"Fuimos esenciales, luego se olvidaron": las plantillas de las residencias siguen al límite cinco años después

Fueron catalogadas como trabajadoras esenciales. Eran aplaudidas cada día desde los balcones de toda España. Y fue entonces cuando salieron a la palestra las condiciones en las que trabajaban: eran pocas, sufrían contratos precarios y la carga de trabajo siempre era elevada. Las residencias de mayores se situaron entonces en uno de los focos del nuevo modelo de cuidados del Gobierno, y sus empleadas en uno de los pilares a mejorar. El problema es que han pasado ya cinco años y no ha ocurrido. Y en eso coinciden todas, trabajen donde trabajen.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró tajante cuando le preguntaron las socias y socios de infoLibre. "La pandemia dejó claro que las trabajadoras y trabajadores del sector de los cuidados son imprescindibles. Sin ellas, nuestro sistema se colapsaría. Sin embargo, sus condiciones laborales siguen siendo precarias: salarios bajos, largas jornadas y enormes dificultades para conciliar. Esto es inaceptable", dijo. Y aseguró que se trabaja ya para "dignificar el sector".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por su parte, también señala a preguntas de este diario que esta es una de sus tareas pendientes. En concreto, señalan, ya trabajan en un paquete de medidas y en una serie de estudios para conocer y mejorar la situación de las trabajadoras del sector de la dependencia, cuya reforma legislativa ya ha echado a andar. Para ello trabajan de manera interna y coordinación con otros departamentos del Ejecutivo.

El problema es que mientras eso ocurre el día a día de cientos de miles de mujeres —puesto que según los datos oficiales del Gobierno ellas ocupan el 86,1% de los empleos en las residencias de mayores— sigue siendo exactamente el mismo. Las palabras y las promesas de mejora no han llegado. Y en muchos casos, incluso, se ha dado marcha atrás.

"Siempre trabajamos a contrarreloj"

Los "salarios bajos, las largas jornadas y las enormes dificultades para conciliar" que mencionó Díaz en infoLibre tienen una consecuencia directa: cada vez menos personas quieren dedicarse al sector. Y este es un diagnóstico global. Raquel Mateos, que lleva 17 años cuidando mayores y trabaja en un centro de Cádiz, lamenta tener que trabajar, siempre "a contrarreloj". Odia ir "corriendo" por los pasillos, porque eso le impide hasta responder a las preguntas de los mayores. "Me da muchísima impotencia, hay veces que ni siquiera puedo escuchar lo que me dicen, y son ellos los que menos culpa tienen de las condiciones en las que trabajamos", explica.

"Siempre falta gente", añade Amparo Vidal desde la Comunitat Valenciana. No hay ni siquiera tiempo para ducharles o darles de comer, al menos, de forma adecuada, completa. Orlando Cárdenas, que trabaja en Barcelona, coincide. "Cuando la gente entra a trabajar aquí y ve cómo lo hacemos, se va", explica. Él trabaja en una planta con 20 residentes que se dividen, por los empleados que son y los turnos en los que trabajan, en siete para cada uno cada mañana. Hay que levantarlos, asearlos, vestirlos y acompañarlos al desayuno. Y es imposible hacerlo con el tiempo que merecen. Sobre todo porque los mayores que entran en los geriátricos lo hacen cada vez más mayores. Y, por tanto, más dependientes.

Más de 80 años y con grados I o II de dependencia

Los datos oficiales más recientes aparecen reflejados en el censo que publicó el Imserso el año pasado y que dibuja la situación que había en 2022. El documento, de 70 páginas, refleja que efectivamente, y como señalan las trabajadoras, la gran mayoría de los residentes tiene más de 80 años. En concreto, un 74,5%. Pero no sólo eso, sino que el 43,2% tiene o bien un grado I o un grado II de dependencia, siendo un 36,7% el porcentaje de ancianos que sufren un grado III.

No hay datos similares referidos a años anteriores —y de hecho eso ha sido objeto de críticas de algunos expertos como María Victoria Zunzunegui, que lamentan la falta de estadísticas sanitarias que permitan analizar la población que vive en geriátricos—, pero un estudio publicado en la revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en 2018 certificó que la media de edad de los residentes entonces se situaba en los 81,8 años, de lo cual se extrae que el porcentaje de residentes mayores de 80, entonces, era menor al actual. En aquella época además, tan sólo un 12,7% necesitaba todos los autocuidados o era, en otras palabras, gran dependiente.

La evolución va necesariamente ligada al progresivo envejecimiento que ha habido en España. Y que va a más. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registró un nuevo máximo histórico del índice de envejecimiento, que se sitúa ya en un 142,3%, es decir, que ya hay 142 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Antes del covid, en 2019, ese porcentaje era de un 123%.

"Las residencias se crearon para personas que podían salir, y de hecho antes hacían manualidades. Ahora, si se visita una residencia, tan sólo hay personas sentadas", lamenta Cárdenas. "En mi centro los mayores están como en guetos. Cada uno en su planta, sin poder moverse. Hace años participaban en actividades, pero ya no", añade Ana Merchan, trabajadora de un centro en Gipuzkoa.

Ratios insuficientes

El envejecimiento ha derivado en ratios insuficientes. El Gobierno, en cualquier caso, las incrementó en el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que estableció que debían ser, desde el pasado 31 de diciembre, de 0,41, es decir, de 41 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes.

En 2018, antes del covid, un estudio que comparó la situación en el País Vasco con el resto de comunidades evidenció que la región que tenía una ratio más elevada era Andalucía, que contemplaba 39 empleados de atención directa por cada 100 residentes. En otras como Castilla y León eran 23, y en otras como Murcia, 25. La situación por tanto, al menos en exigencia, ha mejorado.

Sobre la práctica, en cambio, es más complicado verlo. En las estadísticas del Imserso se observa que entre el cuarto trimestre de 2023 y el de 2024 las trabajadoras de establecimientos residenciales para personas mayores y personas con discapacidad física —la base de datos lo acota así— han aumentado de 125.890 afiliadas a 130.524, es decir, un escaso 3,7% que, sin embargo, tiene sus limitaciones a la hora de ser interpretado. La doctora en economía e investigadora en el ámbito de la protección social Julia Montserrat señala que el análisis tiene que incluir necesariamente una diferenciación entre los tipos de jornada y que, por ello, es más correcto hablar de presencias, no tanto de ratios. Es decir, la cuestión no es que haya contratadas tres gerocultoras, por ejemplo, sino que, en un turno determinado, estén esas tres personas. ¿Qué es necesario para ello? Que haya más empleadas.

"Sabemos lo que pasó, lo que puede pasar y lo que necesitamos, pero nadie está haciendo nada", lamenta por su parte Lidia Arguiz, trabajadora de una residencia de Galicia. Allí, la Xunta ha eliminado de la normativa de 1996 un apartado que hacía obligatoria la presencia de un profesional de enfermería 24 horas en aquellos centros de más de 40 plazas.

A nivel nacional, el Ejecutivo cifró en 34.000 el número de trabajadoras que serían necesarias para mejorar el modelo. En Madrid, sindicatos y familiares estimaron que haría falta duplicar las plantillas, porque estimaron que la ratio adecuada para garantizar una "presencia física" es de 132 empleadas por cada 100 mayores.

Salarios y contratos

Más allá de la falta de personal, todas las trabajadoras consultadas se quejan de sueldos que tan sólo siguen la senda del salario mínimo interprofesional. O poco más. "A mí me encanta mi trabajo, pero cobro, de base, 1.160 euros al mes", lamenta Raquel Mateos. "En todo este tiempo nos hemos mantenido igual, nada ha cambiado a nivel salarial", coincide Lidia Arguiz.

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En cuanto a los contratos, el VIII convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes determina que los centros han de tener como mínimo un 80% de personal con contratos indefinidos. Sin embargo, un análisis de la investigadora Julia Montserrat cifró que en entre 2012 y 2018 esa proporción había descendido, concretamente, del 74,7% al 70,2%.

Actualmente, según el último informe del Imserso correspondiente al cuarto trimestre de 2024 —que como en el caso de las plantillas incluye el caso de las residencias para mayores y personas con discapacidad física—, indica que los contratos indefinidos suponen ya el 78,5% del total.

Más allá de eso, todas las trabajadoras coinciden en que nada se aprendió del covid. Y en que, si llegase un nuevo virus, es probable que se cometieran los mismos errores. "Ni se ha hecho nada ni se ha aprendido de los errores. Ya ni siquiera se lavan los uniformes para desinfectarlos", completa Rosa Serna, trabajadora de una residencia de Vallecas (Madrid) y presidenta de su comité de empresa de CCOO. "No hemos mantenido ningún protocolo. Ya no hay ningún miedo, da todo igual", lamenta Arguiz. "Hubo un momento en el que fuimos esenciales y todo el mundo se acordó de nosotras, pero luego pasó todo y, ahora, seguimos abandonados", sentencia.