“Ni olvido ni perdón”: los independentistas que rechazan la amnistía

No sólo la derecha rechaza la amnistía. Mientras el Gobierno se encuentra sumergido en plenas negociaciones con Junts y ERC para lograr el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, hay otros sectores del independentismo a quienes no convence esta medida. No porque la vean una “cacicada” ni un acto de “tiranía”, como sostienen el PP y Vox, sino porque creen que puede llegar a ser un arma de doble filo para las aspiraciones nacionales de Cataluña.

Entre este variado grupo se encuentran diversas entidades, asociaciones y plataformas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Alerta Solidària o el Colectivo Primer d’Octubre, integrado por militantes de ERC. También figuras de renombre como la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí o el exvicepresidente del Parlament Josep Costa han mostrado sus discrepancias, así como activistas que podrían beneficiarse de una eventual ley de amnistía, defendida por el grueso del independentismo y por sus principales partidos políticos, pero sin el beneplácito de buena parte del movimiento.

La norma aún se está esbozando y, de acercarse a la propuesta que este martes presentó Sumar, abarcaría todas las “acciones” cometidas entre 2013 y 2023 con el objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña. A diferencia de la ley que presentó hace dos años ERC, en consonancia con Junts y la CUP, esta vez se incluiría también a los policías procesados por las cargas durante el referéndum fallido del 1-O, salvo aquellos imputados por delitos de tortura y contra la integridad moral.

De acuerdo con el balance que Òmnium Cultural hizo público con motivo de la última Diada el pasado 11 de septiembre, hay unas 1.432 personas susceptibles de ser amnistiadas, todas ellas condenadas, juzgadas o investigadas por su papel durante el 1-O. En concreto, unas 113 personas ya han sido condenadas penalmente, 17 están pendientes de sentencia, 387 tienen una causa penal abierta, 880 han sido sancionadas administrativamente y 35 siguen pendientes del Tribunal de Cuentas.

Un indulto 2.0

“Ojo, porque la amnistía puede ser un arma de doble filo”. En la ANC no lo ven claro. Temen que esta medida de gracia aleje Cataluña aún más de la independencia. “No estamos en contra, pero puede ser una trampa”, aseguran a infoLibre fuentes de la entidad. Para la Asamblea, una amnistía sólo tiene sentido si el Gobierno reconoce el derecho a la autodeterminación y la potestad del Parlament para declarar efectiva la independencia o, de lo contrario, creen que no solucionará ninguna de las cuestiones de fondo del conflicto catalán: “Sólo se pone un apósito temporal. La movilización por la independencia y la desobediencia civil seguirán siendo perseguidas”.

Desde la ANC opinan que, por ahora, el Gobierno está proyectando la amnistía como un “perdón” o un “indulto 2.0” asociado a la renuncia de la unilateralidad, lo que choca con los intereses de la organización. “Dudamos mucho que el Gobierno esté por una amnistía que suponga aceptar que lo que hicimos no fue ilegal”, indican las mismas fuentes.

En la Asamblea son reticentes a que la amnistía que PSOE y Sumar negocian con las formaciones independentistas del Congreso pueda ayudar a “blanquear la represión” y dote de argumentos al Estado para evitar una eventual condena por parte de Europa. “Si sirve para que el Estado demuestre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está activando la vía interna de reparación de los derechos vulnerados, la causa puede decaer en los tribunales internacionales”, avisan.

Hace tres semanas, Estrasburgo admitió a trámite los recursos contra los nueve condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia del procés —entre los que se encuentra el expresidente de la ANC Jordi Sánchez— y dio de plazo a España hasta el 12 de enero para presentar sus alegaciones. Por eso, desde la ANC insisten en que no están en contra de la amnistía, pero tampoco quieren que “el Gobierno de Pedro Sánchez la aproveche para evitar que el TEDH acabe condenando al Estado”.

“Queremos que haya una condena internacional. No queremos blanquear al Estado. Si antes de la sentencia se aprueba una ley de amnistía, esta posibilidad decaerá y nos habremos condenado nosotros mismos a la irrelevancia y el menosprecio en Europa”, añaden en la entidad.

Apaciguar la tensión en la calle

Otra de las entidades que ha mostrado más reticencias respecto a la amnistía es el colectivo jurídico Alerta Solidària, cercano a la CUP, cuyo portavoz, Martí Majoral, recela de los intereses que puede haber detrás de esta medida. “Esta amnistía busca la salida personal de algunas personas y se disimula intentando beneficiar a más gente. Desde un punto de vista político, plantearla así es un error”, opina.

Según Majoral, las defensas de los encausados por el procés “aprovecharán” la amnistía si prospera la ley, lo que no quita que sean críticos con los términos en los que se está planteando. A su entender, el independentismo comete un “error” situando esta medida como condición sine qua non para la investidura de Pedro Sánchez porque “distrae” al movimiento del verdadero objetivo. “Cuando había tensión en la calle estábamos más cerca de la independencia. Desde que se ha optado por la campaña de la amnistía, ha crecido la confusión y el desánimo. Y la materialización de la amnistía consolidará este desencanto y esta resignación, el no hay nada que hacer”, asevera.

Majoral lamenta así que los políticos “de arriba” no escuchen a los independentistas de base ya que, a su juicio, es “muy obvio” que cualquier amnistía “se quedará corta”: “Siempre habrá independentistas que quedarán fuera porque se les imputan hechos muy graves, incluso terrorismo, o porque son represaliados de otros movimientos perjudicados por el contexto”. En este sentido, se pregunta qué será lo que ocurra, tras la aprobación de la amnistía, cuando haya disturbios, ya sea por las visitas del Rey a Cataluña, por desahucios o con motivo de la Diada, “¿En qué situación quedarán esos represaliados? ¿Pediremos una amnistía cada cuatro años, cuando se tenga que formar el Gobierno español?”, ironiza.

La “paradoja” de ERC

Quién se muestra más contundente es el Colectivo Primer d’Octubre, integrado por militantes de ERC contrarios a la estrategia que está siguiendo la dirección del partido. En declaraciones a infoLibre, su portavoz, Xavier Martínez, cree que no es casualidad que los dirigentes independentistas que encabezan la primera línea política estén negociando la amnistía cuando tienen causas pendientes. “No deja de ser un factor condicionante”, critica.

Martínez considera una “paradoja” que su partido defienda la amnistía para el procés cuando tradicionalmente ha reclamado derogar la Ley de 1977 para poder juzgar los crímenes franquistas y considera que, de aprobarse, esta norma beneficiaría especialmente a los policías nacionales investigados por las cargas del 1-O. “Es una paradoja que ERC esté pidiendo una ley de amnistía que serviría, por experiencia y por historia, para dejar impunes vulneraciones de derechos fundamentales”, subraya.

Además, a su juicio, abrazar la amnistía implicaría reconocer que el referéndum “fue un delito” y hacer tabula rasa a todo lo que sucedió: “Nosotros partimos del razonamiento de que actuamos correctamente. El grito del 1-O es ‘Ni olvido ni perdón’, lo contrario de lo que significa la palabra amnistía, que viene de amnesia, de olvidarlo todo”.

Finalmente, Martínez acusa a quienes negocian la amnistía de “utilizar a la ultraderecha para dejar fuera del debate” a los críticos, como el Colectivo Primer d’Octubre. “Como la ultraderecha está en contra de la amnistía, parece que nosotros tenemos que estar a favor. Pero es por motivos distintos. Hay mucha gente en el partido que piensa igual, pero no lo dice en voz alta”, apostilla.

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Marcel Vivet es otro de los independentistas encausados en el marco del procés que desconfía de la amnistía. Fue condenado a cinco años de prisión —que fueron luego rebajados a uno y medio— por los disturbios durante una manifestación en 2018 contraria a la que había convocado el sindicato de policía Jusapol para rendir homenaje a los agentes que participaron en el dispositivo del 1-O. Su caso fue especialmente sonado porque la Generalitat decidió mantener todos los cargos en su contra a pesar de haber prometido poco antes que rebajaría la petición de pena en las causas por atentado a la autoridad.

En declaraciones a este diario, considera que sería un “avance” que la amnistía “borrara completamente” su causa judicial y la del resto de independentistas en situaciones similares, aunque pide analizar antes “la letra pequeña” de esta medida para asegurarse de que no acarrea la idea de “perdón” ni pide “nada a cambio”. “Una amnistía bien hecha debe reconocer que la persecución contra el independentismo no ha sido legítima, que el Estado español reconozca sus errores y la extrema violencia a la que nos ha sometido”, sostiene antes de admitir que difícilmente se aceptarán estas demandas.

Pese a ello, insta a ERC y Junts a aprovechar la posición de “relativa fuerza” para obtener los “máximos beneficios” en la negociación con el Gobierno, lo que a su juicio se traduce en que Cataluña pueda llegar a independizarse. “Si un gobernante quiere mirar por el bien de su pueblo y no sólo por sus intereses personales o partidistas debe negociar una amnistía profunda que incorpore el derecho a la autodeterminación”, zanja.