EL DEBATE SOBRE EL SALARIO MÍNIMO
Moncloa está dispuesta a dialogar con Sumar pero mantiene su "firme" decisión sobre el SMI

Un callejón sin salida. Por el momento. El ala socialista y Sumar continúan enfrentados por la tributación del IRPF en el caso del salario mínimo, una exención que se ha levantado ahora por primera vez. Hacienda sigue manteniendo la medida y la defiende como “de izquierdas, progresista y moderna” y trata, tras días de desconcierto, de desplegar pedagogía sobre la necesidad de pagar tributos después de un aumento del 61% del SMI en los últimos siete años.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reapareció este viernes, después de días sin agenda pública por gripe, para defender la decisión de su departamento, que ha provocado un choque directo con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Para la responsable de Hacienda, la tributación sólo afecta al 20% de los que cobran el salario mínimo (especialmente hombre jóvenes sin cargas familiares) y su no aplicación supondría un “vaciamiento” de unos dos millones de euros en las arcas públicas.
El ala socialista sigue insistiendo en que se mantendrá esta tributación a pesar de la presión de Sumar y de casi todo el arco parlamentario. Una decisión que se enfrenta a una posible derrota en el Congreso porque ya sus socios de coalición, Podemos y el PP han registrado proposiciones de ley para tumbar la intención de Hacienda. Asimismo, empujan en contra de Montero otros partidos de izquierdas como ERC, EH Bildu y el BNG.
"Podemos dialogar, pero la postura está decidida"
Montero remarcó entre sus argumentos que esta tributación es común en países del entorno como Francia, Alemania, Polonia y Países Bajos, además de entrar dentro de la cultura fiscal: “Derechos y obligaciones”. Según la titular de Hacienda, lo importante es que se llega al 60% del salario medio y que no se puede interpretar como una ayuda, sino como la remuneración digna de un trabajo. Esta tributación sólo será del 1,6%, apostilló la también líder del PSOE andaluz, quien defendió que con el actual Ejecutivo se ha producido la mayor rebaja tributaria de la historia para las clases bajas y medias (5.000 millones de euros).
La vicepresidenta primera mantiene el pulso a pesar de la mayoría en contra, aunque durante la rueda de prensa en Sevilla hizo apelaciones genéricas al diálogo “hasta la extenuación” con sus socios y a su posición a favor de que paguen todavía más las rentas más altas y de que haya una armonización de las tasas a las grandes fortunas a nivel europeo. Fuentes de La Moncloa indican al hilo del debate que se librará estos días: “Queremos y respetamos la posición de Sumar. Podemos dialogar, hablar, pero la postura del PSOE es firme y decidida. Desde el respeto máximo”.
En Sumar indican, después de escuchar a Montero, que ellos mantienen su proposición de ley y no piensan vetarse en la propia Mesa del Congreso (donde el PSOE tratará de frenar las iniciativas). Los de Yolanda Díaz no quieren subir los decibelios pero insisten en que los socialistas han perdido la mayoría en el Congreso sobre este asunto y especialmente entre los ciudadanos: “Estamos hablando especialmente de jóvenes que no tienen capacidad ni para emanciparse”.
Choque por el informe
El choque entre las dos partes se evidencia hasta en aspectos sobre cuándo se conoció la decisión. La vicepresidenta segunda indicó que la noticia le llegó por los propio medios de comunicación antes de la caldeada rueda de prensa del pasado martes del Consejo de Ministros. Frente a esta versión, en la parte socialista se indica que el cálculo al alza del SMI incluía la tributación en el informe elaborado por el comité de expertos en el que había representantes de los ministerios de Trabajo, Hacienda y Economía, además de los sindicatos de UGT y CCOO.
En Trabajo recuerdan sobre esta cuestión que la tributación es una competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda y subrayan que en todos los informes siempre se aplica la legislación vigente en el momento de proponer la subida del SMI, por lo que se asume que el salario mínimo tributa y se calcula el IRPF correspondiente. Después, añaden, es cuando se aumenta la exención de la renta.
Asimismo, en el entorno de Díaz explican que la comisión asesora sobre la subida del salario mínimo no tiene como objetivo plantear recomendaciones en el ámbito fiscal y todos sus informes se han elaborado partiendo de la tributación vigente.
Sánchez, a Feijóo: "Tenemos un debate sobre el IRPF porque hemos subido el SMI un 61% en siete años"
Ver más
En mitad de este choque dentro del propio Gobierno, el Partido Popular trata de acorralar al Gobierno y especialmente a Montero, que ha puesto en riesgo la hegemonía absoluta de Juanma Moreno de cara a las próximas elecciones andaluzas. Las autonomías populares están prometiendo bajadas de impuestos, e incluso en Murcia ya se avanza en el diseño de un nuevo tramo en la escala autonómica del IPRF para “amortiguar” los efectos. Desde Junts también se criticó la imagen de división del Gobierno y Jordi Turull, secretario general de los posconvergentes, reclamó “un poco de credibilidad, seriedad y cohesión”.
La parte socialista es consciente de que este debate es muy complicado y dañino dentro de la izquierda, y llaman a no tener posturas “beligerantes”. Dentro del Gobierno y del PSOE hay voces que reconocen que se debería buscar una solución con Sumar antes de llegar a un choque total dentro del Parlamento. Pero a la vez creen que durante estos días hay que hacer mucha pedagogía con argumentos como que el Estado del Bienestar no se puede hacer a base de exenciones fiscales, que se debe extender una cultura fiscal responsable y que ayudará a desplegar políticas públicas más eficaces.
El Gobierno encara también un frente por parte de los sindicatos. UGT ha pedido una rectificación a Montero, en tanto que CCOO se abrió a posibles fórmulas que no pasen exclusivamente por los tramos de la renta. El líder de Comisiones, Unai Sordo, sostuvo este viernes que "lo que hay que hacer es adoptar algún tipo de medida fiscal para que nadie que perciba el SMI quede por debajo de un salario neto del 60%", algo que "no tiene que conllevar necesariamente la subida del mínimo exento para hacer la declaración de la renta".