decir, a la separación de niños y niñas.
El diseño de estas leyes y decretos ha intranquilizado a organizaciones como la Plataforma Concertada, Escuelas Católicas –que afirma representar al 60% de los centros concertados–. las confederaciones de padres (Concapa) y centros (CECE) y la Conferencia Episcopal. De todas estas terminales han partido mensajes de advertencia al Gobierno o a las comunidades autónomas que preparan normativas que amenazan el statu quo, actualmente determinado por la Lomce, que amplió las opciones de construcción de centros concertados en suelo público y blindó el criterio de "demanda social" en la planificación de plazas.
Lo que oculta la campaña contra la 'Ley Celaá': la concertada exige "pluralidad" mientras aviva la segregación escolar
La concertada es además un foco de poder e influencia de la Iglesia. Otra vez hablan los datos. Del número global de colegios concertados, 4.668, un total de 2.446 son religiosos, lo que supone un 52%. No obstante, se trata de una cifra que incluye la educación infantil, sin la cual el porcentaje de la concertada eclesial sube hasta rondar el 60%. El sistema de la concertada ha provocado además un retroceso de la escuela privada-privada religiosa, que ha pasado de 300 centros en el curso 2004-2015 a 260 en el curso 2014-2015, es decir, un retroceso de más del 15% en diez años.
El calado político de cualquier reforma del modelo de reparto de la tarta educativa queda claro con el alineamiento izquierda-derecha que provoca. PP, Ciudadanos y Vox comparten un modelo de promoción de la concertada que ya se ha concretado en una nueva norma andaluza que facilita la elección de colegio concertado. En Cataluña, el impulso del llamado "decreto antisegregación" está causando roces entre los socios del Govern nacionalista, ERC, situado a la izquierda, y JxC, a la derecha.
El expresidente del Gobierno Felipe González, poco dado a la crítica sobre sus años en el Ejecutivo, afirmó en 2011 en un mitin en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona): "Algunos errores hemos cometido". Y citó el caso de la concertada. "Quien quiera escuela privada, que se la pague", fue su reflexión acerca del error cometido. España sigue sin cerrar su problema educativo.
La ley educativa de 1985, impulsada por el Gobierno de Felipe González y fundadora del actual sistema de conciertos, explicaba en su preámbulo los motivos por los que el Estado debía racionalizar el sinfín de subvenciones que recibían los colegios católicos privados desde el franquismo. Había una lógica aplastante detrás. Hubiera sido difícil ignorar a mediados de los 80 la densa red de centros tejida por la Iglesia desde el siglo XIX, más aún cuando había que atender un pico de demanda educativa vinculado al boom demográfico y al cambio cultural. Existía de facto en la España de 1985, señalaba la ley, un "sistema dual" en el que miles de colegios privados recibían subvenciones "en cuantía rápidamente creciente", algo que "que contrastaba con el ritmo mucho más parsimonioso de incremento de las inversiones públicas". Era una situación que había que corregir. Pero que, vistos los números de hoy, continúa dándose.