Los pagos en metálico de cargos del PP atenazan a Mañueco: la nueva declaración de la gerente refuerza las sospechas sobre financiación ilegal

La nueva declaración  prestada hace tres semanas por la gerente del PP de Salamanca ante el juez que investiga la supuesta financiación ilegal del partido en Castilla y León ha dado una nueva vuelta de tuerca al caso.

En octubre de 2020 la gerente, Isabel González, ya sostuvo en sede judicial una absoluta ignorancia de la existencia de 39 declaraciones juradas donde 28 cargos y asesores así como otros 11 militantes afirmaban haber entregado dinero en metálico para pagar las cuotas de afiliados morosos. Estar al día en el pago de cuotas –18 euros al año multiplicados por cinco– era clave para que pudiesen votar en las primarias que en marzo de 2017 dieron la victoria al hoy presidente, Alfonso Fernández Mañueco, frente a su rival, Antonio Silván.

Ahora, y en la comparecencia que protagonizó el pasado día 7, la responsable de la gestión contable del PP salmantino no solo se ratificó en que ni le dieron cuenta de nada sobre aquellas declaraciones juradas ni procedió a la distribución del dinero ni conoce la identidad de los afiliados beneficiados sino que ha añadido algo más: que ella nunca habría aceptado dinero en efectivo. Así lo ha confirmado infoLibre y así consta a las fuentes jurídicas consultadas tras esa segunda declaración, que acrecienta las dudas sobre esas donaciones finalistas y en metálico dado que la Ley de Financiación de Partidos (LOFPP) las prohíbe de forma expresa. 

Tanto en Génova como en Salamanca y en la dirección regional de Castilla y León, el PP guarda silencio y ha declinado responder las preguntas de este periódico. "La causa está judicializada", fue el argumento. El partido no ha accedido a explicar su versión sobre el origen y la entrega de unas donaciones efectuadas sin recibo que acredite su existencia. Las aportaciones que originaron las declaraciones juradas sumaron 17.350 euros mientras que otra veintena larga de entregas realizadas igualmente en efectivo pero con aportación de supuestos justificantes bancarios reportaron 23.655 euros. La acusación popular, ejercida por el Foro de Izquierdas-Los Verdes, cree que los fondos procedían de una caja B. Y que los presentados como justificantes bancarios solo son los recibos que el empleado o el cajero automático te facilita cuando sacas dinero. O, en algunos casos, extractos mensuales de movimentos.

Entre los firmantes de esas declaraciones juradas, aportadas en noviembre al juzgado de instrucción 2 de Salamanca sin especificación de la fecha en que fueron firmadas, se cuenta el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, citado a declarar como testigo el próximo 1 de junio. Bermúdez fue uno de los ponentes de la LOFPP tanto en su primera versión, la de 2007, como en la vigente desde 2015, cuando la nueva norma se aprobó en paralelo a la incorporación al Código Penal del delito de financiación ilegal.

La ley que regula la financiación de las organizaciones políticas no solo veta las aportaciones y donaciones en efectivo, vengan de donde vengan y sea cual sea su cuantía hasta el máximo permitido: 50.000 euros por año. Prohíbe además que tengan carácter finalista. Es decir, cualquier afiliado o simpatizante puede donar fondos pero sin dar instrucciones al partido sobre a qué debe destinar el dinero. En cambio, las declaraciones juradas de los 39 afiliados del PP salmantino incluyen dos puntos en abierta colisión con la ley: el primero, que el dinero era para "el pago de cuotas adeudadas de afiliados del Partido Popular en Salamanca". El segundo, que el abono de cada cantidad se hizo "en metálico". La lectura de las declaraciones sugiere la preexistencia de una plantilla. Quién la elaboró no se sabe. Desde luego, no fue la gerente. O al menos así lo afirma ella misma.

Sobre el asunto planean varias incógnitas que nadie ha resuelto aún: la primera, la de por qué, por ejemplo, Bermúdez de Castro y otros cuatro cargos del PP salmantino que entregaron 1.000 euros cada uno, o el militante que donó 1.200 o los 14 correligionarios que aportaron 500 por cabeza optaron, según sus declaraciones juradas, por manejar billetes en lugar de hacer una transferencia o un ingreso bancario.  

Siempre según lo que todos ellos han jurado como hecho cierto, sus declaraciones indican que el lugar convertido casi en recipiente de los fondos ni siquiera fue la sede del partido sino de forma general el grupo del PP en la Diputación salmantina. La corporación provincial está presidida por Javier Iglesias, cuya citación como testigo ordenó la Audiencia al igual que la de 32 aportantes de fondos.

En respuesta a un recurso de la acusación popular, el tribunal impuso estas declaraciones al juez instructor, a quien en abril de 2020 ya había obligado a reabrir el caso. El instructor, Juan Rollán, juez decano de Salamanca, había dictado el archivo definitivo de las diligencias a los ocho días de haber iniciado las actuaciones el 5 de junio de 2019. Decretó el sobreseimiento libre tras levantar el secreto que él mismo había aplicado. Pero lo hizo sin dar traslado de las actuaciones a la acusación popular que en nombre del Foro de Izquierdas-Los Verdes ya entonces ejercía el abogado Francisco Martín del Río. Aunque este periódico no ha logrado verificarlo por sí mismo, fuentes jurídicas aseguran que la Fiscalía de Salamanca ha secundado desde el comienzo la estrategia del juez Rollán. Y que solo el Foro de Izquierdas ejerce la acusación. 

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Pese al silencio del PP, fuentes conocedoras del caso y ajenas a la acusación popular han confirmado que su línea de defensa radica en el siguiente argumento: que quienes pusieron dinero en metálico sin que nadie les diese a cambio un recibo ni un certificado con validez a efectos tributarios, todos ellos sostienen que no han hecho una donación sino lo que el Código Civil considera un pago por terceros. Es decir, la liquidación de una deuda contraída por otra persona incluso si el deudor ignora que alguien ha saldado lo que debía. 

El problema, refutan juristas consultados por infoLibre, es que los partidos están atados a la Ley de Financiación. "El dinero aportado aquí es una donación", fue el diagnóstico del catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria tras conocer los hitos básicos de la historia. Otra fuente, esta sujeta al anonimato por su vinculación profesional con el Tribunal de Cuentas, coincidió en esa conclusión. Y añadió otro elemento de peso: al efectuar entregas dinerarias al partido con el objeto confeso de pagar cuotas de morosos, el donante deja en manos de la organización quién pasará a adquirir el derecho de voto y quién no. Esta segunda fuente duda de que el objetivo fuese el que en las distintas declaraciones judiciales han ido enarbolando los testigos para justificar su conducta: pago por terceros y Código Civil. La fuente se explicó así: "Si realmente creían que esto era un pago por terceros habrían tenido una fórmula a su disposición: contactar con el afiliado que debe las cuotas y darle a título personal el dinero necesario para que él las pagase. Si se lo das al partido es una donación".